En un escenario económico complejo para la provincia de Buenos Aires, un grupo de bonistas internacionales se organizaron para facilitar el diálogo y reclamar una reunión con la administración de Axel Kicillof.
Por Cristian Lora (*) / Tras el discurso de asunción del Gobernador en el que trazó un oscuro diagnóstico de las finanzas de la provincia, tenedores de diversos instrumentos de deuda emitidos por la provincia manifestaron en un comunicado satisfacción por las palabras de Kicillof.
El miércoles, el Gobernador aseguró que «la provincia quiere y tiene voluntad de cumplir los compromisos pero necesita tener una estructura de deuda sostenible». Dijo además que se pondría inmediatamente en contacto para buscar entre el gobierno, su pueblo y ellos una solución para este problema.
El documento lleva la firma de Mens Sana Advisors y BroadSpan Capital en carácter de asesores financieros del conjunto de bonistas y señala que los miembros de este comité -representativo de la base más amplia de tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires- planea llevar adelante toda interacción con el Estado bonaerense de forma consistente con los «principios para flujos de capitales estables y reestructuración de deuda justa avalados por el G-20, que incluyen el otorgamiento de información transparente y a tiempo, diálogo abierto, acciones de buena fe y justo tratamiento a todas las clases de acreedores».
LPO adelantó el lunes un informe de la consultora Elypsis que aseguraba que solo el mes que viene, Kicillof deberá enfrentar vencimientos por 725 millones de dólares.
A esos pagos se suman otros 1.980 millones de dólares para el resto del año. El informe argumenta que la re-negociación «es casi inevitable», y el flamante Gobernador «deberá como mínimo, extender el plazo para los vencimientos de capital y compatibilizar la capacidad de pago con el cronograma de pagos».
De acuerdo al cronograma de vencimientos que dejó Vidal, el año 2020 es el más comprometido con un total de 2.705 millones de dólares de vencimientos, de los cuales el mayor monto se concentra en el primer semestre del año.
La deuda pasó de representar el 53% al 87% de PBI provincial entre 2015 y 2019, con el agravante de que en su mayoría la deuda fue emitida bajo Ley Nueva York, lo que hace imposible que vaya a un estiramiento de los plazos o reperfilamiento como el que Lacunza anunció cuando asumió como ministro de Hacienda de la Nación.
«En este caso la solución no puede ser un reperfilamiento como el que decidió unilateralmente el Estado nacional en agosto, dado que la gran mayoría de la deuda de la PBA es con acreedores privados bajo ley extranjera y por tanto requiere un acuerdo voluntario. La Provincia no puede pagar la deuda y deberá renegociarla», concluyó el trabajo de Elypsis.
El miércoles, en uno de los tramos más contundentes de su discurso de asunción frente a senadores y diputados bonaerenses, Kicillof dejó en claro que la caja de 25.000 millones que dejó Vidal «no es suficiente» para atender salarios y otras obligaciones.
«El problema no es cuánto queda en la caja, sino lo que tenemos que atender con esos fondos. Los 25.000 millones que dejaron no alcanzan para atender las obligaciones básicas», dijo Kicillof y agregó que necesita unos 40.000 millones de pesos que deberán ser destinados al pago de haberes para los 600.000 empleados públicos, además de jubilados y pensionados. A eso hay que sumarle -según el mandatario- deudas de servicio inmediato.
Pero, además, tendrían que disponer de otros 50.000 millones de pesos para el compromiso con proveedores, que registra cinco meses de atraso.
(*) Tomado del sitio La Política On Linea (LPO).
