La negativa del presidente peruano, Martín Vizcarra, a reprimir una protesta contra un proyecto minero, ganó fundamento hoy con la difusión de un recuento extraoficial, que arroja un saldo 299 muertos en conflictos sociales desde 2001.
El informe, que cita cifras de la Coordinadora de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, fue publicado en medio de presiones empresariales y políticas que, abierta o tácitamente, presionan a Vizcarra para que sofoque por la fuerza una protesta iniciada hace más de un mes contra el proyecto minero Tía María. Así informó la agencia Prensa Latina.
En el balance figuran siete muertos en la represión, en 2011 y 2015, de demostraciones de la población del entorno de Tía María, de la transnacional Southern Copper Corporation, contra el proyecto radicado en la sureña región de Arequipa, por el riesgo de contaminación que conlleva.
El recuento del diario La República precisa que el mayor número de muertes por la represión se registró bajo el gobierno neoliberal de Alan García (2006-11), cuando 193 peruanos perdieron la vida durante conflictos sociales.
En aquel gobierno la represión policial a una protesta de nativos amazónicos contra una ley que permitía la entrega de sus tierras a empresas nacionales y extranjeras, derivó en la muerte de 23 policías y 10 civiles.
También en esa administración de García -quien se suicidó en abril último para evitar ser detenido por posible corrupción- murieron dos civiles en la primera protesta contra Tía María, en 2009.
En el siguiente gobierno (2006-11), de Ollanta Humala, la represión dejó un saldo de 73 muertos, 12 de ellos en protestas contra los proyectos mineros Tía María, Conga y Espinar, en manos de transnacionales.
Previamente, en la administración de Alejandro Toledo (2001-06) -preso en Estados Unidos y extraditable por corrupción- murieron en conflictos sociales 17 peruanos, cinco de ellos en protestas contra proyectos mineros.
Pese a que gobernó solo 20 meses, el empresario y político Pedro Pablo Kuczynski había sumado, al renunciar por un escándalo de corrupción en marzo de 2018, 13 muertes, una de estas para sofocar una protesta contra una empresa minera; y bajo el actual mandatario se ha registrado tres decesos en conflictos sociales.
Sin tener en cuenta el trágico recuento, las presiones sobre Vizcarra para que imponga el proyecto Tía María por la fuerza, se mantienen y se utilizan con fines políticos, por parte de sectores neoliberales, que culpan de las muertes a las protestas y no a la represión.
