Varios hechos tuvieron lugar los últimos días en relación con las políticas de seguridad del gobierno de Cambiemos. La reivindicación del gatillo fácil y de conductas antidemocráticas estuvieron a la orden del día, al igual que la doctrina Chocobar y los discursos manoduristas.
Por Vicky Castiglia / Una resolución que favorece a militares antidemocráticos por parte de Oscar Aguad, las declaraciones de Patricia Bullrich en favor de la portación de armas y el recibimiento por parte de la ministra a policías absueltos por casos de gatillo fácil -además de una nueva manifestación en favor de Luis Chocobar-, profundizan las políticas punitivistas y de criminalización de determinados sectores sociales. En esta concatenación de hechos, se advierte además un discurso de banalización de la violencia, de apelación al “sentido común”.
El viernes pasado, el titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad decidió anular una resolución de la ex ministra, Nilda Garré, en la que había pasado a retiro a 25 militares por no manifestar conductas democráticas. Por aquel entonces, varios de ellos iniciaron causas por supuesta discriminación ideológica y denunciaron que se los apartaba por tener vínculos sanguíneos con genocidas. Además de la anulación, la medida incluye una indemnización que, si bien no se precisó el monto, desde el Ministerio anunciaron que se calculará como si hubieran estado en actividad.
Según consignó el diario Página12, algunos de esos militares están hoy trabajando con Cambiemos. Por ejemplo, el teniente coronel Roberto Augusto Vega, veterano de la Guerra de Malvinas y licenciado en Estrategia y Organización y oficial retirado del Estado Mayor del Ejército, es actualmente funcionario en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio del Transporte. Allí recibe un salario bruto de casi $65.000.
“El teniente coronel Vega recibió una sanción en 2005 cuando dio un discurso en la ceremonia de juramento de la bandera ante los soldados que estaban recibiendo instrucción. Como su superior, les dijo a los futuros oficiales, mientras señalaba la bandera argentina: “¡Mírenla bien! Porque es la misma bandera por la que varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”. Manchalá fue un enfrentamiento en mayo de 1975 con el ERP del Comando Táctico de Famaillá. En esa parte de Tucumán comenzó a funcionar el primer campo de concentración de la Argentina”, advierte el diario y agrega que en la ANSV también fue designado en octubre el ex capitán de corbeta Alberto Daniel Bertrán, quien estuvo involucrado en una causa por torturas a soldados en la base naval de Puerto Belgrano en diciembre de 2004.
La decisión de Aguad no es sólo un guiño a los sectores castrenses, sino que atenta contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que desde el retorno de la democracia se cristalizaron en la sociedad argentina.
El mismo día en que se dio a conocer la medida de Aguad a favor de los militares, su par en Seguridad, Patricia Bullrich, realizó unas polémicas declaraciones en torno a la portación de armas. “Argentina es un país libre, el que quiera andar armado que ande armado”, afirmó al pasar la Ministra en diálogo con la prensa.
Al respecto, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni en una columna publicada por Página12, cuestionó los dichos de Bullrich y remarcó: “Hay una cuestión casi matemática, que ningún criminólogo se animaría a desmentir: cuantas más armas de fuego hay en una sociedad, más muertos hay”. Para el jurista, “la proliferación de armas de fuego hace que no sólo vayan a dar a manos de posibles víctimas, sino también de posibles delincuentes.”
Por su parte, la reconocida académica y militante por los derechos de los ciudadanos, Azucena Racosta, advirtió que la seguridad de la Nación, “está en manos de una desquiciada que puede convertir al final del actual gobierno en un río de sangre con el que bañará los reclamos irrefrenables de los trabajadores y de la sociedad toda” y añadió: “Bullrich necesita sangre pues su enfermedad se sustenta en la violencia”.
Desde Córdoba, Bullrich aprovechó también para reivindicar el accionar del policía Luis Chocobar, actualmente procesado por el asesinato por la espalda de Pablo Kukoc en La Boca el pasado diciembre. Se trató de una nueva manifestación de apoyo al uniformado (y a las políticas de gatillo fácil) , ya que el mismísimo Mauricio Macri lo había recibido en su despacho un tiempo atrás.
«La razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante. Fue así de claro. El policía Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. Él estaba de vacaciones con su familia. Él actuó como policía, bien. ¿Le vamos a dar perpetua a quien defendió a un ciudadano?», fue el mensaje de la Ministra al Poder Judicial y a toda la sociedad.
Pero eso no es todo. Para que no queden dudas del posicionamiento del gobierno en materia de políticas punitivas, este martes Bullrich recibió a dos policías absueltos por casos de gatillo fácil. Se trata de Carla Céspedes, a quien la justicia absolvió la semana pasada en primera instancia tras haber matado a una ladrón desarmado y por la espalda en 2016 y a Arsenio Narvay, un gendarme que quedó en libertad luego de pasar un año y tres meses en la cárcel, tras dispararle a uno de los dos ladrones que intentaron robarle en 2017.
“Esto es un mensaje para las fuerzas, a la ciudadanía y a los jueces, a los tribunales que trabajaron sin amedrentarse por mensajes que construyen al policía como enemigo”, dijo la Ministra al portal Infobae.
Al respecto, la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, alertó en Página12 que ésta es “es la constatación del estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías que venimos denunciando, donde se ha legitimado el gatillo fácil”, y remarcó que esto “tiene un efecto brutal en la proliferación de casos. ¿Qué policía va pensar dos veces antes de tirar si sabe que lo reciben Bullrich y (Mauricio) Macri?”.
Por otra parte, esta semana se conoció que el Gobierno tiene intenciones de realizar modificaciones al proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de crear delitos para inmigrantes, al mejor estilo Donald Trump. El proyecto, que aparentemente fue frenado, pretendía endurecer las penas por cortar el tránsito.
Si bien funcionarios de Cambiemos negaron un endurecimiento en las políticas de seguridad y migratoria, el camarista Mariano Borinsky , quien encabeza la comisión para la Reforma del Código Penal) , afirmó en una nota publicada por el diario Clarín el pasado 5 de noviembre: “La República Argentina se encuentra a un paso de modificar toda la legislación penal que rige la vida en sociedad, de manera tal que se modernice nuestro sistema jurídico –que data del año 1921- y se fortalezca la justicia, para así brindar una mejor calidad de vida para todas las personas que habitan nuestro país”.
“En el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, en el marco del Título VII, referido a los delitos contra la seguridad pública, se incorpora como delito la conducta de quien en ocasión de una manifestación o concentración de personas, arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física, con pena de 1 mes hasta 2 años de prisión (art. 208). A diferencia del Código Penal actual, para la configuración de este nuevo delito no resulta necesaria la efectiva producción de un resultado dañoso (delito de lesiones o daños), sino que basta con que una persona arroje cuerpos contundentes contra otra, en las circunstancias descriptas en el tipo penal aludido”, explica el letrado al tiempo que especifica que “el máximo de la escala penal se eleva a 3 años de prisión cuando los cuerpos contundentes o proyectiles estén dirigidos a un miembro de las fuerzas de seguridad pública en el ejercicio de su función cargo o condición”.
Militares, gatillo fácil, mano dura, y discursos en contra de la inmigración y los movimientos sociales. El gobierno de Macri profundiza sus políticas represivas con este tipo de mensajes y acciones. Funcionarios como Aguad o Bullrich son los encargados de ejectuar un plan de acción que la derecha necesita para acompañar su plan de vaciamiento del Estado y sus políticas económicas neoliberales.
Como señaló Azucena Racosta, el gobierno “va a sustentar con una represión que se vislumbra como sangrienta la entrega que viene realizando de nuestro país”.
