Miles de millones de dólares en contrabando, evasiones fiscales y tráfico de drogas, si acaso ante le impotencia o la vista gorda del Estado. Uno de los drenajes de riquezas que explican los niveles de pobreza y desamparo social en Argentina. Tema que vuelve una y se repite, para que todo siga igual: el 21 de este mes, la agencia oficial Telam difundió un informe que ilustra por enésima vez acerca de lo que el director de esta página escribiera en varias oportunidades en los último 10 años, la última de ellas el 27 de enero de 2020 en el sitio del diario Perfil. A continuación los dos textos.
Contrabando, evasión y pocas causas judiciales. Por Luciano Couso. (Noviembre; 2021. (Telam)
Los puertos del complejo agroexportador del Gran Rosario y por los que en cada año sale el 80% de los envíos al exterior de granos, derivados y manufacturas industriales son el foco de atención de una presunta evasión multimillonaria estimada en unos 10 mil millones de dólares en la última década. Su contracara: la inexistencia de causas judiciales sobre contrabando, tanto de cereales como de estupefacientes.
Sobre las actividades de las 21 terminales portuarias instaladas a lo largo de los 70 kilómetros de costa del río Paraná en la zona del Gran Rosario se tejen sospechas que en pocas ocasiones encuentran confirmación judicial. La semana pasada, sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) incautó en un depósito fiscal de Rosario 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay sin documentación respaldatoria, mientras que un juez resolvió el decomiso de 8.100 toneladas de maíz con destino a Uruguay almacenadas en un depósito de Campana.
Ambos operativos se suman a un tercero, realizado en el puerto de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. El trabajo conjunto de personal de Aduanas y de la Dirección General Impositiva (DGI) evitó una exportación fraudulenta de 4.137 toneladas de maíz partido, cuyo origen no pudo ser justificado ni por la firma exportadora ni por el productor. “La evasión de granos en la Argentina es multimillonaria. Argentina debe controlar su frontera y su comercio de granos, pesar y medir”, dice Pedro Peretti, exdirector de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo.
En el mismo sentido, el diputado provincial de Santa Fe Carlos Del Frade, del espacio Soberanía Popular, periodista que investigó este tipo de operatorias, afirma que “se sabe muy poco de lo que pasa en las terminales privadas”. La actividad del sector se basa en declaraciones juradas de las propias empresas. “No hay manera de saber bien qué es lo que realmente se exporta”, advierte el legislador.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) informó que en los diez primeros meses del año las empresas liquidaron unos 28 mil millones dólares, lo que brinda una idea de la magnitud del negocio. Por su parte, un informe del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (Iade) estimó que “cerca de veinte por ciento de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”. Para ello, comparó los registros de exportaciones “de productos del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del Mercosur”, con el valor declarado por las aduanas de destino.
“Para la última década, la sumatoria del valor anualizado (2011-2020) según los datos del Indec es de U$S 39.434 millones, mientras que, al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos, el valor total declarado asciende a U$S 49.220 millones, lo que implica una diferencia de U$S 9.780 millones”, sostiene el informe del IADE. El trabajo retoma un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wider, dedicado a investigaciones sobre economía del desarrollo en Naciones Unidas (ONU), sobre la evasión y la elusión corporativa, en el que la Argentina figuraba entre los cinco países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas transnacionales.
“Cerca de 20% de las ventas argentinas de estos productos al resto del mundo no se declaran en el país”, sintetiza el informe del IADE. Peretti sostiene que “el comercio ilegal de granos abarca una serie de figuras, pero que son todas concomitantes en cuanto a que no se paga al fisco lo que le corresponde, y tendientes a mejorar los balances de las grandes compañías exportadoras”. Su lectura subraya la “importancia medir y pesar todo lo que entra y todo lo que sale del país”. Con ese objetivo, Peretti propone la creación de una Agencia de Pesos y Medidas, a las que considera como “cuestiones centrales para una política fiscal”.
Las 16 principales compañías del sector explicaron el año pasado, de acuerdo al ránking elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el envío del 89,7 por ciento de los productos agroalimentarios argentinos al exterior. En 2016, el inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Norberto Bardey, advirtió que una publicación del organismo informaba que una parte de las 212.488 toneladas de soja importadas de Paraguay en el primer cuatrimestre del año habían ingresado por el puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad de General Lagos, distante 22 kilómetros al sur de Rosario.
“El puerto estaba inactivo desde hacía cinco años por un incendio”, denunció en esa oportunidad Bardey, quien notificó del hecho a sus superiores. Tras la denuncia, en vez de abrirse una investigación, el funcionario fue trasladado a un destino de “castigo”, según relató el propio inspector del Senasa al equipo de investigación de Radio Nacional (Nacional Doc), que edita regularmente un podcast para el ciclo “Conocer Nacional”. El año pasado ingresaron a los puertos del Gran Rosario 2.632 buques oceánicos, la cifra más alta desde que se lleva registro en los últimos 20 años.
Además del tema granos, el diputado Del Frade advirte que los acuerdos internacionales y regionales de libre navegación para buques de bandera extranjera impiden que en la Argentina se controle “la carga de un barco en movimiento”, lo que explica “los cargamentos grandes de cocaína” que en los últimos años “se han detectado en Europa”. Según el Centro de Patrones de Cabotaje, el 90 porn ciento de la producción exportable se embarca en flota paraguaya y solo el 2 por ciento por la marina mercante argentina.
El anuario estadístico 2020 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) informó que el año pasado se inició sólo una causa por contrabando de estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario sobre un total de 1.833 expedientes iniciados en todo el territorio provincial de Santa Fe por distintos delitos vinculados al narcotráfico (contrabando, tenencia, comercialización, financiamiento de actividades ilícitas, etcétera). En 2019 se formaron 6 causas por contrabando de estupefacientes pero, según un operador judicial consultado, “son causas menores que no involucran a la actividad de los puertos”, sino el envío de narcóticos por correo desde otros países.
Un fiscal federal que pidió reserva de su identidad afirmó que el contrabando y la evasión impositiva “es un tema que no está abordado en esta jurisdicción, no hay una definición de política criminal efectiva y es una vergüenza, porque están los puertos más importantes del país”. Del Frade, por su parte, asegura que las sospechas sobre un tráfico sistemático de drogas a través del río Paraná con destino a Europa comenzó a fines de los años ’90.
“El dato más preocupante apareció en 1998, cuando la Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de EEUU, hizo su primer informe sobre narcotráfico en la Argentina desde la Argentina y afirmó que la mayor cantidad de cocaína ingresaba a través de los puertos privatizados del Paraná, entre ellos los de Rosario, San Lorenzo y el norte de la provincia de Buenos Aires”, detalla el diputado, autor del libro “Ciudad blanca, crónica negra–Historia del narcotráfico en Santa Fe”, en el que aborda el tema
Para Del Frade, el contrabando “es una matriz que la democracia recicla” y en la que “se suma cualquier tipo de cosas: cereal, marihuana, armas. Esta es una matriz que tiene más de cuarente años”. Los vocers judiciales consultados dice que han sido pocas las causas por ese delito en los últimos años, y recuerrdan la llamada “Narco Arroz”, que en 2015 descubrió 40 litros de cocaína líquida impregnada en granos en un depósito fiscal de Rosario y con destino al exterior. “Lo fundamental es tener el control, la administración y la planificación del comercio exterior argentino, a través del Paraná”, insiste el legislados santafesino. “Eso es lo que nos falta. Hacer un ejercicio de descolonización mental, porque los propietarios de los puertos somos nosotros, no los inquilinos (concesionarios). No puede ser que Cargill y las demás nos pongan las reglas de juego”, concluye Del Frade.
Con puertos privados, distribución de riquezas y desarrollo son entelequias (Febrero; 2020) Por Víctor Ego Ducrot (*)
En estos días, la cuestión portuaria debería ocupar un lugar de privilegio en la agenda pública, tanto a nivel de provincias como de la Nación (…).
Las internas entre distintos protagonistas del poder en la Rosada, gobernadores del Litoral y ciertas voces públicas y privadas que actúan desde La Plata, es decir en los alrededores de Axel Kicillof, todos en la puja por definir quién finalmente se quedará con la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Se trata de una de las llaves maestras para el manejo de la Hidrovía Paraná- Paraguay del mega negocio argentino, ese que se teje y desteje, casi siempre entre la sombras de las falsedades y las evasiones, en los puertos privados, prácticamente sin controles por parte del Estado y a disposición de las manipulaciones y falsificación de datos por parte de los jugadores decisivos de las exportaciones granarías.
Una y otra vez, el tema puertos ocupa el centro de la agenda económica y política, pese a que a su operadores no les gusta la luz pública. Recientemente, cuando Kicillof no logró la reforma fiscal que se proponía porque, entre las concesiones que debió hacerle a Cambiemos, una decisiva fue la reducción sensible en la carga impositiva a las terminales fluviales y marítimas bonaerenses – el lobby funcionó como pieza de relojería –, fue entonces que en el oficialismo provincial comenzó a hablar de “de desarticular los consorcios portuarios” y de la eminencia de un proyecto de ley al respecto, a ser enviado a la Legislatura.
El periodista Cristian Lora consignaba el pasado 9 de enero en el sitio LPO, declaraciones de Teresa Rodríguez, ministra de Gobierno de Kicillof acerca de de esos consorcios: «Son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio (…). La provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria” Y añade el colega en el mismo texto: “el consorcio portuario es un ente público no estatal que administra el puerto (…). En la mesa (…) se sientan el sector privado, los sindicatos y los municipios, aunque en los hechos prevalece la fuerza de las empresas (…). Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurre dentro de los puertos. Tienen total independencia de la provincia en términos jurídicos, financieros, contables y administrativos. Mientras que el Tribunal de Cuentas hace un tardío seguimiento de los números. Con más de 1.500 kilómetros de costa, la provincia cuenta con 12 puertos públicos y más de 200 que se utilizan con fines recreativos. Desde el Puerto de San Nicolás, sobre el Paraná, hasta Carmen de Patagones, sobre el río Negro, la eficiencia del sistema portuario bonaerense es vital para el sector productivo”.
Lo afirmado respecto de la impunidad con que se manejan las empresas privadas a cargo de los puertos – siempre pertenecientes a la trama de las agroexportadoras dominantes, las que ocultan los verdaderos volúmenes de cargas y por ello no pagan ni por asomo los derechos (retenciones) que deberían pagar– fue constado por quienes en distintas oportunidades recorrimos casi todos ellos y no sólo los bonaerenses, en tanto profesionales de la Comunicación involucrados en la propuesta democratizadora y recuperadora de las terminales marítimas y fluviales para el patrimonio de la sociedad más importante desde el restablecimiento del orden democrático, en 1983; cuando en mayo de 2014, el entonces vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, lanzó su iniciativa de recuperar el control estatal por etapas de los puertos de esa jurisdicción, fijar una reserva de carga de aproximadamente el 30 por ciento de todos los fletes y crear un empresa pública reguladora de las exportaciones (…). Se propuso con el proyecto puertos, generar fondos genuinos aplicables a los presupuestos para servicios públicos como educación, salud, justicia y seguridad, entre otros.
Ese proyecto fue previamente debatido en Foros Ciudadanos que tuvieron lugar en Universidades Públicas y centro sindicales, con la participación multitudinaria de vecinos en cada caso, especialista en diversas áreas de la función pública y organizaciones sociales (…).
Nunca prosperó la iniciativa sobre puertos elaborada por Mariotto desde el Senado provincial, con un fuerte apoyo de organizaciones sindicales del sector, tan cual una y otra vez lo expresó Adolfo Borja, del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).
Jamás se hicieron públicas las explicaciones de por qué no prosperó la iniciativa del vicegobernador por parte de las autoridades ejecutivas, tanto nacionales como provinciales, que eran las que, en definitiva, tenían a su cargo la responsabilidad del apoyo político o no a emprendimientos públicos de esa envergadura.
En estos días, la cuestión portuaria debería ocupar un lugar de privilegio en la agenda pública, tanto a nivel de provincias como de la Nación, toda vez que la crisis de un endeudamiento impagable y la rotura de los tejidos sociales, con bolsillos populares que no alcanzan para la vida digna, consecuencias del canibalismo cambiemita de cuatro años, obligan a pensar en serio en mecanismos de obtención de divisas, de distribución equitativa de la riqueza y de soluciones urgentes para las necesidades de los más amplios contingentes sociales.
Sin el cumplimiento de esos objetivos, el actual gobierno podrá ingresar en zonas de turbulencias políticas y sociales, y por supuesto por ahí también pasan las estrategias restauradores de la derecha más concentrada, que hoy gozan de impunidad y están al acecho.
“Los Derechos de Exportación -denominadas retenciones- en Argentina no son un recurso fiscal extraordinario y transitorio, sino un instrumento fundamental de política económica para equilibrar las consecuencias de la estructura productiva desequilibrada”, acaba de afirmar con precisión técnica Daniel E. Novak, economista de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en un artículo que este último fin de semana circuló por las redes sociales.
Esas “retenciones” son entonces herramientas de primer orden para la distribución de riquezas y el desarrollo sustentable en el tiempo, con estabilidad democrática y sin asaltos endeudadores.
Pero si a la hora de fijar y administrar esos derechos a las exportaciones, el Estado no sabe qué y cuánto se exporta, porque esa información se oculta entre los pliegues secretos de los puertos privados, entonces sí la distribución de riquezas y el desarrollo serán entelequias, y los argentinos seguiremos atrapados en la maraña oligárquica.
Las enseñanzas de aquel enorme pensador italiano del siglo XVIII, Giambattista Vico, acerca de que la historia no avanza de forma lineal, impulsada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten, nos permiten una doble reflexión final: allí está al alcance del gobierno de Alberto Fernández y de los gobernadores involucrados la perfectible iniciativa Mariotto de 2014 y la posibilidad de recuperar la terminales marítimas y fluviales para el Estado, en vez de disputar por dudosas administraciones que no son tales.
Y sí, por último, los puertos, siempre los puertos, esos puntos de desencuentro a lo largo de toda la historia argentina, que pudieron ser puertas para la riqueza con justicia social de una nación independiente pero terminaron como signos del dominio oligárquico.
(*) Víctor Ego Ducrot es periodista, escritor, profesor universitario y director de esta página. Doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la misma UNLP. En esa casa de estudios tiene a su cargo las cátedras Análisis y Producción Crítica de Narrativas sobre Delito y Violencia, en la maestría Comunicación y Criminología Mediática – en la cual integra el Consejo Académico –, y Planificación y Gestión de Medios, de la Maestría en Periodismo.
