Porque las leyes del bloqueo genocida no permiten negocios directos entre los bancos de ambos países, ni tampoco el otorgamiento de financiamiento o créditos comerciales a empresas importadoras cubanas.
Por Leonel Nodal, desde La Habana (*) / Entonces, para realizar operaciones de exportación con empresarios norteamericanos, Cuba debe pagar en efectivo y por adelantado, mediante una transferencia bancaria a través de un tercer país,
Hay quienes dudan que el bloqueo de Estados Unidos afecte los más mínimos detalles de la vida en Cuba, debido al enfoque falaz de la política de Washington hacia la Isla.
La prueba más reciente la ofreció Rodney Hunter, el diplomático que asumió este año la defensa ante la Asamblea General de la ONU de la política de asfixia económica, comercial y financiera de los cubanos.
Con el mayor aplomo —según dicen, la mejor forma de mentir— Hunter afirmó: «Todos los años autorizamos exportaciones a Cuba por valor de miles de millones de dólares, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, otros bienes y otros artículos para apoyar al pueblo cubano».
Cualquiera al oír semejante afirmación en boca del representante de la nación que se jacta de su supremacía planetaria diría: ¿a qué viene este debate, de qué se queja el Gobierno cubano?
Y tendría razón si se quedara en la superficie de la afirmación del señor Hunter, un funcionario de tercer rango, encargado de repetir sin el menor sonrojo un tramposo argumento, que oculta la malvada naturaleza de las ventas a cuentagotas de un puñado de exportadores estadounidenses a Cuba, en las condiciones más desfavorables, exigidas por la Administración.
En realidad, el funcionario del Departamento de Estado, antes al servicio de Trump y ahora de Biden, escondió maliciosamente que según cifras oficiales del propio Gobierno, el valor total de exportaciones a Cuba en 2020 rondó los 172 millones de dólares. Y a su edulcorada versión le faltó precisar que se trata de operaciones de compra puntuales, después de un papeleo bastante complejo y demorado, que debe ser seguido del pago en efectivo y adelantado por Cuba a los exportadores norteamericanos, mediante una transferencia bancaria a través de un tercer país, porque las leyes del bloqueo no permiten negocios directos entre los bancos de ambos países, ni tampoco el otorgamiento de financiamiento o créditos comerciales a empresas importadoras cubanas. Y a eso añadir que el buque que haga la transportación no podrá tocar puerto de Estados Unidos en los siguientes seis meses.
Se trata de un cuento para oyentes inocentes o desprevenidos, ignorantes de la truculenta madeja de enredos legales, requisitos financieros, bancarios y de transportación que regulan ese comercio «en un solo sentido» desde territorio norteamericano a la vecina isla situada a 90 millas al sur de la Florida. Una ventaja geográfica que se desvanece cuando se conocen todas esas trabas.
El truco no es nuevo, por eso los entendidos en el foro mundial ignoran al payaso de turno y van a lo concreto, la resolución que exige el levantamiento total e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero, al que el titular de turno en la Casa Blanca llama «embargo», desde hace 60 años.
Ok, pero… ¿es cierto o no lo que dijo Hunter? dirá el espectador que desconoce el truco.
En realidad, se trata de una vieja estratagema burocrática y leguleyesca que se remonta a las primeras ventas realizadas bajo condiciones muy precisas durante la Administración de Clinton-Gore (1993-2001), precisamente cuando los anexionistas en Miami hicieron maletas para regresar a La Habana a bordo de cañoneras norteamericanas, tras la desintegración de la Unión Soviética y el campo socialista europeo, que presumían provocaría el derrumbe del socialismo en Cuba.
Fue en ese período que se votaron en el Congreso de EE. UU. las leyes Torricelli y Helms-Burton, que tornaron más inflexibles las reglas del bloqueo, las hicieron Ley.
Las siguientes administraciones perfeccionaron el lenguaje de la falacia utilizado ahora por Hunter, bajo la administración Biden-Harris, pero ya lo habían hecho la de Trump-Pence (2017-2021), la de Obama-Biden (2009-2017) y la de Bush hijo-Cheney (2001-2009).
La revelación del tramposo mecanismo que permite hacer declaraciones tan diversionistas como la reciente de Hunter en la ONU la hizo el periódico The New York Times, después de una exhaustiva investigación, publicada el 17 de febrero de 2016, con el objetivo de poner en su lugar y con exactitud una declaración semejante a la de Hunter, formulada por una representante de la Administración Obama, con idénticos fines propagandísticos.
Penny Pritzker, la secretaria de Comercio, había dicho —según el diario neoyorquino— que «su departamento había otorgado a las empresas estadounidenses autorizaciones por valor de miles de millones de dólares para hacer negocios en Cuba».
La funcionaria dijo que su departamento había actuado de manera agresiva desde el anuncio de restablecimiento de relaciones, hecho por Obama en diciembre de 2014, a fin de allanar el camino a las empresas estadounidenses para hacer negocios en Cuba, otorgando 490 autorizaciones por valor de 4 300 millones de dólares solo el año anterior, es decir, 2015.
La estadística de la mentira comienza en 2001
Para los primeros productos agrícolas (maíz y aves) exportados a Cuba por valor de 4 millones 318 906 dólares, en diciembre de 2001, las empresas estadounidenses debían obtener o tener una licencia/ autorización emitida por la Oficina de Administración de Exportaciones (BXA) del Departamento de Comercio, con el valor exacto del (de los) producto (s) que se exportarán a la República de Cuba.
En 2002, la BXA pasó a llamarse Oficina de Industria y Seguridad (BIS).
Cuando el Gobierno de la República de Cuba continuó y luego amplió sus compras de productos agrícolas y alimenticios en 2002, a pesar de las declaraciones iniciales de que las compras de 2001 serían «únicas», comenzaron discusiones entre exportadores y representantes del BPI sobre oportunidades para crear un proceso de concesión de licencias más eficiente, recordó el NYT.
Una de esas decisiones del BPI fue permitir, y luego alentar, a las empresas estadounidenses a solicitar una licencia que intentaría incluir una estimación de lo que potencialmente podría exportar la empresa.
Por ejemplo, si una empresa estadounidense quisiera exportar maíz a la Empresa Alimport y tuviera un contrato o quisiera tener toda la documentación necesaria para que la empresa pudiera acercarse a Alimport y decir que estaban «listos para funcionar», el BIS alentó a la empresa a agregar las cantidades esperadas o deseadas y los valores en dólares estadounidenses.
Si la expectativa era exportar maíz valorado en un millón de dólares, la empresa usaría cinco millones, o diez millones, o cien millones de dólares estadounidenses… lo que quisieran usar.
Si bien la Secretaria Pritzker informó que el BPI emitió 490 licencias en 2015 por un valor de 4,3 mil millones de dólares, eso no correspondió a exportaciones reales.
Las exportaciones de productos básicos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba para el período de diciembre de 2001 a enero de 2016, fueron de 5 283 millones 872 190 dólares, es decir un promedio anual de poco más de 352 millones de dólares, según los datos divulgados por The New York Times. Para 2015, el valor fue de 170 millones 670 054 dólares.
Las exportaciones de productos de salud de los Estados Unidos a la República de Cuba bajo las disposiciones de la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992 fueron de 11 millones 43 717 dólares para el período 2003 a enero de 2016. Es decir, un irrisorio promedio de poco más de 849 000 dólares anuales. Si de esas ventas hubiera dependido la salud de los cubanos, pocos habrían sobrevivido.
En su análisis The New York Times destacó que «hay un componente político sustancial, que comenzó durante la Administración Bush y continuó durante la Administración Obama: aumentar el valor de las licencias para enfatizar: 1) que la Casa Blanca estaba autorizando/alentando la actividad comercial , 2) demostrar que las empresas estadounidenses estaban ansiosas por comprometerse con Cuba y 3) Reforzar la narrativa de que el Gobierno de la República de Cuba no se estaba comprometiendo al nivel que las empresas estadounidenses deseaban.
Antes del voto de la resolución de condena al bloqueo, que resultó en una aplastante derrota para Estados Unidos, que se quedó solo con su aliado y ahijado Israel frente a 184 naciones que votaron con Cuba, el señor Hunter, dijo que las sanciones impuestas a países son «una forma legítima de llevar a cabo política exterior», contradiciendo el derecho internacional que repudia la amenaza de uso de la fuerza o su empleo para imponer políticas a otras naciones.
Y además se atrevió a insinuar que los cubanos debían dar gracias por el bloqueo, porque Estados Unidos considera que «las sanciones son solo parte de un esfuerzo más amplio para que progrese la democracia en Cuba». Parece un acertijo de créalo o no lo crea, pero su discurso quedó registrado el 23 de junio de este año, otra fecha que desnuda la verdad del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
(*) Texto tomado del diario Juventud Rebelde. Su autor, un prestigioso periodista cubano.
