La fiscal Verónica Zamboni imputó a Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarini (19), y Blas Sinalli (18) como partícipes necesarios. Para Thomsen y Ciro Pertossi, la acusación por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” prevé la pena de prisión perpetua. Thomsen, de 20 años, es hijo de Rosalía Zárate, arquitecta que se desempeña como secretaria de Obras Públicas del Municipio de Zárate. Por su parte, Ciro Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano y primo de Lucas, también detenidos. La madre de los hermanos Pertossi trabaja como docente y su padre es jefe de la automotriz Toyoya. Todos los Pertossi fueron suspendidos por el club este martes, mientras que vecinos de la zona revelaron que eran conocidos por protagonizar episodios violentos.
La fiscal Verónica Zamboni imputó el martes a los rugbiers Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho como partícipes necesarios del asesinato de Fernando Báez Sosa, cometido el sábado pasado en Villa Gesell. Habrá ruedas de reconocimiento que presenciarán testigos y amigos de la víctima, se trasladarían los imputados a un penal y se someterá a peritaje la indumentaria que habría utilizado la manada asesina, así como también los celulares de los 11 detenidos, incluyendo el de Pablo Ventura, que finalmente fue liberado.
Según Infobae, la resolución de la fiscal con respecto a los rugbiers fue determinada por los “videos y testimonios que los complicaron en la causa”. Uno de los elementos fundamentales fue el registro de una cámara de seguridad de un local cercano al boliche Le Brique -donde se originó la trifulca-, en el que se identificó a los jóvenes que mataron a Báez Sosa.
La filmación muestra con claridad los rostros de cinco de los hasta ahora 10 acusados. Allí se los ve inquietos, conversando preocupados. Tras pasar cuatro días detenidos en la DDI de Villa Gesell, la comisaría 2a de dicha localidad y la 1a de Pinamar, su próximo destino será una cárcel de la provincia.
Más allá de que el Servicio Penitenciario Bonaerense recibió el lunes pasado el pedido de traslado y recepción para admitirlos en un penal de Buenos Aires por parte de la Justicia de Garantías, el mismo aún no fue efectivizado.
La Unidad N°6 de Dolores es el establecimiento carcelario más cercano, sin embargo la sobrepoblación demora la resolución. Según la Comisión Provincial de la Memoria, allí hay un 343% de exceso de detenidos. En 2018 el cupo era de 370 detenidos, pero había 833. Ese mismo año se sumaron 72 nuevas plazas, aunque sigue sin dar abasto. De esta forma se espera que la decena de rugbiers del Arsenal Rugby Club de Zárate vaya a prisión: sólo resta que haya lugar. Hasta el momento la Justicia no pidió ningún penal en particular como destino.
Por lo pronto, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, confirmó que entre hoy y el viernes todos los imputados enfrentarán una rueda de reconocimiento. Los 10 rugbiers serán expuestos ante testigos del hecho y seis amigos de Fernando, que deberán identificar a quienes patearon hasta la muerte al joven de 18 años y señalar el rol de cada uno en la golpiza mortal.
Personas que presenciaron el homicido revelaron detalles de la saña con la que actuó la patota. Incluso, varios testimonios señalan que entre los gritos se escuchó: “Dale que lo vas a matar, vos podés”.
Escoda informó también que las muestras de sangre realizada a todos los acusados se mandaron a analizar a La Plata “para cotejo de ADN de las prendas incautadas a los imputados y muestras de la víctima”, así como “el calzado secuestrado a los detenidos para pericias escopométricas de la impronta que quedó en la víctima”.
De la rueda de reconocimiento participará también Pablo Ventura, el detenido número 11 que recuperó la libertad ayer por la noche tras presentar pruebas que certificarían que no se encontraba en Gesell al momento del crimen. El juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, hizo lugar al pedido de la fiscal Zambroni y aprobó el cese de la prisión preventiva de Ventura.
Zambroni había ordenado tres medidas de prueba para corroborar la coartada del joven de 21 años que practica remo -no rugby-. Los investigadores confirmaron que, horas antes del asesinato, Ventura se encontraba en un restaurante de Zárate junto a su familia. Tampoco aparece en ninguna cámara del boliche de Gesell, ni en las inmediaciones del lugar, ni figura su nombre en el contrato de alquiler de la casa donde residían los rugbiers, que en un primer momento lo señalaron como el responsable de la muerte de Báez Sosa. Además, un examen médico indicó que no presentaba marcas en las manos, ni otros signos de haber participado de una pelea, y cuatro testigos aportaron su relato justificando que estaban con Ventura o que lo habían visto en la localidad de Zárate aquella noche. Otro dato relevante es que el joven calza 50, talle que no coincide con ninguno de los 19 pares secuestrados en la casa donde se hospedaban los imputados, algunos de los cuales tienen manchas de sangre de la víctima. Además, el abogado de Ventura, Jorge Santoro, confirmó que entregaron el celular de su defendido a la Justicia, para que ayude a corroborar en dónde se encontraba al momento del crimen, de acuerdo a las antenas que lo hayan detectado. De la misma forma, la fiscal Zamboni pidió peritar los teléfonos móviles de todos los detenidos.
Ahora bien, resta definir por qué los 10 rugbiers lo señalaron como el responsable del asesinato. El padre del remero habló con la prensa tras la liberación de su hijo y deslizó una posible hipótesis de la incriminación: “Hoy un amigo de los chicos estos me dijo que cada vez que ellos hacían alguna picardía decían: “¿Quién lo hizo? Pablo Ventura”. Es lo que me dijo un amigo de ellos”.
Y agregó: “Yo sinceramente creo que estos chicos no sabían que se había muerto el otro joven. Por eso tiraron Pablo Ventura, yo creo que lo tiraron como una broma. Ni siquiera creo que sea una malicia. Lo han dicho como una joda más, pensarían que el chico no estaba muerto”. Al recuperar la libertad, el joven de 21 años evitó hacer declaraciones: “No voy a hablar, no me siento bien”, dijo al salir de la DDI de Gesell con su padre que le recomendó: “Levantá la cara, no tenés por qué ocultarte”.
Este martes la fiscal Verónica Zamboni imputó a Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Tomás Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarini (19), y Blas Sinalli (18) como partícipes necesarios. Para Thomsen y Ciro Pertossi, la acusación por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” prevé la pena de prisión perpetua.
Thomsen, de 20 años, es hijo de Rosalía Zárate, arquitecta que se desempeña como secretaria de Obras Públicas del Municipio de Zárate. Por su parte, Ciro Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano y primo de Lucas, también detenidos. La madre de los hermanos Pertossi trabaja como docente y su padre es jefe de la automotriz Toyoya. Todos los Pertossi fueron suspendidos por el club este martes, mientras que vecinos de la zona revelaron que eran conocidos por protagonizar episodios violentos.
“No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club en sí, sino en la sociedad de Zárate, de golpizas entre jóvenes y da la casualidad que algunos de los protagonistas son los que están detenidos”, afirmó Marcelo Urra, el apoderado legal de Náutico Arsenal, que incluyó a Alejo Milanesi y Blas Cinalli dentro de la sanción. “Habían tenido problemas en otras salidas en la noche de Zárate, en donde era una práctica habitual golpear a una persona entre varios”, agregó.
En términos legales, se considera que los partícipes necesarios prestaron ayuda o tuvieron algún tipo de comportamiento sin el cual no se podría haber cometido el delito. Por lo tanto, también a ellos les cabría la misma pena.
En Argentina, según señala el artículo 13 del Código Penal, la persona que fuera condenada a reclusión perpetua, una vez cumplidos los 35 años de condena, puede obtener la libertad por resolución judicial, “previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social” con una serie de condiciones. Es decir que, en caso de recibir esa pena, los acusados saldrían en libertad después de los 53 años.
