Si algo deja el macrismo en sus cuatro años de gestión, fue la implementación de la doctrina Chocobar como política de Estado en materia de seguridad. La lógica de más mano dura para un sector específico del estrato social -el más humilde- primó desde la cartera que, hasta el 10 de diciembre, estará en manos de Patricia Bullrich. El resultado fue un incremento en 1.300 de los casos de gatillo fácil durante los últimos cuatro años, según datos de la Correpi.
Por Vicky Castiglia / Muchos de esos casos en los que los policías dispararon a matar, no formaron parte de la agenda de los medios concentrados de comunicación o pasaron casi desapercibidos. Los que siguen son sólo algunos ejemplos.
Este lunes, en Santa Fe, Lautaro Saucedo fue baleado por la espalda por un subcomisario que se encontraba fuera de servicio. Según se difundió, el joven de 17 años, aparentemente huía luego de haberle roberado dinero a una mujer en el barrio Guadalupe cuando recibió un disparo por el que falleció al día siguiente. Saucedo era hijo de otro policía que se desempeña en la Seccional 9ª de la ciudad de Santa Fe.
Según reportó el medio Aire Digital, Francisco Olivares, el funcionario policial, “efectuaba horas extras con su arma reglamentaria -una 9 milímetros- cuando no estaba habilitado para ello, ya que reviste una jerarquía de Subcomisario por lo que tiene prohibido efectuar horas adicionales en la fuerza debido al puesto que ocupa para la fuerza y la escala salarial que percibe”.
A la irregular e ilegal situación, se suma que el mismo funcionario policial prestaba “servicios” sin su respectivo uniforme que permitiera identificarse como empleado de la Policía de Santa Fe, aseguró el medio. Otro dato que tampoco favorece el accionar de Olivares, develado por Página12, es la cantidad de faltas y sumarios administrativos que se le iniciaron en los últimos años por «apremios ilegales» y otros por «incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
El caso de Saucedo es similar al de Pablo Kucok, asesinado por la espalda en 2017 por el policía Luis Chocobar, quien luego fue recibido con creces por el presidente Macri y la ministra Bullrich, y cuyo caso sirvió como base instalar una doctrina con fuerte énfasis en la mano dura por parte del Estado.
De allí siguieron varias medidas de corte punitivista, como la compra del pistolas táser por parte del gobierno o la autorización a algunas de las fuerzas de seguridad a disparar sin dar la voz de alto. Este año, uno de los casos de mayor renombre fue el de San Miguel del Monte, el que cuatro adolescentes murieron en el marco de una persecución policial el pasado 20 de mayo. A principios de este mes, familiares de las víctimas denunciaron espionaje ilegal y situaciones de amedrentamiento contra quienes reclaman justicia. Esta última es, según Página12, una de las causas más graves abiertas contra la policía bonaerense y cuenta con 13 imputados.
Ahora bien, el de Saucedo no es el único caso registrado esta semana en Santa Fe. Según consignó el portal Aires de Santa Fe, una situación similar tuvo lugar el miércoles en Rosario, donde la policía abatió de un tiro en la cabeza a Lucas Aquino de 31 años tras una persecución callejera. Según se informó, hubo un tiroreo entre Aquino y un cómplice y la policía, sin embargo, el comisario Marcelo Gómez, Jefe de la Policía de Rosario, dijo luego en conferencia de prensa que sólo se registró un solo disparo y fue el efectuado por uno de los agentes hacia la cabeza de Aquino.
Entrevistada por medios de Santa Fe frente a los hechos de gatillo fácil de la última semana, la titular la Correpi, María del Carmen Verdú señaló: ““Acá la noticia es que en dos situaciones distintas, la de Santa Fe y Rosario, lo que los policías hicieron fue balear por la espalda a una persona; lo que esa persona hubiera hecho cinco minutos antes no tiene nada que ver— explicó Verdú— lo que hay que determinar es en qué circunstancias termina una bala incrustada en la vértebra lumbar de una persona que tenía 17 años”. La integrante de Correpi hizo especial hincapié en la situación que se vive en la provincia de Santa Fe, en donde el número de muertes en los penales se asemejan a las que se registran en provincias en grave situación como Mendoza y Buenos Aires.
El aumento de los casos de gatillo fácil es un claro signo de época de los años macristas y la posición que tomará la Justicia en este sentido no es menor. Según se anunció, Chocobar será enjuiciado a principios de 2020 por “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber”.
También se conoció que cuatro policías irán a juicio por la muerte de un adolescente en Quilmes en 2017, ya que se revocó el sobreseimiento con el que habían sido beneficiados los presuntos encubridores del autor material del disparo y único de los imputados que se encuentra detenido. “Este episodio de violencia institucional se registró en horas de la noche del 29 de julio de 2017 en las calles Vélez Sarsfield y O’Higgins de Quilmes Oeste, cuando los oficiales Cristian Alejos, Maximiliano Aguirre, Lucas Bullosa y Manuel Argañaraz participaban de una fiesta de cumpleaños y al salir a la puerta vieron a un grupo de pibes caminando por el lugar y los increparon por considerarlos «sospechosos» de un supuesto robo de una moto en el barrio, generándose un intercambio de insultos y corridas al grupo que integraba la víctima. Esa «cacería humana», tal como sostuvieron algunos testigos, terminó con la virtual ejecución de Matías Banuera, de 14 años, al recibir un tiro en la cabeza y muriendo en brazos de uno de sus amigos”, informó el diario Popular.
En tanto, esta semana, el Tribunal Oral Nº 3 de Quilmes condenó a la pena de tan solo 3 años de prisión en suspenso al sargento de la Policía Federal Claudio Alejandro Kiecak por asesinar por la espalda a Carlos Ojeda y una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos y ser legítimo usuario de armas de fuego. “A pesar que el fiscal de instrucción había elevado la causa a juicio con una acusación por homicidio doloso, que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, la fiscal María Adela Oricchio, sin reparar en que está probado que Carlos Ojeda (23) no estaba armado, y recibió los disparos fatales por la espalda, consideró que el policía federal actuó de manera simplemente “imprudente” cuando tiró siete veces contra el joven, que estaba sobre su moto. Así, alegando un “exceso en la legítima defensa”, pidió una pena de tres años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación”, informó la Correpi. El hecho ocurrió en 2015 cuando Ojeda y otro joven intentaron sustraerle la mochila Kiecak quien abrió fuego.
Por otro parte, este jueves tuvo lugar una marcha para exigir justicia y cárcel común a los policías acusados por cuatro casos de asesinatos durante operativos policiales en Salta, los de Jorge (Gury) Farfán, Cristian Gallardo, David Neri Ovejero Alfonzo y Martín Carreras.
Según diversas fuentes periodísticas, Farfán falleció a principios de este año cuando unos vecinos lo encontraron asustado, sin ropa, en el patio de su casa y pensaron que intentaba robar. Lo lincharon y la policía no hizo nada para detener los golpes, incluso también le habrían ocasionado graves lesiones. El joven murió dentro de la Comisaría Nº 12 del barrio Santa Ana, aunque desde la fuerza policía desmienten que eso haya ocurrido. En el caso de Gallardo, murió tras recibir una feroz golpiza en manos de efectivos de la Policía en la zona de Finca Independencia. Había salido a bailar y al regreso, se había sentado en la vereda a charlar y beber con un amigo cuando llegó un patrullero. “Cuando vieron venir a un patrullero entraron rápido porque es una contravención tomar a esas horas en la vía pública de Salta y tenían miedo de los constantes malos tratos de las Fuerzas de Seguridad. Pero la policía entró a la casa pateando la puerta. Su amigo saltó una tapia y se fue, pero él no logró huir”, narró su prima a La Garganta Poderosa.
David Neri Ovejero y su familia, mantenían una disputado con unos vecinos por un terreno. Intervino la Guardia de Infantería, y Ovejero se descompensó y murió como consecuencia de las maniobras ejercidas por los policías para reducirlo. En tanto, Martín Carreras de 23 años, fue detenido por una denuncia de su ex pareja, el viernes 21 de junio de este año, en una vivienda del barrio Rosedal de esta ciudad. En la detención participaron policías en dos móviles que lo cargaron en la caja de una de las camionetas para llevarlo a la subcomisaría de Villa Asunción, adonde llegó ya muerto. En la cabina trasladaban a su ex pareja y dos de sus hijas. La autopsia reveló que murió por asfixia por la compresión de la caja toráxica, producida por la sujeción de las manos en la espalda.
