O como dice el sitio amigo Socompa, del cual tomamos este texto, “Las farmacéuticas se curan en salud”. Entre los horrores de pandemia, que puso en carne viva la preexistencia de otros males tan dañinos, como lo son la pobreza y la injusticia social, figura el siguiente: una vez más se ratifica el poder abusivo, sin respeto por la vida, que forma parte ontológica del negocio farmacológico.
La urgencia le ganó al debate. Aquí y en todo el mundo. Urgidos por conseguir una vacuna, los gobiernos capitularon. Si algo falla, las farmacéuticas quedarán blindadas ante posibles reclamos económicos. Un trámite express en Diputados para un instrumento jurídico que habilita la compra pública de un insumo esencial.
Quién se haría cargo de posibles indemnizaciones en caso de que alguna de las vacunas tenga efectos secundarios adversos? ¿Y si surgieran juicios vinculados con los contratos de provisión, qué sede judicial correspondería aplicar? Estas son apenas dos de las muchas discusiones que plantean los contratos firmados por los gobiernos con las farmacéuticas, temas que se resolvieron a puertas cerradas en la Unión Europea y Estados Unidos.
En nuestro país, las cuestiones quedaron casi definidas la semana pasada, cuando Diputados dio media sanción al proyecto titulado como “Ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19”. Fueron 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. En 48 horas, el Congreso avanzó en la cesión de la jurisdicción nacional a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros y eximió de responsabilidades a las farmacéuticas.
La necesidad tiene cara de hereje. El objetivo es contar con las vacunas apenas estén disponibles. Es lógico. La pandemia manda y ante las farmacéuticas poco se puede. El argumento en el que coincidieron casi todas las bancadas es sencillo: otorgarle al Gobierno un instrumento jurídico que facilite la compra pública de un insumo esencial. Lo sinceró Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud: “Son las exigencias que la industria farmacéuticas impone”, dijo durante el debate.
Si alguna vacuna no cumple con el efecto previsto o falla el suministro y el Estado cancela unilateralmente el contrato, la farmacéutica podría demandarlo. También podría ocurrir que el Estado demande al proveedor. En ambos casos correrá la prórroga de jurisdicción. ¿Poco probable? Sí, pero no imposible. Los contratos se cierran sin que las vacunas estén probadas. La carrera acorta los tiempos y aumenta la posibilidad de pérdidas económicas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay unas 190 posibles vacunas en etapa preclínica y 42 del total en distintas fases de investigación clínica. Una docena ingresaron en la tercera fase. Es conocido. Se necesitan de tres a cinco años para desarrollar una vacuna, y esto no va a ocurrir. En el marco del debate, el disputado Luis Giácomo fue el grano: “Las empresas quieren regulaciones especiales por posibles juicios o complicaciones”.
Un par de ejemplos
Aunque es muy poco probable que ocurra luego de que un medicamento obtuvo la aprobación de las autoridades reguladoras, la rapidez con la que se trabaja aumenta la posibilidad de que algo falle. AstraZeneca, al igual que otras compañías, quiere pisar sobre seguro. La empresa británica ya se aseguró el respaldo de la Unión Europea. Lo hizo mediante un acuerdo confidencial. Solo trascendieron algunos detalles.
El laboratorio fijó un precio por dosis más bajo que el pretendido inicialmente y obtuvo un pago anticipado de 336 millones de euros por la futura provisión de 400 millones de dosis. A cambio, los gobiernos de la Unión Europea compartirán los costos de las indemnizaciones si surgen efectos adversos luego de la aprobación del regulador sanitario. El acuerdo deposita en la farmacéutica la responsabilidad de defender la vacuna ante la justicia.
Por lo pronto, las farmacéuticas siguen presionando a los gobiernos europeos para que establezcan un plan de compensación continental. Las organizaciones civiles quieren que el fondo lo financien las farmacéuticas. La dureza de las compañías obedece a que el régimen jurídico de la Unión Europea es uno de los menos favorables para los fabricantes de medicamentos con relación a los reclamos indemnizatorios. Tan cierto como que muy rara vez los demandantes han logrado ganarles una demanda. La ley exige que se demuestre el vínculo entre la enfermedad y el medicamento que la pueda haber causado.
En Estados Unidos, el gobierno ya concedió la exención de responsabilidad a las farmacéuticas para las futuras vacunas que reciban la aprobación reglamentaria. Rusia, en tanto, manifestó que asumirá parte de la responsabilidad legal si algo sale mal con la vacuna del Instituto Gamaleya de Moscú.
La regla ha sido que a mayor precio por dosis, menor será la responsabilidad asumida por los gobiernos. El tema, desde el punto de vista fiscal, no es menor: traslada a los contribuyentes algunos de los riesgos que conllevan los desarrollos. Un ejemplo: la francesa Sanofi, asociada a GlaxoSmithKline, no obtuvo ninguna exención de responsabilidad y cerró por un precio por dosis mucho más alto que el de AstraZeneca: 10 euros contra 2,5 de la británica.
Durante el debate en Diputado hubo pocas voces críticas. Unas de ellas fue la de Romina del Plá, del Frente de Izquierda, que calificó la renuncia a la inmunidad soberana como “una barbaridad”. Al igual que Nicolás del Caño, del PTS Frente de izquierda, su lectura destaca que los laboratorios están haciendo un negocio fenomenal antes de tener la vacuna y que, además, exigen reaseguros para eludir eventuales indemnizaciones.
Repasando los convenios
La estrategia es cerrar la mayor cantidad de convenios y abrir el juego para no depender de un solo proveedor. Hasta el momento, nuestro país abrió cuatro posibles canales. Uno es el acuerdo de fabricación con AstraZeneca, que desarrollarán el laboratorio mAbxience del grupo Insud y el mexicano Liomont. Otro se estableció con Pfizer, que desde agosto realiza pruebas clínicas, lo que no garantiza prioridad de acceso, pero podría facilitarlo.
La ANMAT, por su parte, aprobó los ensayos clínicos de tercera fase de la china Sinopharm Group, asociada a nivel local con el Laboratorio Elea Phoenix, que entre sus accionistas incluye a Hugo Sigman, el dueño del Grupo Insud . Además, el gobierno inscribió a la Argentina en la iniciativa Covax de la Alianza Internacional de Vacunas, la OMS y la Coalición de Innovación y Preparación contra Epidemias, un intento por garantizar un acceso global equitativo con la entrega de 2 mil millones de dosis través de las donaciones que hagan los países con mayores ingresos.
Un reparto muy desigual
El reparto se anuncia muy desigual. Un grupo de naciones ricas, que reúne al 13 por ciento de la población mundial, ya adquirió más de la mitad de las dosis prometidas por la industria, según OXFAM. La organización analizó los acuerdos firmados por AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac, los cinco proyectos que se suponen más avanzados.
OXFAM calculó que se producirán casi 6 mil millones de dosis. Lo suficiente para inocular a 3 mil millones de personas, ya que las cinco vacunas requieren, o probablemente requerirán, dos dosis. Hasta el momento se cerraron contratos para la adquisición de 5 mil millones 300 mil dosis. Del total, 2 mil millones 700 mil han sido encargadas por países, territorios y regiones que incluyen a Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Hong Kong, Macao, Japón, Suiza e Israel. Las restantes fueron compradas o prometieron ser entregadas a países en desarrollo como India, México y el nuestro.
Un dato más. Según OXFAM, una de las principales candidatas, la vacuna de Moderna, recibió pedidos valorados en 2 mil 500 millones de dólares y la compañía ya vendió a naciones ricas las opciones de compra de toda su producción. Está claro. Como en subasta, se vende al mejor postor. Algo que contrasta con el costo estimado de suministrar la vacuna a cada habitante del planeta: menor al 1 por ciento del impacto previsto en la economía mundial.
“La Argentina participa en el fondo Covax, pero eso no será suficiente. Se prevé que la mayor provisión provenga de contratos bilaterales”, afirmó Yedlin durante el debate. Otra demanda concedida a los potenciales proveedores: las cláusulas de confidencialidad sobre cómo está elaborada la vacuna. Buscan blindarse en un mercado que se presenta tan competitivo como continuo: a diferencia de H1N1 que era estacional, el Covid-19 se propaga en cualquier estación del año. Dicho de otra forma: la demanda será permanente.
