Al menos 534 personas murieron en todo el país durante 2019 en sus lugares de trabajo o como consecuencia de los efectos en su salud de su entorno laboral, lo que representa un deceso cada 14 horas si se tienen en cuenta sólo días hábiles.
Según el informe presentado ayer por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), conformado por trabajadores y familiares, «cerca de la mitad de las y los trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes, menores de 40 años», en tanto que la edad promedio es de 42 años.
«Pero también deben resaltarse aquellos casos de personas de edad avanzada, que deberían estar jubiladas y murieron trabajando para -contradictoriamente- ganarse la vida», denunció el documento presentado en el auditorio de ATE Nacional.
En referencia a las causales, el informe describió que la principal es el choque de vehículos: «Esto se da especialmente en transporte de cargas, pero afecta también a otros trabajadores/as que desarrollan sus tareas en la vía pública», indicó.
«Aquí debemos mencionar que la falta de descanso, el apremio por los tiempos, la falta de personal, el no respeto al descanso entre jornadas y semanal, y la falta de mantenimiento de los vehículos son una combinatoria que lleva a la muerte a decenas de compañeras y compañeros», agregó.
Además, entre las causales aparece también «la caída desde altura y/o a pozos», seguida por «el derrumbe de edificios o instalaciones», electrocución, falta de sistemas de seguridad (el enviar -por ejemplo- trabajadores/as de limpieza a áreas de alto voltaje, instalaciones eléctricas sin mantenimiento).
También figuran como causales «golpes, atrapamientos, explosión de calderas, etc., en especial en la industria», describió el documento.
Se trata del segundo informe de BAL: el relevamiento de 2018 había arrojado al menos 375 fallecimientos de trabajadores mientras realizaban sus tareas.
«Este año afianzamos el observatorio con datos propios, lo que nos permitió relevar casos de empleo no formal; además se introdujeron las enfermedades laborales, es decir los casos de personas que murieron fuera de sus lugares de trabajo, pero como consecuencia de las condiciones laborales», describió a Télam Francisco Estrella Gutiérrez, delegado del sector judiciales e integrante de BAL.
Entre los 534 casos relevados, se encuentran algunos que tuvieron repercusión en los medios, como el de la agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Cinthia Choque, que falleció el 8 de septiembre de 2019 al ser atropellada por un vehículo que circulaba a gran velocidad por la avenida Figueroa Alcorta que también dejó gravemente herido el agente Santiago Siciliano.
También mencionaron el caso de los ocho operarios del ingenio Ledesma, en La Esperanza (Jujuy), que murieron el 20 de noviembre de 2019 en una explosión en la destilería, un incendio que se extendió a otros sectores, y el de la docente Ana Zabaloy, que falleció el 9 de junio producto de una enfermedad derivada de la exposición a agrotóxicos de la escuela rural en la que trabajaba.
BAL es un colectivo que nació el 9 de septiembre de 2016: «Ese día en la Ciudad de Buenos Aires fallecieron David Ramallo, de la línea 60; Diego Soraire, del INTA; y Richard Alcaraz, en una obra en construcción; estas muertes nos llevaron a comenzar a juntarnos», dijo a Télam Néstor Marcolín, delegado de la línea 60.
Y continuó: «Nuestro criterio es muy claro: las muertes en los puestos de trabajo de deben a la reducción en los costos de salud y seguridad por parte de los empleadores. Si estas muertes se pueden evitar son asesinatos, por eso dejamos de llamar accidentes laborales y les llamamos asesinatos».
Al pedido de justicia, el espacio fue sumando la creación de un observatorio para registrar los casos y la realización de talleres de formación en seguridad e higiene a delegados de base.
«Nuestro objetivo no es sólo elaborar una estadística que el Estado no hace, sino también organizarnos para cambiar esta realidad», concluyó Estrella Gutiérrez.
Tomado del sitio Infogremiales.
