Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de esa provincia, en el marco de la escalada de persecución y hostigamiento contra la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, presa política del gobernador Gerardo Morales desde el 16 de enero de 2016. Sus abogados apelarán la medida.
La Cámara de Apelaciones de Jujuy notificó esta tarde a la defensa de Milagro Sala la revocación de su prisión domiciliaria, dictada el 31 de agosto último por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos para acatar una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución de la Cámara también dispone el reingreso de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. Milagro cumple prisión domiciliaria en una casa de la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de su domicilio real, con una fuerte custodia perimetral de la Policía provincial y de la Gendarmería.
La revocación de la domiciliaria ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la CIDH, mientras que la defensa de la dirigente social informó que la medida no se debería hacer efectiva ya que se apelará ante Casación, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal, que prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada.
“Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.
La defensa fue notificada recién hoy a las 19 horas y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.
Según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin.
Por último, los abogados de Milagro advirtieron que, en caso de que la parlamentaria sea trasladada al penal de Alto Comedero, “el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país”.
