Mientras que la gobernadora espera que este lunes ingrese a la Legislatura su presupuesto de ajuste para 2019, los intendentes propios y ajenos a Cambiemos reclaman que la Provincia tome medidas para solventar la compleja situación que atraviesan los bonaerenses con aumentos sostenidos de los precios y pérdida constante del salario real. El caso más reciente fue el del intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, quien criticó a la administración de Vidal y pidió que el gobierno piense de una vez en la gente que los votó, ya que los aumentos de las tarifas y los precios están perjudicando a miles de personas. A su vez, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires pidió una urgente asistencia al gobierno provincial para que las PyMEs puedan afrontar la crisis económica, mientras que fábricas de municipios como Tres Arroyos, Pilar, Junín, Mar del Plata, Tandil, Lanús y Avellaneda despidieron en octubre a cientos de personas.
Por Carlos López / La realidad con Cambiemos duele más que nunca y se esperan meses más complejos aún, con nuevos despidos, baja del comercio y un único aumento garantizado: la deuda pública que la gobernadora ya duplicó en dólares en tres años de gestión, pero que rápidamente desaparece antes de convertirse en inversiones para los sectores más necesitados.
La provincia de Buenos Aires sigue arrojando indicadores macroeconómicos preocupantes que ponen en evidencia la dura situación social que enfrentan miles de personas por la falta de políticas públicas que incentiven el trabajo y la producción. La gobernadora María Eugenia Vidal se encuentra frente al debate del presupuesto que ingresará a la Legislatura bonaerense este lunes y es por ello que durante los últimos días mantuvo reuniones con referentes de la oposición para buscar consenso y evitar que demore la aprobación en ambas Cámaras. Como ocurre cada año, los legisladores de Cambiemos sumarán apoyo de los sectores opositores que han protegido a este gobierno y tendrán un presupuesto que conforme a la gobernadora y que marcará un nuevo gran ajuste en materia de recursos, principalmente en los sectores que mantienen mayores conflictos gremiales tales como la educación y la salud.
Según un informe realizado durante los primeros días de este mes por la Consultora Analogías, las ventas en los supermercados cayeron un 4,5% en el Gran Buenos Aires y 4,6% en el resto de la provincia, mientras que otros consumos finales de mayor costo como la venta de autos y motos se desplomó en septiembre un 43% en toda la provincia con respecto al mismo mes del año pasado. El empleo en el sector privado volvió a descender 0,4% en agosto con respecto a los índices del 2017, además de la dificultad que genera que suban los precios de los bienes y servicios con tarifa, pero las remuneraciones hacia los trabajadores no acompañen estos incrementos.
Es que la retracción del empleo, el incremento de la desocupación, la caída en la producción y reducción en las ventas, el consumo y la recaudación son además afectadas por la inflación, la cual según el INDEC fue de 6,6% en septiembre en el Gran Buenos Aires, precisamente la región con más desocupación en todo el país. Estos indicadores demuestran como el rechazo de las paritarias que enfrentan sectores como el docente o los médicos no corresponde a un capricho, sino que tiene una lógica que demuestra el engaño del gobierno provincial que nunca superó el 30% de aumento anual como oferta salarial final, cuando en realidad se espera una inflación anual que supere el 45% en diciembre.
Este escenario es el que utiliza Vidal para justificar su ajuste, el cual impactó directamente sobre los trabajadores del sector público con la caída del salario real porque con la devaluación abrupta que sufrió el peso en los últimos meses ahora la provincia necesita más pesos para pagar los intereses de la deuda pública contraída en dólares, pesos que saldrán de los recortes a los trabajadores. La gobernadora prometió cambiar la provincia, lo que no aseguró es quién va a pagar los millones que pide prestados. El último registro publicado en el primer trimestre del año arrojó una deuda pública del Estado provincial valuada en 10.523 millones de dólares y 206.593 millones de pesos. Esa misma deuda en 2015, año de asunción del macrismo al poder, era de 5.419 millones de dólares -llegó a ser de 13.649 millones en 2017- y otros 3.943 millones de pesos.
La situación no sólo es alertada por los ciudadanos, sino que las pequeñas y medianas empresas han solicitado esta semana pasada “una serie de medidas de urgencia” con el fin de alivianar la crítica situación que atraviesan las empresas más pequeñas. El pedido surgió desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), donde su presidente Camilo Alberto Kahale, explicó que las PyMEs y los comercios minoristas «enfrentan un duro contexto recesivo marcado por la caída del consumo, la suba de los costos fijos, las altas tasas que impiden el financiamiento y una fuerte presión tributaria» producto de las «políticas económicas de la actual gestión» y consideró que la misma las «está poniendo contra las cuerdas, y las deja sin margen de maniobra para sobrevivir». También destacó que el sector está atravesando una fuerte crisis que en los últimos meses se ha agravado «provocado por la caída de los índices de la actividad y el consumo, y el exacerbado incremento de los impuestos, afectando de lleno su rentabilidad y liquidez».
Las ventas por el Día de la Madre fue una muestra de las complejidades que atraviesa el sector ya que cayeron 13,3% con respecto a la misma fecha del año pasado. Por último, Kahale cuestionó que “según el último estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), el costo de vida de los asalariados se disparó un 6,7% mensual en septiembre y acumuló un alza del 40,4% en los últimos doce meses, por lo que la inflación de 2018 será la más alta desde 1991″. Es esta situación la que lleva a las PyMEs a pedir desesperadamente que la provincia se comprometa con la entrega de planes de refinanciación bancaria utilizando el mecanismo de encajes remunerados para evitar el cierre de cuentas bancarias de clientes del Banco Provincia, suspender los cortes de servicios públicos por 180 días y otras medidas para mantener el empleo con incentivos para incorporar nueva mano de obra.
En cuanto a la situación de la Industria, octubre significó un nuevo mes para el olvido con despidos masivos y cierres de fábricas en Avellaneda, Mar del Plata, Tandil, Junín, Lanús y Lomas de Zamora. Como si esto ya fuera poco, para noviembre se espera nuevas pérdidas de puestos de trabajo en Chivilcoy, Tres Arroyos y Pilar. En octubre pasado se confirmó el cierre de la “Metalúrgica Tandil”, que trabajaba con la automotriz Renault y significó el despido de 160 personas. En San Pedro, la fábrica de amortiguadores COPLAC también cerró dejando sin trabajo a unas 80 personas. En Valentín Alsina la compañía Stone realizó 13 despidos y en Avellaneda la fábrica de zapatillas Gaelle despidió a más de 300 operarios que reclaman ser reincorporados, situación similar a la que atraviesan ahora los trabajadores de Paquetá, fábrica que trabaja con Adidas y que podría cerrar definitivamente en diciembre próximo, dejando a unas 650 personas en la calle. Otros casos que se registraron el mes pasado fueron en Lomas de Zamora, el Grupo Canale despidió a 86 personas; en Junín la fábrica de pastas Don Antonio cerró y originó el despido de 30 personas; Intesar, empresa encargada de realizar el tendido eléctrico entre Vivoratá y Bahía Blanca detuvo las obras por falta de fondos y despidió a 150 personas, y la fábrica de cereales 3 Arroyos que posee plantas de producción en Pilar y Tres Arroyos mantiene a sus 300 trabajadores sin cobrar.
A los reclamos se sumaron también los intendentes que se han quedado sin acceso a la Gobernadora y solicitan una respuesta que ayude a paliar la crisis en el interior de la provincia. “Soy intendente de Tornquist, estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más, estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país. Se había dicho que por este año no iba a ver más aumentos, y seguimos con aumentos en los combustibles, que afectan directamente y se trasladan a los alimentos”, expresó Sergio Bordoni, quien aseguró haber llevado su postura hasta la Gobernación, pero sin ningún tipo de respuesta y confirmó que son muchos los intendentes que piensan como él pero que no se animan a decirlo. “Yo lo he dicho dónde corresponde, pero no he sido escuchado. El interior es el más castigado con estos aumentos, por favor piensen en la gente que confió en nosotros y cada vez les alcanza menos para vivir, y cuando digo vivir, es con lo mínimo e indispensable”, finalizó el intendente en un descargo que realizó a través de su cuenta oficial de Facebook.
Este lunes en la Plaza San Martín de La Plata sindicatos y organizaciones sociales como ATE, Cicop, AJB, APL, Sitraic, NOS Gastronómicos, Ctep, FOL y Barrios de Pie instalarán un acampe para rechazar el proyecto de ajuste del Presupuesto 2019 que la gobernadora intenta imponer. Durante la jornada que se mantendrá hasta el jueves se realizarán charlas y actividades para exigir que el presupuesto tenga “mejores condiciones de vida de millones de millones de compatriotas que habitan el territorio bonaerense y que hoy la están pasando mal”, tal como adelantó el secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, quien fuera perseguido con medidas judiciales emitidas por el gobierno provincial luego de las últimas reuniones paritarias.
Uno de los graves problemas que han enfrentado las organizaciones sociales además de la falta de empleo real y la caída de los salarios, es el rol represor que han remarcado en su accionar las fuerzas de seguridad con el gobierno macrista. En la provincia de Buenos Aires la gobernadora utilizó en reiteradas ocasiones a la policía como instrumento de represión contra los trabajadores y manifestantes que luchan por una sociedad más justa, tal fue el caso de los empleados del Astillero Río Santiago que fueron reprimidos el pasado 21 de agosto. Precisamente la última semana la presidenta del bloque de diputados de Unidad Ciudadana – FpV – PJ de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, encabezó un panel en la presentación de la Guía de actuación frente a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los derechos de la población, en el Salón “Nunca Más” del Anexo de la Cámara de Senadores provincial. Allí junto a otros legisladores, el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, el padre “Paco” Olveira y el integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Matías Moreno, la legisladora referente del kirchnerismo en La Plata remarcó que “hay violencias posibles porque se crean los mecanismos que las naturalizan; culturas donde las relaciones son de opresión, que se construyen particularmente con la creación de un enemigo. Este protocolo es una herramienta para poder visibilizar la violencia. Las víctimas de esas violencias tienen nombres y apellidos, tienen historias. Hay que combatir esa violencia desde cada uno de nuestros lugares”, continuó.
A su vez, la ex concejala platense y ex decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP recordó el rol de asistencia que cumplieron las fuerzas de seguridad durante la asistencia que brindaron en las inundaciones del 2 de abril de 2013 en La Plata, y destacó que “hay que trabajar para que no tengamos esas fuerzas de seguridad siniestras. Nosotros sabemos qué tipo de fuerzas de seguridad queremos en nuestro proyecto político y sabemos que tienen que estar al servicio del pueblo”, subrayó. Por su parte, el juez Eugenio Zaffaroni afirmó que durante este gobierno “a la policía de la provincia de Buenos Aires no la controla nadie. En primer lugar, porque es una fuerza demasiado grande, de 70 mil personas, que son lanzadas a las calles con un entrenamiento precario y en un sistema policial autoritario. Por supuesto, la mayoría son personas de trabajo, pero nunca falta un loco que, exacerbado por la irresponsabilidad de la conducción política, produce casos de violencia y gatillo fácil”, agregó.
A Vidal no le importa cómo viven los bonaerenses ni tampoco le importa escuchar los pedidos de ayuda para que docentes, trabajadores del Estado e incluso del sector privado puedan continuar manteniendo sus puestos de trabajo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en una mera administración que toma deuda pública y luego castiga a los sectores más necesitados para llevar al pueblo a pagar los intereses de la deuda que el propio Estado contrae. Con una inflación anual estimada según el último informe del Banco Central de 47,5%, los bonaerenses se preparan para afrontar nuevos meses con más desigualdad, aumento de la pobreza y más despidos masivos en fábricas y empresas. Aún peor es la realidad de los más chicos, ya que esta semana directivos de diferentes escuelas bonaerenses denunciaron los alumnos son alimentados a veces a base de sándwich de jamón y queso y, cuando no alcanza para esa comida, reciben un turrón o un alfajor de maicena, a pesar de que el gobierno diga que el Servicio Alimentario Escolar garantiza todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda para 1.700.000 chicos en los 135 municipios de la provincia. Vidal responde con indicadores oficiales que no se trasladan a la realidad, y es que su realidad nada tiene que ver con la que afrontan miles de bonaerenses que en los últimos tres años han producido una notable reducción de la calidad de vida, propio de políticas neoliberales que el gobierno aplica perjudicando a las grandes mayorías.
