Los cuatro años de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, encabezados por María Eugenia Vidal, dejaron un saldo negativo en materia de seguridad, en especial en torno al estado de situación en las cárceles. Si bien el cupo para el sistema penitenciario de la provincia es para 28.810 personas, actualmente aloja a 48.827. A las denuncias por malos tratos, violencia institucional y condiciones de hacinamiento de esa población, se le suma la muerte de 10 privados de su libertad carbonizados en la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría en 2018 –la mayor tragedia en una dependencia policial en la historia bonaerense – y, recientemente, la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria, que decantó en una huelga de hambre que ha ido sumando adherentes.
Por Vicky Castiglia / “En la mayoría de las inspecciones a cárceles realizadas durante el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre. En los últimos meses, se agravó la falta o carencia completa de alimentos en los depósitos de las unidades penitenciarias. Situación que ya fue reconocida por funcionarios de la justicia y autoridades carcelarias”, advertía el organismo a principios de diciembre. El jueves pasado se inició la huelga y por estas horas alcanza a casi un 20 por ciento del total de los internos, distribuidos en pabellones de Sierra Chica, Lisandro Olmos, Mercedes, Dolores, Azul, Los Hornos, Campana, Florencio Varela, Magdalena, Lomas de Zamora y San Martín.
En uno de los petitorios que están en circulación, se especificaron los motivos del reclamo y se exige, a corto, mediano y largo plazo que las decisiones judiciales respeten los estándares y pautas que deben observarse en los tratados internacionales que regulan el instituto de la prisión preventiva y el plazo razonable del proceso penal; se promuevan, ejecuten y activen los mecanismos que posibiliten alternativas a la medida cautelar de la prisión preventiva ; se revea la forma en que deben ser elaborados y confeccionados los informes técnico-criminológicos; se impulsen leyes o proyectos que aborden la emergencia y crisis que atraviesa el sistema penitenciario tanto provincial como nacional; se utilice el mecanismo constitucional de la conmutación de penas – de usarlo podría atenuar el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria; se evalúe la posibilidad de derogar por inconstitucionalidad el paquete de las denominadas «Leyes Blumberg», y las reformas del 2017-; y que se solicite al Congreso Nacional un avance en materia de legislación penal que procure el derecho penal de acto y sea respetuoso de los Derechos Humanos.
“Nuestra lucha es por los derechos y libertades que se corresponden con la dignidad de la persona humana. Por lo expuesto, solicitamos el empleo de los mecanismos institucionales que posibiliten el tratamiento de los puntos reseñados. En ese marco, entendemos que la complejidad del asunto requiere de una ardua tarea y un prolongado compromiso por parte de los poderes del estado, de las ONG y de la sociedad en su conjunto. En ese orden de ideas, comprendemos que las soluciones que se postulan por el presente, quedan circunscriptas a las condiciones del corto, mediano y largo plazo, por lo cual debemos comprender la dimensión del asunto en cuestión. Entre todos podemos hacerlo, merecemos una sociedad que venza las lógicas del dolor y la venganza”, sostienen el petitorio.
Frente a este estado de situación, son varios los organismos que han manifestado su apoyo en los últimos días, entre ellos, las Asociaciones “La Cantora; Miguel Bru; OTRANS Argentina; e HIJOS la Plata; patrocinados por el abogado Adrián Corvalán, presentaron una medida cautelar anticipada ante los tribunales platenses por la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires. “Nos preguntamos cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de Eugenia Vidal, NO alimenta a la población carcelaria. ¿Es por su odio de clase?, ¿Por acuerdos con los proveedores de alimentos?, ¿O la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos”, señalaron al tiempo que responsabilizaron a la gobernadora saliente y sus funcionarios de los conflictos que puedan surgir al interior de las cárceles bonaerenses y denunciaron que han incurrido en la figura de abandono de personas.
Por su parte, desde el Área de Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvieron que “el crecimiento espiralado de la prisionización en la Provincia de Buenos Aires y la sobrepoblación así como las graves condiciones de detención constituyen una sistemática, sostenida y generalizada violación a la integridad personal”. En ese sentido, alertaron también que “sumado a las condiciones de detención se encuentra el hecho de que casi la mitad de la población detenida no tiene sentencia firme, incumpliendo obligaciones constitucionales e internacionales” y recordaron que “el derecho a peticionar a las autoridades es uno de los pilares de los sistemas de derechos humanos”, por lo que la huelga de hambre pacífica que se encuentran desplegando en varios penales del SPB es el corolario de numerosos intentos previos de búsqueda de instancias de diálogo respetuosas de los canales de comunicación creados para el caso”.
Desde Proyecto Mecha, en tanto, exhortaron a la Gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para revertir las preocupantes condiciones de detención y que se tomen en resguardo los derechos de las presas y presos. Además exigimos que el Poder Judicial y la Subsecretaria de Derechos Humanos intervengan de manera efectiva para resguardar la vida de los huelguistas y evitar las represalias por parte del Servicio Penitenciario.
El próximo viernes, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentará su informe anual de la situación represiva a nivel nacional. Este nuevo trabajo coincide con el final de la gestión nacional de Mauricio Macri, por lo que el eje del informe, según adelantaron, será el análisis del saldo más que crítico que deja Cambiemos, “con records absolutos que confirman que fue el gobierno más represor desde 1983” y que incluye gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías, femicidios de uniforme, desapariciones forzadas. Evidentemente, el legado de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires ha estado a la altura de la administración nacional.
