La brutalidad policiaca, la pandemia y la contracción económica, cada una de distinta naturaleza, al actuar simultáneamente en tiempo y espacio, han causado el entrelazamiento de sus efectos y conformado una triada que impacta cada vez más en la vida nacional e internacional de Estados Unidos y tendrá una influencia decisiva en las resultados de la elección presidencial del 3 de noviembre próximo.
Por Ramón Sánchez-Parodi Montoto (*) / A todos los efectos prácticos, y tomando como fecha de referencia el 30 de junio, solamente restan julio, agosto, septiembre y octubre -123 días- para esa fecha y han transcurrido 111 días desde que el 11 de marzo esta triada comenzara a tener efecto directo en la vida pública nacional e internacional de Estados Unidos. Tiempo bien corto para el descalabro que ha reportado en una campaña electoral bien prolongada, pero con inesperados acontecimientos trascendentes, como lo fue en una etapa inicial el proceso de imputación a Trump, que se prolongó por más de cinco meses.
Intentaremos, en apretada síntesis, abordar esta multifacética y dinámica situación acorde con lo acontecido en la última quincena.
La ceremonia de enterramiento de los restos de George Floyd en Houston, Texas, el 10 de junio, debió marcar un momento de reorientación del movimiento de protesta por su asesinato a manos de efectivos de la policía de Minneapolis. El 8 de junio, representantes demócratas habían presentado un proyecto de ley para reformar la actuación de la policía. Biden quedó al margen del asunto y, al no ocupar cargo gubernamental ni legislativo, optó el 11 de junio durante comparecencia en televisión, por sumarse de manera formal a los que reclamaban reformas al sistema policiaco; la esencia de su propuesta consistió en la idea de traspasar a funcionarios policiacos desarmados toda la actuación referente a asuntos tales como enfermedad mental, individuos sin techo y abuso de drogas. Es decir, se colocaba en una posición equidistante entre la comunidad afroamericana víctima de la brutalidad policiaca y sus victimarios, apuntando la causa de la violencia a problemas sociales de la comunidad y no a la forma de actuación violenta y racista de los órganos policiacos.
Dos días después, un policía de Atlanta, Georgia asesinó con dos balazos por la espalda a Rayshard Brooks, un ciudadano afroamericano, lo cual revivió el clima de protestas públicas y fortaleció el papel y la influencia a través de las redes sociales de la etiqueta Black Lives Matter” (“Las Vidas Negras Importan”).
Para contrarrestar las iniciativas de reforma policiaca demócratas, Trump y los legisladores federales republicanos presentaron sendas iniciativas para supuestamente reformar y controlar los procedimientos de actuación de las fuerzas policiaca. Trump lo hizo el 16 de junio firmando una Orden Ejecutiva y al día siguiente senadores republicanos anunciaron la presentación de un proyecto de ley sobre el mismo tema.
Pero cualquier acción legislativa requiere ser aprobada por el Senado (con mayoría republicana), la Cámara de Representantes (donde la mayoría es demócrata) y el Presidente (republicano) y, además, el visto bueno informal del candidato presidencial demócrata, Joseph Biden. En medio de la actual confrontación electoral, un acuerdo de este tipo es altamente improbable porque los intereses recogidos en los respectivos proyectos legislativos son antagónicos.
Se ha formado el proverbial “nudo gordiano” que cierra el paso a la aprobación de un cuerpo legal que abra el camino a la eliminación del racismo sistémico y la brutalidad policíaca. Por ningún lado aparece un Alejandro Magno que con su espada corte de un tajo ese impedimento.
Prueba al canto fue la decisión de los demócratas el 24 de junio de bloquear el inicio del debate del proyecto de ley republicano, al oponerse con una votación de 55 republicanos a favor y 45 demócratas en contra, a que fuese debatido. Se requiere en este caso el voto favorable de 60 senadores y como los republicanos no son capaces de captar esa cantidad de voto, su iniciativa es non nata.
Otro obstáculo práctico, es que existen en el país más de 18 mil delegaciones de policía, cuyo funcionamiento es controlado por los distintos niveles locales (estado, condado, municipio), cada cual con subordinación y procedimientos propios. Además, el racismo y la violencia policiaca que trae aparejada forman parte de una proyección cultural que tiene cientos de años de arraigo en los Estados Unidos.
Sin embargo, ha sorprendido el respaldo que en el sector deportivo, entre los directivos de asociaciones o federaciones, dueños de equipos y deportistas ha tenido la lucha por la eliminación de prácticas racistas y de símbolos del ejercicio de la esclavitud.
Se destacan las decisiones de organizaciones deportivas profesionales como las Ligas Mayores de Beisbol, la Asociación Nacional para Competencia de Autos de Línea (NASCAR) y la Liga Nacional de Futbol.
El 10 de junio, el Comisionado de las Liga Mayor de Beisbol de Estados Unidos, con la presencia de ejecutivos de los 30 equipos que la integran, declaró que el béisbol como institución “puede hacer más” para combatir el racismo sistémico y la desigualdad y anunció donaciones para varias organizaciones que apoyan y luchan por la justicia social, entre ellas el Fondo Legal para la Educación y la Defensa de la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color (NAACP). Dijo el Comisionado: “el momento llama a la acción, a reconocer los males que existen, a mostrar solidaridad dad con la comunidad negra… a ser participantes activos en el cambio social”.
La Asociación Nacional de Competencia de Autos de Línea (NASCAR), una de las más conocidas instituciones de autos de carrera y que desde su creación hace más de 70 años ha tenido como uno de sus principales símbolos la bandera de los estados confederados esclavistas, declaró que la presencia de la bandera confederada ha sido prohibida en todos los eventos e instalaciones de NASCAR. Además, en un video difundido en las redes sociales por corredores de la NASCAR se hizo un llamado a terminar la desigualdad racial y el racismo como reacción ante el asesinato de George Floyd.
Unos 1400 atletas, entrenadores y ejecutivos de equipos de la Liga Nacional de Football (NFL), la Asociación Nacional de Basquet (NBA) y las Ligas Mayores de Beisbol enviaron carta a los miembros del Congreso Federal apoyando la eliminación de la Ley de Cualificación de la Inmunidad, que exime a los policías de responder a demandas por acciones realizadas en el cumplimiento de sus funciones. Se calcula que los aficionados a estos tres deportes en Estados Unidos alcanzan en conjunto a unos 70 millones de personas.
También ejecutivos y deportistas de la NFL y la NBA tuvieron confrontaciones públicas con Trump por discrepancias con las declaraciones y posiciones de cada cual alrededor de las manifestaciones de violencia policial y el racismo.
También se han producido diversas acciones e iniciativas dirigidas a cambiar los estereotipos de carácter racista enraizados en la vida y la mentalidad de los Estados Unidos, especialmente la retirada de numerosos estatuas de personas que en alguna forma estuvieron asociadas con la esclavitud y el racismo, entre ellas de Theodore Roosevelt y del autor de la letra del Himno Nacional de Estados Unidos, Francis Scott Key.
Otros ejemplos son la decisión de la multinacional Quaker Oats de cambiar el nombre y el empaquetamiento de la masa de harina y el sirope de Aunt Jemima, un producto que se comercializa desde hace 130 años; la de Paramount Network de eliminar la serie “COPS”, después de 32 temporadas y 1,000 episodios; la aprobación por parte de una comisión del Senado de Estados Unidos de una resolución instruyendo al Departamento de Defensa cambiar en un plazo de tres años los nombres de 10 bases militares, todas enclavadas en los estado sureños, que llevan los nombres de líderes militares confederados, lo cual ha sido rechazado de plano por Trump, pero que ha recibido el beneplácito del líder de la mayoría republicana en el Senado.
Las encuestas indican que, después del asesinato de George Floyd, la opinión pública considera mayoritariamente que la violencia policiaca constituye un problema serio o extremadamente grave en la sociedad estadounidense.
Serio y grave es también el impacto de la pandemia de la COVID 19. Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial. En las últimas tres semanas, según los datos elaborados por el Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins University, el promedio diario de nuevos casos por semana se ha incrementado de 21,187 en la primera semana a 29,899 en la última. Los mayores incrementos corresponden a cinco estados: California, Texas, Florida, Georgia y Arizona. Las mayores reducciones de nuevos casos se producen en la región Nordeste, particularmente en New York y New Jersey y también en los restantes estados de Nueva Inglaterra, pero la mayor parte de estos últimos son relativamente menores en territorio y población.
El 24 de junio se identificó en Estados Unidos, según el conteo de NBC News, la más alta cifra diaria de nuevos casos positivos de COVID -19 desde el pasado 26 de abril: 45,557, unos 9 mil casos más. Por su parte, la Organización mundial de la Salud (OMS) reportó ese mismo día la más alta cifra mundial de nuevos casos: más de 183.000. Según el sitio www worldometers, ese día en Estados Unidos se acumulaban un total de 2, 453,445 casos de los cuales se habían cerrado 1,154,917 y quedaban activos 1,298,528, esparcidos por todo el territorio nacional, incluyendo las áreas bajo dominio colonial.
Lamentablemente, el relajamiento de restricciones ha ocasionado, como se había previsto por destacados especialistas de la salud, que el prematuro relajamiento de las restricciones ocasionaría un resurgimiento de los contagios y abrumaría la capacidad de respuesta de los hospitales, como está sucediendo ya en Florida, donde solo está disponible el 21% de la capacidad de cuidado intensivo para adultos; en Arizona, el 12%; en California, con un record de 7,149 nuevos casos.
Las autoridades estaduales de New York, New Jersey y Connecticut, tres estados del nordeste estrechamente relacionados, han decidido requerir de todos los viajeros que arriben de estados con cifras crecientes de contagios, que se coloquen en confinamiento personal por catorce días.
El pasado 22 de junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott se dirigió a la población texana para expresarles que “la CODIV-19 se está expandiendo a una tasa inaceptable en el estado de Texas y debe ser acorralada” exhortándola a “cumplir con todos los protocolos de seguridad elaborados por los expertos de salud.” El 24 de junio en Texas se acumulaban 126,945 casos, de ellos 1,930 correspondientes al día anterior, y 17 fallecimientos.
La conclusión más precisa que se puede desprender de estos datos es que a un mes de haberse completado la reapertura de la economía sin reparar en la necesidad de tomar las medidas de seguridad imprescindibles, se están presentando en muchos estados el rebrote de los contagios y , en los últimos días, una tendencia al incremento de los fallecimientos.
Son cifras y medidas que ponen en evidencia que la pandemia en Estados Unidos está lejos de poder ser considerada bajo control.
A solo cuatro meses y seis días de la votación para elegir al nuevo presidente del país, se hace evidente que este asunto será siendo de trascendental importancia, no solo en razón de su afectación para la salud (ya de por sí de gran importancia), sino también por el negativo impacto que tiene desde el punto de vista de la economía.
Están corriendo los últimos días de junio y todavía no aparecen las señales de que la economía avanza “con ganas” como pronosticaba Trump que ocurriría para el 12 de abril, Día de Pascuas.
Las cifras sobre el comportamiento de la economía son escasas y poco confiables, tanto desde el punto de vista de la macro como de la micro economía. Ya se ha confirmado por parte del Departamento de Comercio, que existe la recesión desde el primer trimestre del año, cuando se produjo una contracción del 5% y aunque no hay ninguna información oficial, se rumora que en el segundo trimestre el PIB tendrá una tasa de reducción del 40%.
Tampoco está clara la situación en cuanto al empleo. Inicialmente el Buro de Estadísticas del Trabajo informo que en mayo el desempleo había bajado de un 14,7% al 13.3%, para desdecirse después argumentando que se había producido un error en el procesamiento de los datos y la tasa de desempleo ese mes había sido del 16,5%, pero para defender la integridad de la información no se haría ninguna corrección. (Hay algunos especialistas que sitúan la tasa de desempleo de mayo en un 19,5%).
La economía no despega con la fuerza que deseaban Trump y los gobernadores de los estados y, por el contrario, ha surgido la amenaza de un rebrote de la pandemia en un importante número de estados, lo cual puede obligar (como han estado advirtiendo especialistas, incluso de la propia fuerza de tarea para enfrentar la pandemia creada por Trump) a restablecer las medidas de confinamiento de las personas y restricción del funcionamiento de empresas productivas y de servicios y el consiguiente recrudecimiento de la crisis económica.
Además, se habla de la necesidad de armar un nuevo paquete de ayuda para la reanimación de la economía, por un monto de unos tres billones de dólares, una cifra similar a la del primer refuerzo. (Hablamos de billones a la usanza española; es decir, un billón equivale a un millón de millones).
En estos momentos la perspectiva de la economía estadounidense es incierta. El 10 de junio, Jerome Powell, el presidente de la Junta de la Reserva Federal (especie de banco central de Estados Unidos) expresó: “Estamos firmemente comprometidos a usar nuestras herramientas… para asegurar que la recuperación sea tan fuerte como posible y para limitar daños profundos a la economía”, y que existe “una expectativa general del comienzo de la recuperación económica en la segunda mitad del 2020” pero reconociendo que “lo que se ve es un segundo trimestre muy débil, históricamente débil que crea momento con el tiempo”; que “la caída en el PIB real en el actual semestre posiblemente sea el más severo que se haya registrado”; “que el desempleó no superará la tasa natural hasta fines de 2022”; y que la “expectativa… ciertamente no es el pronóstico de una depresión”.
El nuevo paquete de ayuda por la recesión deberá aprobarse antes del próximo 31 de julio, pero existen posiciones encontradas entre demócratas y republicanos en dos asuntos fundamentales: la ayuda a los desempleados y a los que tienen una situación financiera crítica. El asunto se complica porque hay algunos demócratas y republicanos que no comulgan con las posiciones de sus respectivos partidos.
El asunto principal de confrontación en todo este escenario es la elección del presidente. En circunstancias tan complejas todo se enfoca finalmente en quien será electo presidente el próximo 3 de noviembre: ¿Trump o Biden?
A comienzos de marzo, la situación estaba clara; Trump se consideraba con más posibilidades, con sólido apoyo dentro del Partido Republicano y una base electoral que lo respaldaba firmemente. Del lado contrario, Biden luchaba por asegurar la victoria en las elecciones primarias para garantizar su nominación presidencial por el Partido Demócrata. Y así estaban las cosas hasta que se decretó la emergencia mundial por la enfermedad del nuevo coronavirus.
Hoy, sin dar el paso aventurero de proclamar un eventual vencedor, podemos afirmar que el panorama ha cambiado radicalmente, a pesar de que cada cual tiene garantizada la nominación como candidato a la presidencia de la nación.
Pero sí es posible afirmar que las probabilidades de victoria de Trump se han reducido sensiblemente por la forma chapucera y empecinada en que ha manejado prácticamente todas las situaciones a las que se ha enfrentado en los últimos tres meses y días. Por citar solo algunos ejemplos: no aceptar que la pandemia constituía una seria amenaza a la salud de la población; aferrarse al criterio de que la prioridad era “reabrir” la economía, sin prestar atención a los peligros mortales de la pandemia; romper los vínculos oficiales con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; promover el uso de las Fuerzas Armadas y del Servicio Secreto para reprimir las manifestaciones de protesta contra la violencia policiaca y, particularmente, para que despejaran la Plaza frente a la Casa Banca donde se tomó una foto con la Biblia en la mano.
Las encuestas apuntan a que se han producido disminuciones de la aceptación de la gestión presidencial de Trump y de su preferencia como candidato presidencial frente a Biden, pero al mismo tiempo subsiste una fuerte polarización del electorado según afiliaciones políticas.
Por el momento, la atención de los observadores electorales se enfoca hacia las combinaciones (“roads”, como dicen en el argot estadounidense) de victorias en los estados “oscilantes” que le permitan obtener a uno u otro candidato los 270 “votos electorales” que le abran la puerta de la Casa Blanca para residir en ella hasta el 20 de enero de 2025.
(*) Tomado del sitio Cuabadebate. Su autor fue nombrado jefe de la sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos, entre septiembre de 1977 y abril de 1989. Luego ocupó el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hasta 1994. Y a partir de entonces se desempeñó como embajador cubano en Brasil, hasta el año 2000. Además de sus actividades como funcionario del gobierno cubano, Sánchez Parodi es periodista y escritor.
