El golpe de Estado en Bolivia ha planteado un escenario geopolítico en la región que tendrá una fuerte influencia sobre la Argentina y el futuro gobierno de Alberto Fernández. En el marco de un decisivo realineamiento, tanto a favor como en contra del golpe, este nuevo escenario marcará de ahora en más la relación entre los países con gobiernos conservadores y progresistas.
Por Rodolfo Colángelo (*) / Para entender las razones del golpe contra Evo Morales es preciso destacar que durante su gobierno, Bolivia comenzó a crecer al 4 % anual, la inflación es del 2 % anual y se redujo la pobreza del 40 % al 11 %.
Se inició un proceso de industrialización que permitió bajar la desocupación al 4 % y hubo una redistribución de la riqueza en base a la nacionalización de los hidrocarburos, que le generaron ingresos por más de u$s 35 mil millones al año cuando antes, en manos privadas, era de u$s 5 mil millones.
El litio, mineral estratégico, es otra de las razones que permite desentrañar las razones del golpe. Bolivia tiene uno de los yacimientos más importantes del mundo de este mineral, tan codiciado como el petróleo ya que se utiliza en la electrónica y en todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, incluida la armamentística. El país trasandino estaba en proceso de industrialización en acuerdo con China.
El proceso boliviano fue calificado como “milagro” por las principales universidades europeas y norteamericanas, por el grado de inclusión social alcanzado, y en igual sentido se expresaron analistas económicos liberales y heterodoxos. En otros términos, Bolivia asomaba como una pequeña potencia soberana en la región, una verdadera cuña al estilo –si vale la comparación- del Paraguay de Francisco Solano López, destruido por la guerra de la Triple Alianza impulsada por Inglaterra.
El presidente norteamericano Donald Trump felicitó a las Fuerzas Armadas bolivianas por su rol en el derrocamiento de Evo Morales, mientras que el futuro jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, fue el primer dirigente en calificarlo como golpe de Estado y gestionó personalmente el asilo político del mandatario boliviano en México.
Para Trump “se hizo respetar la Constitución y el retorno a la democracia” ante lo que consideró “elecciones fraudulentas”. En cambio, Fernández sostuvo que los Estados Unidos habían vuelto a lo peor de la década del 70, cuando impulsaba golpes de Estado en la región.
La OEA (Organización de los Estados Americanos), a través de su secretario general, Luis Almagro, también consideró que el golpe de Estado se dio por el presunto fraude electoral y hasta sostuvo que Evo había montado un “autogolpe”. Curiosamente, nadie mencionó que el candidato presidencial opositor, Carlos Mesa, había señalado tiempo antes de las elecciones que desconocería el triunfo de Morales más allá de cualquier porcentaje de votos. La duda es: ¿el golpe se hubiese gestado igual si Evo obtenía un 60 % de votos en lugar de la cuestionada diferencia de 10 puntos sobre Mesa?
Mientras Trump apoyó el derrocamiento de Evo Morales y el presidente brasileño Jair Bolsonaro se mostró exultante, el mandatario chileno, Sebastián Piñera no tuvo tiempo de ocuparse ya que enfrenta una situación crítica en Chile por las sucesivas manifestaciones contra su modelo económico y social. Mientras tanto, Perú y Colombia guardaron silencio, pero el presidente peruano negó el paso por su espacio aéreo del avión que llevó a Evo a México. El gobierno paraguayo en tanto, se ofreció a darle asilo, pero nadie habló de golpe de Estado. Y el gobierno saliente de Mauricio Macri rechazó calificarlo como tal.
El gobierno uruguayo se pronunció contra el golpe, pero está en duda si el Frente Amplio triunfará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que podría ganar el Partido Nacional.
En este contexto, Alberto Fernández se proyecta como el único presidente progresista en la región, rodeado de un “cordón sanitario”, según la expresión de un analista político. Ahora busca la salida estableciendo una alianza estratégica con México y fortaleciendo al grupo de Puebla, que lo integran ex mandatarios progresistas a los que se sumarán Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera.
Cuando la situación del golpe aún no estaba definida, Jeanine Áñez Chávez se autoproclamó como presidenta interina. Pero lo hizo frente a una Asamblea Legislativa vacía. Áñez cuenta con el apoyo del empresario del gas, Luis Camacho, cuyos yacimientos fueron nacionalizados por Morales.
El golpe, armado desde la provincia de Santa Cruz, tiene un contenido racista contra las mayorías indígenas que habían hegemonizado el control político de Bolivia, y un fuerte componente religioso evangelista. Camacho ingresó al Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano, con una Biblia para “echar a la Pachamama y traer a Dios”, proclamó.
En tanto, la resistencia al golpe tiene su epicentro en El Alto, en la ciudad de La Paz, bastión de Morales, donde viven cerca de un millón de personas. El Alto es también base de los Ponchos Rojos, especie de milicia aymará que respalda al presidente derrocado.
Según la presidenta interina, habrá elecciones el próximo año en Bolivia, pero seguramente sin el MAS, el partido de Evo que tiene mayoría en las Cámara de Diputados y en el Senado. Pero nada parece definitivo en este proceso.
(*) Texto tomado del sitio Pulso de los Pueblos.
