El país cafetero atraviesa un momento singular, donde un amplio abanico de las más variadas demandas se llevan todas las luces, pero que las mismas obedecen a viejos reclamos de un pueblo que creció en un conflicto armado y que ahora encuentra nuevos liderazgos y plantea otras salidas.
Durante casi un mes Colombia vive una revuelta de carácter histórico, que no sólo logró poner contra las cuerdas a un violento modelo neoliberal de más de cuatro décadas de existencia, sino que revitalizó viejas demandas que fueron silenciadas y que en estos momentos se encuentran a pleno debate.
Con el inicio del Paro Nacional (o huelga general), el 28 de abril último, diferentes organizaciones políticas, sociales, indígenas y juveniles, entre otras, inundaron las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la Reforma Tributaria que el gobierno de Iván Duque intentó aprobar. Dicha iniciativa planteaba la suba de impuestos de carácter regresivo para la mayoría de los colombianos y apenas modificaba las tasas impositivas de los sectores más acomodados de la sociedad.
La respuesta del campo popular fue contundente. Con el llamado al Paro General, el ocupante de la Casa de Nariño se vio obligado a retroceder y archivar el polémico proyecto, y a la vez se reactivaron viejas demandas que prendieron como pólvora y se extendieron por casi todas las ciudades del país, desde la capital, Bogotá, pasando por Cali, Pereira, Medellín y hasta otros epicentros neurálgicos del país.
Como no podía ser de otra manera, el gobierno que se encuentra administrado por una de las expresiones más violentas de la oligarquía colombiana, recurrió a lo que mejor sabe hacer: ejercer el terror. En las primeras jornadas de movilizaciones, no tardaron en aparecer los primeros asesinados por las balas de plomo efectuadas por efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), militares y paramilitares, que hasta este viernes dejó una desoladora cifra de 59 asesinados, 866 heridos, 87 víctimas de violencia de género y 346 desaparecidos.
«Nos encontramos en una situación compleja. Es un estallido social, cuyo colofón fue la Reforma Tributaria, pero existen una serie de pliegos de orden social, económico y cultural que vienen desde hace muchísimo tiempo», señala el corresponsal de la Agencia Latinoamérica Avanza, Julián Martínez en el programa radial argentino Política por Polítcxs que se emite los jueves de 22.00 a 24.00 (Hora Argentina), en Somos Radio AM530. Es que la rebelión colombiana se explica por la crisis económica endémica -agravada por el manejo de la pandemia por parte de Duque-, por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz celebrados en 2016, por la continua matanza de líderes sociales -más de 900 en lo que va de 2021, según la Defensoría del Pueblo-, y otras políticas de corte neoliberal como el plan de volver a las aspersiones con glifosato para fumigar por vía aérea los cultivos de hoja de coca, considerados ilícitos en Colombia.
Tras el anuncio de Duque de retroceder con su Reforma Tributaria, otras demandas que se encontraban presentes en las necesidades más urgentes de los colombianos volvieron a escena como lo son el asesinato de más de cien líderes sociales en los últimos cuatro años, el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba; las indiscriminadas aspersiones con glifosato para fumigar por vía aérea los campos de cultivo de coca y otros productos campesinos, la discriminación a los indígenas fueron los principales elementos que estaban en una olla de presión que no tardó en estallar por los aires.
A esta situación en particular, hay que recordar que Colombia durante la mitad del siglo XX y lo que va del XXI, se mantiene como una maquillada continuidad democrática mezclada con un viejísimo conflicto armado (el más antiguo de todo occidente) y que desde 1948 con el asesinato de Eliecer Gaitán viene amputando todo tipo de ensayo o propuesta de carácter nacional, popular, profundamente plebeyo y democrático.
Con la mira en las elecciones presidenciales y legislativas del año que viene, los heterogéneos sectores populares que forman parte de las protestas, o encabezan las movilizaciones, generan una base con importante capacidad para convertirse en una alternativa de poder en Colombia.
Con un escenario electoral atípico que pondría nerviosa a las mejores encuestadoras del mundo, aparece con vigor la imagen del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien logró en los sufragios presidenciales de 2018 llegar a un ballotage con Duque y así terminó de convertirse en la figura más relevante del progresismo colombiano.
Petro, que actualmente encabeza las encuestas, tiene capacidad para sentarse a negociar con sectores más de centro y reeditar lo logrado hace cuatro años, tratando de aglutinar a aquellos sectores que votaron en blanco y así favorecieron el triunfo del cuadro más pragmático del “uribismo”.
Todo indica que las fuerzas de la oligarquía que gobernó a Colombia desde la independencia de España hasta nuestros días, harán lo imposible para mantener su statu quo y como dijo alguna vez el recordado ex presidente de Argentina Néstor Kirchner, “No pasaran a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen”.
El escenario político y electoral colombiano se encuentra abierto y sin definirse en un corto ni mediano plazo, con una sociedad que sabe movilizarse, exigir derechos y que buscará la salida de este complejo e interminable laberinto.
Texto tomado de la Agencia Latinoamérica Avanza y del sitio Tercer Cordón, de Colombia.
