Un joven oriundo de Las Lajitas denunció que empresarios sojeros están contaminando zonas urbanas en el departamento de Anta con el agrotóxico conocido como glifosato. Es por ese motivo que desde la Fiscalía Penal de Joaquín V. González se ordenó clausurar el predio rural por una «contravención contra el ecosistema». Además, se impusieron medidas de protección para el denunciante ya que fue amenazado de muerte por un empresario local.
Eric Zamora contó que en su localidad se produce el 65% de la producción total de soja de todo el noroeste argentino. «Esta soja es denominada RR, es decir, resistente al Randall que es el nombre comercial del glifosato, considerado por la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno al ser un herbicida de alto espectro», aseveró.
De acuerdo al joven, los vecinos tomaron la decisión de denunciar el uso de agrotóxicos para producir la soja y el maíz transgénico. «Esto lo vengo denunciando desde el 2016 por la vía judicial y no recibía respuesta hasta el momento que se hizo público a nivel provincial. Recién ahora se comunican de la justicia y nosotros planteamos que también es una lucha en contra del Estado ya que garantiza la existencia de estas prácticas», agregó.
Zamora dijo que después de su denuncia, recibió la visita de un empresario sojero, quién se presentó en nombre del intendente y de otros productores de la zona. «El objetivo era llegar a un consenso conmigo ya que se me tomó como un referente y me hizo propuestas económicas, cargos políticos, puestos laborales en las empresas y ante la negativa, terminó amenazándome de muerte. En base a eso y teniendo conocimiento de cómo se mueve la justicia y política en Anta, se puede decir que es muy grande la influencia que tienen y es por eso que no denuncié inmediatamente las amenazas hasta que me asesoré con abogados en Salta Capital», afirmó.
«Queremos que los productores produzcan de otra manera los alimentos porque hoy en día lo que hacen es priorizar ganancias y dejan de lado aquella agricultura ancestral que producía alimentos sanos y ahora la lucha continúa por lo que nos organizaremos», añadió.
A partir de la denuncia, personal policial realizó el acta contravencional correspondiente y la fiscal penal subrogante, Susana Redondo Torino solicitó una medida inhibitoria al Juzgado de Garantías, requiriendo en primer lugar, la habilitación en feria y en carácter de muy urgente ordenar como medida cautelar la clausura del predio en la localidad de Río del Valle.
La fiscal fundamentó la solicitud en el incumplimiento del Código Contravencional de la Provincia, el cual exige tener la certificación de aptitud ambiental para tal actividad para evitar que se cause daño al ecosistema.
Tomado del sitio El Expreso, de Salta.
