La frase del título la tomamos prestada de alguien que la publicó en Facebook. Desde hoy, es ley el gatillo fácil. A través de la Resolución 956/2018, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri estableció que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo:
1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas.
2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros.
3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma, como cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona, cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves, cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
De esta manera, el gobierno cristaliza la denominada Doctrina Chocobar (en referencia a Luis Chocobar, el policía procesado por el asesinato por la espalda de Pablo Kukoc en La Boca el pasado diciembre) y la implementa como un instrumento de gobierno, dándole a las fuerzas de seguridad vía libre para matar.
Cabe recordar que, a principios de noviembre, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (cara visible de la doctrina de seguridad del macrismo), ya había realizado polémicas declaraciones en torno a la portación de armas. “Argentina es un país libre, el que quiera andar armado que ande armado”, había dicho.
En ese momento, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni en una columna publicada por Página12, cuestionó los dichos de la Ministra y remarcó: “Hay una cuestión casi matemática, que ningún criminólogo se animaría a desmentir: cuantas más armas de fuego hay en una sociedad, más muertos hay”. Para el jurista, “la proliferación de armas de fuego hace que no sólo vayan a dar a manos de posibles víctimas, sino también de posibles delincuentes.”
Por su parte, la reconocida académica y militante por los derechos de los ciudadanos, Azucena Racosta, también había advirtió que la seguridad de la Nación, “está en manos de una desquiciada que puede convertir al final del actual gobierno en un río de sangre con el que bañará los reclamos irrefrenables de los trabajadores y de la sociedad toda”. “Bullrich necesita sangre pues su enfermedad se sustenta en la violencia”, vaticó Racosta
Además, el gobierno no sólo venía haciendo público su apoyo al policía Chocobar. También a principios de noviembre Bullrich recibió a dos policías absueltos por casos de gatillo fácil. Se trata de Carla Céspedes, a quien la justicia absolvió en primera instancia tras haber matado a una ladrón desarmado y por la espalda en 2016, y a Arsenio Narvay, un gendarme que quedó en libertad luego de pasar un año y tres meses en la cárcel, tras dispararle a uno de los dos ladrones que intentaron robarle en 2017. En ese entonces, Bullrich señaló: “Esto es un mensaje para las fuerzas, a la ciudadanía y a los jueces, a los tribunales que trabajaron sin amedrentarse por mensajes que construyen al policía como enemigo”.
La nueva resolución es repudiada por la oposición y por organismos de Derechos Humanos.
La Correpi, a través de un comunicado, manifestó: “La norma publicada en el Boletín Oficial habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.
“Con verdadera hipocresía –agrega-, los considerandos de la norma citan como “directriz”, e inmediatamente derogan de facto en el articulado, los lineamientos del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU (Res. 34/169, 17/11/1979), que fueron incorporados a nuestra legislación interna por la ley 24.059; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU (1990). Dado que el art. 3º de la resolución dispone la derogación de toda disposición o normativa contraria, también ha quedado sin efecto el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal de 2002. Estas normas, ahora derogadas, establecían con claridad los principios generales del uso de la fuerza, y en especial de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal, y fijaban prohibiciones igual de explícitas”.
Y advierte: “Con esta norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial. A la vez, es evidente lo útil que será para justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares. Bastará que algún policía diga “me pareció ver alguien armado” o “vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma” en la multitud para disponer de tiro limpio contra todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”.
