“El retorno a las clases presenciales, sin embargo, sólo puede darse en tanto no se ponga en riesgo la salud de las y los trabajadores docentes y no docentes, estudiantes, familias, y de la población en general”. Así dicen un comunicado de ADULP, el sindicato de los docentes universitarios de la UNLP, que pasamos a reproducir.
Las medidas dispuestas en marzo de 2020 para contener la extensión de la pandemia en nuestro país obligaron a las universidades a trasladar la enseñanza a la modalidad virtual durante todo el ciclo lectivo pasado. La continuidad pedagógica y de las numerosas actividades que se realizan en las universidades públicas demandó un gran compromiso y esfuerzo de docentes, nodocentes y estudiantes. En este contexto, las y los docentes hemos tenido que resolver importantes dificultades para poder sostener nuestra tarea y contribuir con ella a asegurar en las universidades públicas el derecho de nuestro pueblo a la educación y al conocimiento.
Ante el próximo inicio de un nuevo período de clases, mientras se desarrolla la primera etapa de una campaña de vacunación en la que depositamos grandes expectativas, comienza a plantearse la posibilidad de un retorno a la presencialidad en las actividades educativas. En este contexto, visto el oportunismo y la irresponsabilidad con que algunos sectores manipulan el tema, consideramos necesario puntualizar algunas cuestiones.
En primer lugar, que durante el año pasado no se suspendieron las clases. Se garantizó de diversas maneras la continuidad de los procesos formativos y del vínculo pedagógico, fundamentalmente a través del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Aun con todas las limitaciones y dificultades que comportó esa estrategia, y sin perder de vista que los desafíos y los riesgos que ha planteado la incorporación masiva de estos recursos en el campo educativo configuran una agenda urgente para el debate de una política que pretenda asegurar una educación emancipatoria junto al desarrollo soberano del conocimiento y la cultura en nuestro país, es imperioso reconocer que en nuestras escuelas y universidades se siguió enseñando.
En segundo término, que las y los docentes valoramos la presencialidad como una dimensión fundamental de nuestra actividad, tanto en el ejercicio de la función de enseñanza como en la construcción de las vinculaciones que sostienen y dan sentido a las múltiples tareas que llevamos a cabo. El retorno a las clases presenciales, sin embargo, sólo puede darse en tanto no se ponga en riesgo la salud de las y los trabajadores docentes y nodocentes, estudiantes, familias, y de la población en general.
Es por ello que la decisión de iniciar ese proceso en nuestras universidades debe ponderar la evolución favorable de 4 factores determinantes:
el grado masivo de inmunización desplegado por la vacunación.
el monitoreo de las autoridades sanitarias sobre la situación epidemiológica.
los protocolos de retorno consensuados con los sindicatos docentes y no docentes, y la organización estudiantil.
la disposición de infraestructura edilicia adecuada y la provisión de insumos para la sanitización y la higiene de la población universitaria.
Sólo en la medida en que se garanticen integralmente estas condiciones, podrán establecerse los mecanismos adecuados para una eventual vuelta a las aulas, atendiendo a la diversidad de situaciones que se presentan en cada región, en las distintas instituciones y al interior de las mismas. No es posible definir un programa uniforme desconociendo estas particularidades, y no es admisible pretender llevar adelante este proceso sin la participación plena de los sindicatos y el movimiento estudiantil. En este sentido, es fundamental que las autoridades aseguren el funcionamiento de las Comisiones paritarias de monitoreo de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, articulando su actuación en todos los niveles del Sistema Universitario.
Mientras tanto, es fundamental garantizar la conectividad que docentes y estudiantes necesitamos para poder asegurar el derecho a la educación universitaria mediante el recurso a los entornos de enseñanza virtuales. Por eso reivindicamos la resolución del gobierno nacional de declarar a telefonía fija y móvil, internet y la televisión por cable como servicios públicos y esenciales, regulando las tarifas y estableciendo una prestación básica accesible para los sectores populares de nuestro país, y llamamos la atención sobre las maniobras de las empresas que pretenden eludir sus obligaciones, así como sobre la necesidad de retomar el camino de la desmonopolización del sector.
La promoción de la educación pública es central para el desarrollo nacional y la ampliación de derechos de nuestra población. Por tal motivo, también es imprescindible proveer una inversión sostenida y creciente en la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo y la formación docente, la infraestructura universitaria, y los programas necesarios para seguir ampliando el acceso, la permanencia y el egreso en los estudios universitarios. El fortalecimiento del sistema universitario público es una de las claves para que podamos proyectar un camino de salida de esta crisis que conduzca a una sociedad más justa.
Desde CONADU continuamos trabajando en defensa de la educación pública y la salud del pueblo argentino.
