La Gobernadora sigue sumando sectores opositores a sus políticas de mano dura que han provocado que aumenten los índices de pobreza y los despidos masivos se vuelvan una constante en los municipios. Ante una realidad de coyuntura nacional negativa que dejó el cierre de unas 7 mil empresas durante el pasado año, en este 2019 la situación tiende a profundizarse con nuevos cierres totales de plantas de producción, como la productora china de aceite Cofco, próxima a dejar en la calle a unas 195 personas con el aval del Ministerio de Trabajo que conduce Marcelo Villegas. Ante las palabras de Vidal que condenó a las Pymes que cerraron en estos últimos meses por ser “poco competitivas”, un grupo de empresarios salió al cruce de sus declaraciones para cuestionar que es el propio gobierno provincial el que destruye el trabajo, como así también afirmaron que la situación es “preocupante” porque con los aumentos de las tarifas y el combustible, los costos para producir se están convirtiendo en los más altos de la región. ¿La respuesta oficial? Vidal habilitará en los próximos días el aumento del 40% en las tarifas del servicio eléctrico a partir de febrero.
Por Carlos M. López / El gobierno de María Eugenia Vidal es responsable de poner en la calle a cientos de familias que todos los meses se suman a los que pierden sus puestos de trabajos. El cierre de fábricas y empresas medianas y pequeñas en distintos distritos de la provincia han sido una constante durante toda la gestión macrista. Ante esto, la respuesta de la gobernadora la semana pasada fue culpar a los empresarios que no pudieron afrontar la crisis porque “algunas Pymes cerraron porque son poco competitivas”. Con esto Vidal demuestra que su desidia llega a un punto tal que siempre buscará una responsabilidad más allá de su mandato, ya sea para cuestionar la administración de las empresas o para apuntar contra el grueso de la clase trabajadora, incluso con represiones de las fuerzas de seguridad que intentan callar la falta de acción social del Estado.
Así como en conflictos como el que atravesó durante el año pasado el Astillero Río Santiago Vidal decidió cargar de responsabilidades a los trabajadores, mentir sobre sueldos irreales que ellos mismos cobraban y por último reprimirlos violentamente por intermedio de la Policía Bonaerense, en esta oportunidad cometió un nuevo acto irresponsable en el intento por desligarse de los problemas que genera su propio gobierno y que puso en situaciones críticas a distintos rubros de la producción nacional que no pueden afrontar el aumento de los servicios y los costos en general
Ante sus acusaciones, el empresario textil y vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA) y presidente de la Fundación Protejer, Damián Regalini, respondió a través de su cuenta de Twitter que a pesar de una reciente inversión en la compra de maquinaria de primer nivel para su fábrica y de haberse capacitado para atravesar este momento del país, la crisis había superado sus esfuerzos para no caer en pérdida de ganancias que pongan en riesgo los puestos de trabajo y el funcionamiento de la planta. Esta descripción fue acompañada por otros empresarios que se sumaron su reclamo a Vidal por las dificultades que atraviesan. “La mitad de las máquinas están paradas. No soy un inútil gobernadora ni mi fábrica ineficiente. Su gobierno destruye el trabajo”, afirmó Regalini, quien también subrayó que la gobernadora “no conoce de lo que habla porque tengo muchos colegas de nuestro rubro y de otros que están con problemas serios”.
“La situación es preocupante. Un empresario puede ganar plata, o perderse, pero lo que también nos duele es cuando uno tiene que achicar su empresa. Somos empresarios, pero antes seres humanos y si despedimos, la mayoría es difícil que se inserte. Es un círculo vicioso. Yo traje al país más de 2 millones de dólares en maquinaria de última tecnología, pero más de la mitad está parada por falta de demanda. Tengo 400 empleados y más del 50% de la materia prima la compramos acá, pero el costo energético es el más caro de la región y se hace difícil exportar”, explicó el empresario que además cuestionó a Vidal de desinformar a la sociedad: “Decir que la industria no es competitiva es peligroso. Además lo dice una de las integrantes más importante del gobierno, que viene fracasando hace tres años. Esa gente nos dice a nosotros que no somos competitivos”, cuestionó.
A su vez, otro empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Marco Meloni, apuntó irónicamente: “Le agradezco mucho al gobierno que me haya subido siete veces las tarifas y los servicios de logística”. Por su parte, uno de los integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Ariel Aguilar, aseguró que en la Argentina se está produciendo un contexto de precarización laboral y productiva porque “hoy casi nadie en el sector productivo escapa de esta realidad de caída de consumo y de caída de producción, que marca que en noviembre fue de un 13,7% y que en el acumulado lleva casi un 9% de caída industrial en el año”.
Mismo repudio a los dichos de la gobernadora hizo el empresario textil Brian Rabouan, quien afirmó que “hace 27 años que tengo fábrica textil, fabricamos pantalones. El pantalón tiene una carga de mano de obra súper intensiva. Ustedes nos hacen poco competitivos señora, con imposibles juicios laborales, tasas altísimas y recesión”, apuntó contra la gobernadora. El empresario denunció además que en febrero de 2016 el gobierno macrista lo citó a una mesa intersectorial con funcionarios del Ministerio de Economía y la secretaria de Producción para comunicarle que “el textil está sobreprotegido y que no somos competitivos”. Ya en octubre del año pasado la gobernadora había anunciado en el coloquio IDEA que se realizó en Mar del Plata que los empresarios y los sindicatos tenían que hacer un esfuerzo antes de “tentarse con la resignación”, como si el hecho de que las empresas empiecen a cerrar de manera masiva fuera simplemente una decisión independiente a la realidad que atraviesa el país.
Las estadísticas del año pasado confirman por qué tantas fábricas y empresas tuvieron que cerrar sus puertas en distintos municipios bonaerenses. Según comunicó la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), cuatro de cada diez empresas no pagaron el bono de fin de año que acordó el gobierno nacional para las entidades privadas, por lo que únicamente el 57% de las empresas pudo afrontarlo de manera parcial o total. El análisis se hizo sobre una muestra que abarcó un 98% a pequeñas, medianas y grandes empresas y en un 2% a cooperativas y empresas recuperadas, ubicadas en su mayoría en el Gran Buenos Aires (el 74% sobre un total de 234 emprendimientos).
Las principales causas son la caída del producto bruto interno y de las ventas minoristas, el aumento récord de la inflación del 47,6%, y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores producto de la devaluación de la moneda nacional con respecto a los mercados internacionales. Además, a esto se suman los costos dolarizados como la energía, un alto porcentaje de las materias primas, la logística y el combustible. El último informe también resaltó que en la zona metropolitana de 250 empresas consultadas, un 75% afirmó que hubo despido de personal en el último trimestre del 2018, resultado diez veces mayor al tercer trimestre del mismo año, el cual será recordado por la industria como uno de los peores de la historia por la pérdida total de 7 mil empresas (1328 industrias), según el registro de bajas de la AFIP.
Una de las fábricas que se encuentra en horas decisivas es la firma alimentaria china Cofco, fabricadora de aceite, la cual esta semana pasada mantuvo una segunda reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, pero para desilusión de los trabajadores lo hizo para ratificar su decisión de cerrar su planta de Valentín Alsina, en Lanús, lo que dejaría sin trabajo a unos 195 trabajadores. Así como los empresarios pequeños y medianos le reclaman a Vidal políticas más acordes a la situación actual, los trabajadores de las multinacionales reclaman una asistencia estatal que lo único que ha sabido responder es silencio y no intervención en los conflictos salariales y laborales. En este caso el gremio de los aceiteros denunciaron al ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien hasta ahora sólo tuvo acciones protocolares para dictar la conciliación obligatoria pero insólitamente sin aplicar ninguna obligación sobre la empresa para reubicar al personal en sus puestos o reubicarlos en alguna de las otras plantas.
A Vidal no le interesa buscar ningún camino alternativo a los despidos, no sólo porque decide no intervenir en los conflictos laborales, sino porque además ya tiene preparado el anuncio del aumento de un 40% en las tarifas del servicio eléctrico a partir del próximo mes, como parte de lo esperado a partir del traspaso de Edenor y Edesur bajo la órbita de la provincia y que responde a una de las condiciones impuestas en el acuerdo con el Fondo Monetario Nacional (FMI) para reducir el déficit fiscal, a pesar de que el aumento sea trasladado al bolsillo de los bonaerenses y signifique una nueva preocupación en la economía de las familias. Sumando este último anuncio, la provincia habrá experimentado un incremento del 3600% en el servicio de luz, sin mencionar que ni siquiera ha mejorado el servicio tal como lo afirma el gobierno, ya que en lo que va de enero se produjeron varios cortes de luz dejando a municipios, principalmente del Conurbano Bonaerense, sin servicio de luz por largas horas frente a las altas temperaturas registradas.
La caída del consumo, uno de los principales detonantes del cierre de fábricas y empresas, provoca la destrucción de la cadena productiva porque mientras que las ventas no sean suficientes no habrá inversiones y la gente cuidará más aún el bolsillo. Precisamente esto es lo que exponen los docentes que como cada comienzo de año le vuelven a insistir a Vidal que llame a paritarias cuanto antes para que las clases puedan comenzar en marzo tal como estaba estipulado. El Frente de Unidad Docente Bonaerense el miércoles pasado hizo su presentación formal ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Educación y Cultura para llamar a una reunión con los funcionarios, mientras que la gobernadora sigue sus vacaciones por la zona costera y se reúne con el presidente Mauricio Macri para alinear el año electoral, la única preocupación que ha mostrado Vidal durante enero.
El jueves pasado diferentes organizaciones sociales y agrupaciones políticas acompañaron a los grupos de vecinos que marcharon por distintas localidades bonaerenses en una nueva marcha de las antorchas para reclamar contra los tarifazos del gobierno, siendo esta la tercera movilización en lo que va del año. Desde el campo popular esperan que estos encuentros finalmente se conviertan en el primer paro nacional del año para demostrarle a Macri y Vidal que los trabajadores no pueden continuar sobreviviendo a las políticas que golpean a los más necesitados y sólo benefician a los que más tienen. Es por ello que además de protestar contra los aumentos de los servicios como el gas, la electricidad o el agua, los trabajadores también piden que comiencen las distintas rondas de negociación salarial para definir las paritarias de este año.
El gobierno de María Eugenia Vidal ha mostrado un desinterés permanente por los reclamos de los trabajadores y la sociedad en su conjunto y más lo hará este año que su gabinete se encontrará enfocado en las elecciones y el posible desdoblamiento que busca la provincia. Vidal sólo piensa en su futuro, un futuro en el que tal como quedó demostrado en los últimos tres años, no estarán incluidos los derechos de las clases más populares.
