Destacan papel del pueblo ante el proceso que se abre y explicaron que el PC mantiene un punto de diferencia, porque “el quórum de dos tercios que se acordó para que fueran aprobadas las materias que se van a discutir y que van a formar parte de la nueva Constitución, es muy alto”.
El presidente del Partido Comunista de Chile (PC), Guillermo Teillier, destacó este viernes el papel relevante que debe jugar la ciudadanía ante el proceso que se avecina hacia el logro de una nueva Constitución.
En entrevista a Radio Nuevo Mundo, consignada por la agencia Prensa Latina, Teillier consideró, en referencia al acuerdo firmado este viernes por 11 partidos de oposición y oficialistas, como ‘un paso adelante innegable’ que se haya logrado establecer un plebiscito para definir el mecanismo que permitirá redactar una nueva carta magna.
Puntualizó que aunque el PC no firmó ese acuerdo ‘vamos a participar de todo el proceso, indudablemente, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, y después en todo el proceso que venga para adelante. La lucha no ha terminado, la lucha sigue’.
Añadió que esto tiene que darse no solo en la creación de las condiciones para el plebiscito, sino también en respuesta a la situación de los trabajadores, los bajos salarios y pensiones, los problemas en salud, de adultos mayores y otros.
Asimismo subrayó que ningún militante de partido de izquierda pudiera sentirse fuera de este proceso, en el que ‘todos tenemos que ver, pero sobre todo el movimiento social, las organizaciones de trabajadores, que llevaron y obligaron al gobierno a tener que ceder absolutamente en sus posiciones’.
Sobre lo que viene, el también diputado sostuvo que ‘la ciudadanía va a tener un papel relevante, tiene que estar muy atenta a lo que se esté discutiendo en esta asamblea, y tiene que pensar muy bien a la hora de elegir a los constituyentes, de quiénes van a ser, tiene que elegir a una mayoría contundente de quienes están por los cambios’.
Con relación al acuerdo alcanzado hoy explicó que el PC mantiene un punto de diferencia, porque ‘el quórum de dos tercios que se acordó para que fueran aprobadas las materias que se van a discutir y que van a formar parte de la nueva Constitución, es muy alto’.
Abundó que ‘eso hace muy difícil que se pueda pasar por encima de algunas cuestiones que están en la actual Constitución. Ese es un tema que tendrá que resolverse de alguna manera’.
Ello, insistió, ‘puede dificultar que muchas de las demandas que se hacen respecto a esta nueva Constitución, no puedan llegar a puerto. La derecha anoche lo dijo muy claro, es el resguardo que ellos pusieron para dar este paso hacia una nueva Constitución. Ese es precisamente el quórum. Ahí hay un problema’.
En tanto, el diario Ámbito Financiero y otros medios informan hoy que el gobierno y la oposición acordaron esta madrugada en Chile una hoja de ruta para dotar al país de una nueva Constitución y consensuaron convocar a un plebiscito que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, cuáles son los mecanismos de reforma que prefiere.
La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y pone a Chile en el camino hacia una Constitución que sustituya a la actual, sancionada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue señalada como el gran escollo para construir un país más justo por la ciudadanía en la actual crisis social, que dura ya cuatro semanas y dejó al menos 22 muertos, además de numerosos heridos y detenidos.
El plebiscito resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución.
En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quorum de dos tercios de sus miembros.
Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio, consignaron medios locales y las agencias de noticias EFE y Europa Press.
El acuerdo, bautizado como «Por la paz social y la nueva Constitución», atiende a la «grave crisis social y política» que vive el país, «a la movilización de la ciudadanía» y al llamado que hizo este martes el presidente Sebastián Piñera, tras una jornada de alta agitación y graves hechos de violencia, por la unidad para alcanzar la paz, la justicia social y la nueva Constitución, según recoge el documento.
El pacto fue anunciado esta madrugada y se logró tras dos largas y febriles jornadas de debates entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
«Es una jornada histórica para Chile y para la democracia», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo ante los medios de comunicación.
Quintana señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre «una serie de injusticias e inequidades» que los chilenos han señalado en sus manifestaciones.
«Esta respuesta que están dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada», sostuvo Quintana.
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra el cuarto aumento del precio del subte en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor ciudadano y propuso una «agenda social».
Para hacerla realidad, remodeló el gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas por parte de los Carabineros.
¿Por qué Chile todavía tiene una Constitución heredada de la dictadura?
Con la decisión de convocar un referéndum sobre la redacción de una Constitución, una de las principales reivindicaciones de los manifestantes de este último mes, Chile parece decidido a pasar página a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Constitución chilena fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante el régimen militar. Su ideólogo fue el profesor de derecho y senador de extrema derecha Jaime Guzmán.
El texto fundamental se redactó a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. El texto incluía quorum muy altos para cualquier cambio sustancial de la Carta Magna.
La Constitución tenía que redactarse de tal forma que «si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría», explicó en su momento Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha conservadora.
Una ley constitucional también estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció particularmente a los partidos de derecha.
A pesar de la transición política, Augusto Pinochet (1915-2006) no abandonó la política realmente hasta diez años después del final del régimen militar. Siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998 y senador hasta 2001.
Durante la transición, los partidos políticos democráticos «tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura. Y eso condicionó luego todo el proceso político. Entonces claro, pudo haber habido razones de prudencia política, evitando que se entrampara la transición», subraya Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales.
Desde la década de los 90, la Constitución chilena fue enmendada una decena de veces. La reforma de 2005 eliminó los principios más antidemocráticos, como permitir el despido de jefes militares sin consulta previa al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que tuvo gran peso durante la dictadura. Los senadores pasaron a ser elegidos.
Esta reforma fundamental se produjo bajo el mandato del presidente de centroizquierda Ricardo Lagos (2000-2006), luego de alcanzar un importante acuerdo político.
La presidenta socialista Michelle Bachelet, en su segundo mandato (2014-2018), sometió a votación un cambio del sistema electoral que reemplazó la elección binominal por un sistema proporcional moderado que garantiza una representación más amplia de las fuerzas políticas.
Por otro lado, la Constitución chilena no establece que deban ser privadas la salud, la educación ni el sistema de pensiones, que son los tres pilares de las reivindicaciones de los manifestantes en las calles.
«Pero establece principios que limitan la acción del Estado y promueve la actividad privada», explica el profesor de derecho constitucional, Sebastián Zárate, de la Universidad de los Andes.
Unos días después de asumir su segundo mandato en 2018, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que no permitiría que se revisara un nuevo proyecto de ley sometido en el Congreso por Bachelet para una nueva reforma de la Constitución.
Este proyecto incluía la inviolabilidad de los derechos humanos, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres.
Ante la presión de la calle, Piñera ha tenido que abrirse a un eventual cambio constitucional que podría afectar los intereses económicos de su electorado, particularmente en sectores, en gran parte privatizados, como la salud y la educación.
Hasta ahora, el presidente ha descartado la idea de una Asamblea Constituyente, como lo exigen la oposición, varias organizaciones sociales y los manifestantes, que además quieren que se haga con una «amplia participación ciudadana» para garantizar la «legitimidad» del nuevo texto.
El acuerdo alcanzado ayer permitirá a lo chilenos votar si el órgano encargado de modificar la Carta Magna es una Asamblea Constituyente, una idea que ya había surgido en el debate de la campaña electoral de 2013, cuando una movimiento de la sociedad civil bautizado «Marca tu voto» invitó a los electores a escribir la mención «AC» (por Asamblea Constituyente) en su boleta electoral.
