Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y Conectas Derechos Humanos, una de las más respetadas organizaciones de justicia de Latinoamérica, reveló ”la existencia de una estrategia institucional de propagación del virus, promovida por el gobierno brasileño liderado por el presidente de la República” brasileña, Jair Messias Bolsonaro.
Por Juraima Almeida (*) / No es posible medir cuántas de las más de 215.000 muertes de brasileños podrían haberse evitado si el gobierno encabezado por Bolsonaro no hubiera llevado a cabo un proyecto de propagación del virus, que alcanzó a casi nueve millones de personas. Pero es razonable afirmar que muchas personas tendrían hoy a sus madres, padres, hermanos e hijos vivos si no existiera un proyecto institucional del gobierno brasileño para diseminar la Covid-19, señala el informe.
Existe intención, existe un plan y existe una acción sistemática en las regulaciones gubernamentales y en las declaraciones de Bolsonaro, según señala el estudio. “Los resultados disipan la persistente interpretación de que parte del Gobierno federal es incompetente y negligente a la hora de gestionar la pandemia”, añade.
Muy al contrario, la sistematización de los datos, aunque incompletos por la falta de espacio en la publicación para tantos eventos, revela el compromiso y la eficacia de la acción del gobierno federal para difundir ampliamente el virus en el territorio nacional, declaradamente con el objetivo de reanudar la actividad económica lo antes posible y a cualquier precio”, afirma el editorial de la publicación.
Incluso, El País de España tuvo acceso al análisis de las ordenanzas, medidas provisionales, resoluciones, instrucciones normativas, leyes, decisiones y decretos del Gobierno federal, que, junto con la recopilación de las declaraciones públicas del presidente, dibujan el mapa que ha convertido a Brasil en uno de los países más afectados por la Covid-19 y, al contrario de otras naciones del mundo, todavía no tiene una campaña de vacunación.
La línea de tiempo se compone de tres ejes presentados en orden cronológico, desde marzo de 2020 hasta los primeros 16 días de enero de 2021: el primero, los actos normativos del Gobierno federal, que incluyen la edición de normas por parte de autoridades y órganos federales y los vetos presidenciales; y el segundo, actos de obstrucción a las respuestas de los Gobiernos estatales y municipales a la pandemia.
El tercero es la propaganda contra la salud pública, definida como “el discurso político que moviliza argumentos económicos, ideológicos y morales, además de noticias falsas e información técnica no comprobada científicamente, con el propósito de desacreditar a las autoridades sanitarias, debilitar la adhesión popular a las recomendaciones sanitarias basadas en pruebas científicas y promover el activismo político contra las medidas de salud pública necesarias para contener el avance de la Covid-19”.
Los autores señalan que la publicación no presenta todas las normas y declaraciones recopiladas y almacenadas en la base de datos de la investigación, sino una selección que busca evitar la repetición y presentar las más relevantes para el análisis.
Los datos se recopilaron de la base de datos del proyecto Derechos en la pandemia, de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal de Cuentas de la Unión, además de otros documentos y discursos oficiales. En el eje que definen como propaganda, también se utilizó el buscador de Google para recopilar vídeos, publicaciones en redes sociales y noticias.
El análisis muestra que “la mayoría de las muertes serían evitables mediante una estrategia de contención de la enfermedad, lo que constituye una violación sin precedentes del derecho a la vida y del derecho a la salud de los brasileños”.
Y esto ha ocurrido “sin que se responsabilice a los gestores implicados, a pesar de que instituciones como el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión han señalado, innúmeras veces, la disconformidad con el ordenamiento jurídico brasileño de conductas y omisiones conscientes y voluntarias de los gestores federales”.
También destacan “la urgencia de discutir con profundidad que representen crímenes contra la salud pública, crímenes de responsabilidad y crímenes de lesa humanidad durante la pandemia de Covid-19 en Brasil”.
Los actos y discursos de Bolsonaro son conocidos, pero acaban diluyéndose en el día a día, alimentado por la producción de factoides y noticias falsas, en el que la guerra de odio también es una estrategia para encubrir la consistencia y persistencia del proyecto, que avanza mientras la temperatura se mantiene alta en las redes sociales.
La publicación causa conmoción y malestar al sistematizar la producción explícita de maldades que Bolsonaro y su Gobierno han puesto en práctica durante casi un año de pandemia. Uno de los principales méritos del estudio es precisamente articular las distintas medidas oficiales y los discursos públicos del presidente en la línea del tiempo.
De este meticuloso análisis surge el plan, con todas sus fases debidamente documentadas y también se hace explícito contra qué poblaciones se concentran los ataques. Además de los pueblos indígenas, a los que Bolsonaro niega hasta el agua potable, hay una serie de medidas adoptadas para impedir que los trabajadores puedan protegerse de la Covid-19 y se aíslen.
El Gobierno extendió el concepto de actividades esenciales incluso a los salones de belleza y busca que a varios gremios se les anule el derecho a la ayuda de emergencia de 600 reales (110 dólares) determinada por el Congreso.
Asimismo, buscó implantar un doble rasero para los profesionales de la salud: Bolsonaro veta la totalidad del proyecto que prevé indemnizaciones económicas para aquellos trabajadores que queden incapacitados como consecuencia de su actuación para contener la pandemia y trata de eximir a los funcionarios de cualquier responsabilidad por actos y omisiones en la lucha contra la Covid-19. Desestimula el trabajo duro y arriesgado de prevención y lucha en una pandemia y estimula la omisión.
Reteniendo recursos destinados a la Covid-19, el gobierno perjudicó la asistencia a los enfermos en los sistemas sanitarios públicos estatales y municipales. La guerra contra gobernadores y alcaldes que intentaron –y aún intentan- implementar medidas para evitar la propagación del virus es constante y la lista es larga.
Brasil bate récord de contagios y supera el millón de casos positivos del COVID-19Por medio de vetos, Bolsonaro anuló incluso las medidas más básicas, como la obligatoriedad de llevar mascarilla en los establecimientos que tienen autorización para funcionar. Muchas de sus medidas y vetos después los anuló el Supremo Tribunal Federal o el propio Legislativo.
El análisis de los datos también muestra hasta qué punto la situación en Brasil podría ser aún más trágica si el Supremo Tribunal Federal y otras instancias no hubieran detenido varias de las medidas de propagación del virus que creó el Gobierno. A pesar de la fragilidad que han mostrado las instituciones y la sociedad, es visible el esfuerzo de parte de los protagonistas para intentar anular o neutralizar los actos de Bolsonaro.
Bolsonaro produjo una guerra en la que la mayor parte de la energía de las instituciones y de la sociedad organizada se disipó para reducir el daño que produjeron sus acciones, en lugar de centrarse en la lucha contra la mayor crisis sanitaria en un siglo.
Casi un año después de que surgiera el primer caso de Covid-19 en Brasil, queda por ver si la sociedad y las instituciones que no son cómplices de Bolsonaro serán lo suficientemente fuertes para, frente al mapa de acciones institucionales de propagación del virus, detener finalmente a los agentes de diseminación de la enfermedad.
La utilización de la máquina del Estado para promover destrucción ha sido determinante para producir la realidad actual, en la que se cavan más de mil sepulturas al día para albergar a personas que podrían estar vivas. En el cajón del presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, hay más de 60 peticiones de impeachment.
En la Corte Penal Internacional, al menos tres comunicaciones relacionan el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad con acciones de Bolsonaro y miembros del Gobierno relacionadas con la pandemia. Las próximas semanas serán decisivas para que los brasileños digan quiénes son y qué responderán a las generaciones futuras cuando les pregunten dónde estaban cuando tantos murieron de Covid-19.
(*) Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Texto tomado del sitio Sur y Sur.
