Colombia ha salido de la invisibilización mediática a la que la han sometido durante décadas los medios hegemónicos de América Latina y del mundo. O si se prefiere, a la distorsión mediática. Ha salido de esa invisibilización de la mano – una vez más – de su propio pueblo, que desde noviembre del año pasado ha comenzado a salir a las calles de las grandes ciudades y a partir del 28 de abril de este 2021 ha iniciado un Paro Nacional que conmueve a Colombia y América Latina.
Por Carlos Ciappina (*) / Pero – como en el caso chileno desde el 2018 – para entender en su profundidad lo que pasa en Colombia , no podemos referirnos al Paro Nacional iniciado hace pocos días como si surgiera de la nada, como si Colombia llevara décadas de “normalidad” y de golpe a raíz de una mala decisión del gobierno en medio de la pandemia, aquella normalidad se pusiera en duda.
Las luchas del pueblo colombiano son de larga data y la respuesta violenta y descarnada de un Estado de élites también.
El Imperio del banano y Eliecer Gaitán
Mencionemos por ejemplo la gran huelga de los obreros del banano en 1928. Huelga provocada por los abusos, el maltrato y las condiciones laborales paupérrimas bajo la tristemente célebre compañía norteamericana United Fruit Company. La huelga pedía , entre otras “excentricidades”, el pago por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, descanso dominical, pago semanal, supresión del pago en vales de la compañía, servicios de salud. Un programa que fue absolutamente desoído por la empresa –apoyada por el gobierno de los Estados Unidos – y que finalizó con el propio ejército colombiano asesinando a más de 1500 obreros (aunque la cifra total nunca fue cierta habida cuenta la lejanía de la represión de las ciudades.
Un joven abogado liberal – Eliecer Gaitán – electo diputado en 1929 mantuvo viva la memoria de aquella gran huelga y denunció a los generales que habían masacrado al propio pueblo a favor de aquel “Estado dentro del Estado” que era la United Fruit Company. Ese mismo joven diputado liberal crecerá durante las décadas del ´30 y el ´40 dentro del Partido Liberal (como su ala más radicalizada), promoviendo la educación pública, señalando la necesidad de una reforma agraria y denunciando la extranjerización de la economía colombiana y los asesinatos de los líderes sociales y políticos liberales en las zonas rurales del país.
El 9 de abril de 1948, mientras se realizaban las reuniones preparatorias para conformar la Organización de Estados Americanos (OEA), y con la intervención de la CIA, Eliecer Gaitán – casi seguro futuro presidente por el apoyo popular que tenía – fue asesinado , hecho que provocó el “Bogotazo” una enorme expresión de rechazo popular a un asesinato evidentemente orquestado por las fuerzas conservadoras junto al gobierno norteamericano.
El asesinato de Gaitán clausuró la posibilidad de una democratización dentro del sistema de partidos y desató una lucha interna entre liberales y conservadores que ocasionó mas de 100.000 muertes hasta 1957 y los primeros desplazamientos de decenas de miles de campesinos desde las zonas rurales afectados por la guerra civil hacia los centros urbanos.
Una democracia para pocos y la lucha por la revolución
Este conflicto – que profundizó la pobreza y la desigualdad en una sociedad que ya era terriblemente inequitativa – se apaciguó en el período 1957- 1970 con el acuerdo del Frente Nacional (1957) en donde – al igual que sucedería en Venezuela con el Pacto de Punto fijo de 1958) – los partidos Conservador y Liberal decidieron crear un sistema de alternancia democrática que otorgó estabilidad política, pero mantuvo los rasgos de atraso, pobreza y exclusión en las mayorías urbanas y, especialmente, rurales.
Durante la década de 1960, en consonancia con las búsquedas revolucionarias y de profundos cambios en América Latina, surgirán los movimientos y partidos políticos que buscarán un cambio por la vía armada. En 1964 surgirán las FARC-EP inspiradas en las luchas y experiencias cubana, con un programa socialista. En 1965 nacerá el Ejército de Liberación Nacional y en 1967 el Ejército Popular de Liberación ambos con un programa socialista, también inspirado en las experiencias de liberación de los países del “Tercer Mundo” .
En 1974 se sumará el Movimiento 19 de abril, con un perfil nacionalista, socialista democrático y centrado en la lucha urban. La respuesta del Estado colombiano fue la de ampliar la represión y sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha interna bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional que calificaba de terrorista a toda acción que cuestionara el orden establecido. La creciente presencia norteamericana – en la forma de los “asesores”- y la provisión creciente de armamento y logística por parte de los EE.UU. sólo lograron acrecentar el conflicto. Las matanzas, masacres y desplazamientos forzados – así como el surgimiento de las fuerzas paramilitares – generarán una nueva ola de desplazados/as de las zonas rurales hacia las zonas urbanas u otras regiones en donde el conflicto no estuviera presente.
Irrumpe el narcotráfico. Negocio para pocos
Para principios de los años ’80, la situación de conflicto en Colombia se profundizará: los carteles de la droga transforman a ese país en el principal exportador de cocaína del mundo, producto que tendrá por destino los EE.UU., incluyendo como beneficiarios a los propios bancos norteamericanos que florecieron con el ingreso de inversiones y lavado de dinero provenientes del narcotráfico. La expansión de la producción de cocaína para exportación también tuvo consecuencias nefastas en las zonas rurales. Los cultivos tradicionales se vieron sustituidos por la nueva fuente de ingresos y las comunidades rurales campesinas comenzaron a ser explotadas, agredidas y desplazadas por los carteles de la droga.
Para mediados de los años ´90 la extensión de la influencia de los carteles del narcotráfico generó una mayor presión norteamericana y el inicio de las extradiciones de los jefes de los diversos cárteles; lo que desató aún más violencia por parte de los mismos. Los atentados y asesinatos por parte del terrorismo narco estaban a la orden del día.
La búsqueda (fallida) de la Paz y el Plan “Colombia”
La confluencia y la duración de la diversidad de conflictos llevaron a un primer intento de “acuerdo de paz” que permitiera iniciar un proceso de desmilitarización. Estos primeros acuerdos de Paz – llamados de Cagüan- se iniciarán en 1997 entre el presidente Andrés Pastrana y la principal fuerza guerrillera de ese entonces , las FARC-EP. El acuerdo – trabajoso y de mutuas desconfianzas – preveía la creación de una zona desmilitarizada donde las FARC podrían iniciar un proceso de pacificación. Una luz de esperanza surgía con esos primeros acuerdos, pero al mismo tiempo aparecían las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), fuerzas paraestatales que – con la vista gorda de las autoridades militares y estatales – iniciaron un profundo proceso de masacres y asesinatos de líderes/esas y ex guerrilleros/as que aceptaban la paz; en particular en las zonas urbanas. Los acuerdos del Cagüan se cancelaron definitivamente en el año 2002.
Al mismo tiempo , Pastrana y Bill Clinton firmaron en el año 1999 , el tristemente famoso Plan Colombia: un programa de erradicación de cultivos de cocaína y de “fortalecimiento del Estado” que tomó deuda de los Estados Unidos, redujo la soberanía colombiana en materia de información y tecnología militar y, sobre todo, generó nuevos desplazamientos rurales por el uso masivo de herbicidas (glifosato entre otros) para la erradicación de los cultivos de coca. Dicha estrategia generó daños irreversibles en comunidades campesinas (enfermedades y nuevos desplazados) y en la biodiversidad colombiana. El Plan también formó parte de la estrategia militar contra las organizaciones políticas armadas. Luego de seis años de desplegado la producción de cocaína en vez de reducirse se había incrementado un 15 %.
Con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002, si aún fuera posible, se repone la línea represiva dura: se suspenden las tratativas de paz, se incrementa la presencia militar y se reinicia el conflicto armado. Mientras América del Sur iniciaba una serie de gobiernos nacional-populares, Alvaro Uribe profundizaba su alineamiento con los EEUU y fomentaba el enfrentamiento con los países hermanos (en particular con el proceso bolivariano en Venezuela). La represión paramilitar se extiende. Colombia llega a fines del período Uribista (2010) a casi 5.000.000 de desplazados (al 2021 son 7.900.00!), 70.000 desaparecidos y más de 200.000 de muertos durante el conflicto armado.
Una nueva búsqueda ¿otra vez fallida? de la paz
No resulta así extraño que el presidente Manuel Santos intente, a partir del año 2012, una vez más, llegar a alcanzar la tan ansiada paz. Este nuevo proceso de paz se desarrolló bajo el auspicio de varios países; en especial la mediación de Cuba y Noruega, con la veeduría de Chile y Venezuela. Estos Acuerdos de Paz con las FARC fueron extremadamente trabajosos y contaron – todo el tiempo del proceso – con la negativa, el cuestionamiento y la oposición del llamado uribismo y los medios de comunicación masivos conservadores de Colombia y de América Latina. Pese a todo, las negociaciones avanzaron y, en noviembre de 2016, se firmaron los acuerdos definitivos con la inestimable colaboración cubana. Las dificultades del porvenir aparecieron con la exigencia de ratificación que indicaba un plebiscito por parte del pueblo colombiano. Bajo una fenomenal campaña mediático-política encabezada por el ex presidente Alvaro Uribe triunfó el NO a los Acuerdos, los que igualmente – con considerables modificaciones – fueron firmados el 24 de noviembre de 2016 luego de su aprobación por la Cámara de Diputados y Senadores colombianas.
Y así llegamos a los años recientes: en el año 2018 triunfa el presidente conservador Iván Duque – para todos una mera pantalla del verdadero presidente, Alvaro Uribe- quien retoma la línea dura. Aupado en el contexto regional que articulaba a Trump con Piñera, Macri, Lenin Moreno, Bolsonaro y el golpe en Bolivia; Duque retomó la línea represiva y la vulneración permanente de los Acuerdos de Paz: incumplimiento de la restitución de tierras de los/as desplazados; inacción policial/judicial frente a los asesinatos permanentes de líderes/esas sociales y ex guerrilleros que aceptaron los Acuerdos de Paz; reaparición de los grupos paraestatales que asesinan y amedrentan sobre todo en las zonas rurales a cuenta y orden de los terratenientes (en particular vinculados el narcotráfico, la minería ilegal o la introducción de nuevos cultivos). Todo en medio de una corrupción estatal fenomenal (el índice de corrupción internacional de Colombia la coloca en los últimos puestos del mundo) y sobre este cuadro se desata el COVID-19 , con un tratamiento por parte de Duque que intentó reaccionar tarde, poco y mal a enfrentar la pandemia.
“Equilibrar las cuentas públicas” y la reacción popular
Es en este contexto histórico-social en el que el gobierno de Iván Duque se propuso “equilibrar las cuentas públicas” para reducir el déficit fiscal. De todos los enormes problemas acumulados por la sociedad y el pueblo colombiano, Duque propone resolver el desequilibrio fiscal y, por esa razón, propone en noviembre de 2019: reducir el salario de los jóvenes que inician su primer trabajo en un 25%; reducir y/o eliminar el sistema público de pensiones yprivatizar las empresas estatales aún no privatizadas, en especial la petrolera. Estas primeras medidas generaron el paro nacional de noviembre de 2019: miles y miles de jóvenes, sindicatos y movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, movimiento de mujeres, organizaciones afrodescendientes salieron a la calle. ¿La respuesta del gobierno? Represión: 3 muertos y casi 300 heridos.
Aquella movilización de noviembre reunió – de la mano de los/as jóvenes – a todos los colectivos sociales dañados, destratados y perseguidos de décadas. Fue el primer gran movimiento que tomó las calles ya no sólo de las zonas rurales sino de las grandes ciudades. Pero, el gobierno de Duqu, no tomó cuenta de los sucedido y, confundiendo la calma del 2020 producto de la pandemia con el fin de las movilizaciones sociale, retomó en este 2021 la agenda neoliberal: una propuesta de reforma tributaria que le impondría el IVA (impuesto regresivo por donde se lo mire) a los alimentos que aún estaban exentos y a los servicios públicos (luz, agua, telefonía y gas). O sea que, en plena retracción económica e incertidumbres generadas por la pandemia, Iván Duque proponía incrementar el costo de los alimentos y los servicios para la totalidad de la población, evitando así que los más ricos aporten proporcionalmente a la resolución del “déficit fiscal”. También se acompañaba la propuesta con mayores restricciones al acceso a la salud pública. Colombia tiene 21.000.000 de pobres (casi el 50% de su población) y el gobierno les propone se hagan cargo de “equilibrar” el déficit fiscal.
La salida a las calles fue aún mucho más masiva que en noviembre de 2019. Nuevamente los/as jóvenes lideran las movilizaciones, y se han sumado colectivos feministas, colectivos afrodescendientes, comunidades campesinas, movimientos sociales y partidos de la oposición. Han ganado las calles para protestar y pedir cambios profundos en Colombia. También para expresarse a través del arte en las calles.
La profundización represiva
La respuesta del gobierno es brutal: al 6 de mayo se cuentan 37 muertes por violencia policial, 11 casos de violencia sexual policial, 379 personas desaparecidas, 934 detenciones arbitrarias, 1728 casos de violencia policial y un número indeterminado de heridos/as (numeros de la Unidad de Búsqueda de las Personas Desaparecidas de Colombia junto a 26 organizaciones de DDHH).
Ante tamaña represión y pérdida de todos los parámetros que hacen a un mínimo Esatdo democrático, lentamente hasta el establishment internacional comienza a retirarle el apoyo al gobierno represivo: la Cámara de Diputados de Estados Unidos propone retirarle la ayuda militar a Colombia, la Unión Europea critica la violación a los derechos humanos y hasta la OEA y el Departamento de Estado de los EE.UU. se muestran “preocupados” por la situación de su gran aliado en la región. Mucho más contundente es el apoyo a las movilizaciones por parte de los gobiernos democráticos de América Latina, también del Grupo de Puebla, del propio Evo Morales y de varios artistas populares que critican la represión desatada como el Residente y el cantante Demi Lovato, entre miles y miles de artistas populares en la propia Colombia.
Colombia está en Paro Nacional desde el 28 de abril y nada parece lograr detener el cuestionamiento colectivo al neoliberalismo represivo del presidente Duque. Los próximos días dirán hacia adonde se dirige el proceso social, pero una cosa es segura: esta movilización y paro nacional se inscribe definitivamente en la larga lucha del pueblo colombiano por una sociedad más justa y una vida mejor.
(*) Texto tomado de Contraeditorial.
