La estrategia apunta al control de los recursos mineros de ese país y para ello, los expertos del Departamento de Estado priorizaron desalojar y si fuere posible asesinar a Evo Morales. Estaba previsto desde antes de las últimas elecciones y la decisión fue apurara su desenlace o fase final si Evo Morales se imponía en las urnas. Se contemplaba una “transición cívico-militar que no reconozca la victoria electoral de Evo y alegue el fraude durante los comiciosy la instalación de un clima de inestabilidad y violencia en el país. Para ello se contó con una Coordinadora Nacional Militar a cargo del entrenamiento de al menos 3.000 comandos civiles provenientes sobre todo desde Santa Cruz de la Sierra. Esos “para” se insertarían en las protestas convocadas durante para aquellos días con la orden de provocar confrontaciones violentas con la policía. Estas acciones se acompañarían por un levantamiento militar, siendo la Coordinadora Nacional Militar, con el apoyo de la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz, quienes organizarían las acciones.
El programa de EE.UU. preveía la posibilidad de un gobierno “de transición” con sede Santa Cruz para consolidar los planes de oposición de dividir el país en dos frentes Occidente y Oriente, lo cual generaría una situación de caos que conllevaría a una posible guerra civil.
Ya el 23 de octubre pasado los sitios Cuba Debate y Nicaragua Rebelde informaban lo siguiente.
La Embajada estadounidense ha estado dando seguimiento permanente a la entrega de las armas y municiones a través de colaboradores secretos. Embarcaciones llenas de armas han estado realizando viajes desde Estados Unidos, específicamente Miami, al puerto de Iquique (Bolivia) que está cerca de la frontera con Chile. Estas armas y municiones son enviadas dentro de contenedores cuya carga declarada es de artículos de miscelánea. Los contenedores son recibidos por personas que no están vinculadas a la oposición, los cuales fueron reclutados con el solo propósito de aportar sus nombres y retirar los contenedores del puerto.
El ciudadano boliviano Juan Carlos Rivero es quien está a cargo de comprar las armas en Estados Unidos y hacerlas llegar a la Coordinadora Nacional Militar en Bolivia. Esta persona está en coordinación directa con el político opositor radicado en Estados Unidos, Manfred Reyes, quien además está vinculado a la embajada de Estados Unidos en La Paz.
La Embajada estadounidense ha estado dando seguimiento permanente a la entrega de las armas y municiones a través de colaboradores secretos. En este sentido han estado reuniéndose, de manera secreta, con los principales líderes de la oposición boliviana en función del financiamiento y asesoramiento a las acciones planificadas, entre estos se destaca el presidente del Comité Cívico La Paz, Jaime Atonio Alarcón Daza.
Las armas que han enviado a Bolivia incluyen municiones de diferentes calibre, pólvora, máquinas para fabricar y calibrar proyectiles, estuches de rifles y pistolas.
Paralelamente, los comités cívicos estuvieron reclutando a ciudadanos bolivianos para comprar los votos a favor del candidato para la oposición Carlos Mesa, por el valor de 50 dólares por votante. El pago se llevaría a cabo después de realizada la votación, para lo cual las personas tendrían que mostrar una foto con la boleta marcada.
Se relata la estrategia que el Departamento de Estado norteamericano había diseñado para potenciar al candidato presidencial Oscar Ortiz. ¿Quién ha estado llevando a cabo esta estrategia política diseñada por Estados Unidos?
Su nombre es Erick Foronda Prieto y está actualmente de manera clandestina en La Paz para llevar a cabo acciones encubiertas en favor de Oscar Ortiz, por orientaciones de la Embajada de Estados Unidos.
Su trabajo consiste esencialmente en asesorar la campaña política de Ortiz y apoyar el trabajo con la prensa para la filtración de información de uso sensible contra sus adversarios electorales, principalmente el candidato del MAS y actual presidente del país, Evo Morales.
Erick Foronda fue una de las piezas claves en la organización de la campaña por el “No” durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales en Bolivia.
Erick es un periodista boliviano que llegó a ser jefe de redacción de los medios de prensa Última hora y La razón.
Está vinculado directamente a la embajada de Estados Unidos en La Paz, donde trabajó durante casi 20 años en la oficina de prensa, posición desde la cual jugaba un rol importante en la obtención de información para la misión diplomática estadounidense sobre sectores periodísticos y políticos bolivianos, en función de crear escenarios favorables para ese país.
Por la importancia de las actividades legales y encubiertas que realizaba para la embajada norteamericana, Foronda se convirtió en una persona de confianza, estableciendo un vínculo estrecho con el exembajador norteamericano Philip Goldberg.
Erick Foronda fue una de las piezas claves en la organización de la campaña por el “No” durante el referéndum constitucional para la reelección de Evo Morales en Bolivia.
Siguiendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos estableció sistemática comunicación con los medios de prensa bolivianos favorables a Estados Unidos, para obtener información de interés en función de potenciar la victoria del “No”. Un ejemplo de esto son los artículos publicados en la prensa boliviana con respecto a la supuesta relación afectiva entre Gabriela Zapata y Evo Morales.
Igualmente, la embajada norteamericana ha usado a Oscar Ortiz para influir sobre los líderes principales de la oposición.
A pesar de que la sede diplomática estadounidense ha estado trabajando en función de consolidar a Oscar Ortiz sobre Carlos Mesa, su propósito principal es sacar a Evo Morales del poder.
Por su parte, el sitio RT, de Moscú, el 13 de octubre de 2015 se anticipaba a los hechos con las siguientes revelaciones.
La Casa Blanca ha hecho un seguimiento secreto del presidente boliviano, Evo Morales, mediante una operación clandestina denominada ‘Rey Desnudo’. Un informe publicado el mes pasado por el periódico ‘Huffington Post’ y basado en documentos de la justicia presentados por un exinformante confidencial de la DEA, Carlos Toro, confirmó las sospechas del presidente Evo Morales sobre la actividad subversiva de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, en el país latinoamericano. La información presentada por Toro revela que uno de los objetivos principales de la DEA en el país andino era comprobar la supuesta relación del entorno íntimo de Morales con el narcotráfico en Bolivia. «El colombiano Carlos Toro, exagente de la DEA que estuvo infiltrado en el cártel narcotraficante de Medellín, también participó en la campaña contra Evo Morales», afirmó el periodista y escritor Nil Nikandrov en un artículo publicado por el portal FondSK.
El analista explica que «Carlos Toro figuró como capo de la droga durante veinte años antes de retirarse a EE.UU. y se dice que ahora teme ser extraditado a Colombia» porque si esto sucediera «no sería difícil pronosticar su futuro», añadió. Según el experto, si los funcionarios estadounidenses realmente poseyeran información que demostrara la implicación en tráfico de drogas de Morales y de miembros de su Gobierno ya la habrían utilizado hace tiempo. «La intensificación de la propaganda sucia contra el presidente boliviano y sus colaboradores demuestra los futuros planes de la inteligencia norteamericana para desestabilizar este Gobierno», afirmó el analista.
Evo Morales expulsó a la Administración para el Control de Drogas (DEA por siglas en inglés) de su país en 2008 acusándola de sobornar a los funcionarios, de violar derechos humanos, de encubrir asesinatos y de otros delitos. Posteriormente, las autoridades bolivianas lanzaron su propia estrategia contra el narcotráfico. Los esfuerzos de su equipo cosecharon un éxito considerable. Según datos de la ONU, La Paz logró reducir los cultivos de hoja de coca en más de un 30% desde 2010. Sin embargo, EE.UU. incluyó a Bolivia en su lista negra de países que no combaten el narcotráfico.
En tanto, la escalda golpista también se apresura a partir de febrero pasado. Para ese entonces el sitio Sputnik News consignaba lo siguiente.
Bolivia y China sellaron un acuerdo para invertir unos 2.300 millones de dólares en proyectos de explotación e industrialización de litio y otros productos de dos salares del país sudamericano, profundizando una alianza estratégica de alcances económicos y políticos. Analistas expertos consideran que a raíz de sus reservas de litio y gas, Bolivia es, en términos estratégicos, uno de los territorios más ricos del mundo.
«En China estamos abriendo su mercado para varios productos agropecuarios, ahora también estamos abriendo mercado para litio boliviano en China», decía el presidente Evo Morales tras la firma del acuerdo entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio de firmas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng.
Con el convenio firmado en la ciudad altiplánica de Oruro (oeste), en un acto transmitido por la televisión estatal, suman más de 4.000 millones de dólares los proyectos ya ejecutados o comprometidos para el próximo quinquenio en el plan boliviano de aprovechamiento de sus enormes reservas de litio.
YLB y sus socios chinos explotarían los salares de Coipasa y Pastos Grandes, donde en cuatro o cinco años estaría montada una cadena de fábricas de sulfato de potasio, hidróxido y carbonato de litio, ácido bórico, bromuro de sodio y litio metálico.
El acuerdo incluye la construcción de una fábrica de baterías de ion litio en China, con participación de YLB.
Otro socio destacado de Bolivia en el litio es Alemania, a través de la empresa ACI Systems, que participa en una inversión de poco más de 1.300 millones de dólares en proyectos en el salar de Uyuni, el más grande del país, que incluyen la fabricación de baterías de ion litio para la industria automovilística germana.
Morales destacaba que la proyección política y económica de la explotación de los salares altiplánicos donde se estima que hay al menos 30.000 millones de toneladas de litio, la mayor reserva mundial de ese metal ultraliviano de creciente demanda.
«Primero recuperamos la patria, los recursos naturales, ahora estamos con la industrialización de los recursos naturales», afirmó Morales, relievando la apertura del mercado chino para productos agropecuarios locales como quinua, café, soja y carne de res, pactada a mediados de 2019 cuando él visitó Beijing.
«Esta alianza de China, el mayor productor de vehículos y mayor consumidor de litio del mundo, y Bolivia, como el país con la mayor reserva de litio, es una alianza estratégica muy importante en el mundo y significa enormes potencialidades de cooperación en el futuro», dijo.
Señalaba que China, que fabrica más de 30 millones de automóviles al año, tiene actualmente una demanda anual de 800.000 toneladas de litio.
«Esta alianza en la industrialización de litio muestra nuestra profunda confianza política mutua y también ostenta el nivel de desarrollo de las relaciones entre ambos países (…), esto significa que vamos a intensificar y profundizar nuestra cooperación en todas las áreas», agregó el diplomático.
Morales apuntó entonces que el consorcio Xinjiang Tbea Group-Boacheng se impuso entre siete grupos de Rusia, China, Alemania e Irlanda que participaron en la correspondiente licitación internacional.
La inversión anunciada, que será precisada en función de los estudios de diseño final que forman parte del acuerdo, prevé la producción de 450.000 toneladas métricas/año (TMA) de sulfato de potasio, 60.000 TMA de hidróxido de litio, 60.000 TMA de ácido bórico, 10.000 TMA de bromo, 10.000 TMA de bromuro de sodio y cantidades no reveladas de carbonato de litio y baterías.
China se ha convertido en la última década en importante socio de Bolivia, con financiamiento y participación de sus empresas en diversos proyectos de infraestructura.
La semana pasada, la firma china Sinosteel inició la construcción de la primera acería boliviana, proyecto de más de 500 millones de dólares en el yacimiento de Mutún, en un acto en el que también estuvo presente el embajador Liang Yu.
La decisión puesta en marcha por el gobierno de EE.UU., con el apoyo de su gigantesco aparato corporativo privado, en alianza con los oligopolios mediáticos se dirige a toda América Latina, región del planeta que por consiguiente está en peligro extremo desde el punto de vista de sus soberanía y ya de por sí débiles regímenes democráticos.
En ese sentido, es interesante considerar lo que un medio argentino como La Política On Line, al que no se lo puede calificar de perteneciente a la izquierda ni a los proyectos “populistas” o progresistas publica este martes.
El título de la nota consignada en México es “Bolivia, el punto cero del nuevo militarismo que impulsa Estados Unidos en la región”, ya de por sí un claro enunciado político.
Y resume lo que a continuación pasamos a reproducir.
El senador republicano Tom Cotton lanzó la nueva doctrina: los militares han adoptado un nuevo rol en América Latina y se han convertido en garantes del orden constitucional frente a los reclamos de las sociedades. Semanas atrás el senador republicano Tom Cotton, figura prominente en el comité de Fuerzas Armadas del Capitolio en Washington tuvo una larga intervención en la cual expresó la idea de que los altos oficiales militares han adoptado un nuevo rol en América Latina al ser garantes del orden constitucional frente a los reclamos de las sociedades. El legislador de Arkansas mencionó los casos recientes de Ecuador y de Chile, cuyos altos mandos militares, al igual que en el caso mexicano, tienen predilección por la educación del Pentágono.
Según Cotton, así como en la década del 70 los militares eran los interruptores naturales de la legalidad en la región, ahora, en este siglo XXI, se han convertido en los reaseguros de la misma. El caso de Bolivia estaría demostrando lo contrario. El fin de semana el presidente Evo Morales tuvo que renunciar porque, según el mismo declaró, recibió una amenaza del Ejército de su país que lo llevó a dejar el cargo para preservar la paz social.
La situación boliviana está más cerca de lo que escribió el periodista Max Fisher en The New York Times la semana pasada. El editorial titulado «Un juego muy peligroso: en América Latina los líderes cuestionados se apoyan en generales», analiza los riesgos de la centralidad que están adquiriendo los militares en las democracias de la región. Una advertencia que por estas horas adquiere una dimensión de realidad absoluta.
Este giro de Washington en favor de fortalecer los militares en Latinoamérica se vio primero y claro en el respaldo total al ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro para que asuma junto a un grupo de generales la conducción de Brasil y quedó transparentado este lunes en el respaldo público que hizo el propio Trump a los militares que empujaron la renuncia de Evo Morales.
En México, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador el mando militar actúa bajo la noción de que, ante la imposibilidad de resolver el drama de la inseguridad, al Gobierno no le ha quedado más opción que transferir esa responsabilidad a los militares y su conocimiento. Por cierto: un concepto que se cristaliza a diario en las reuniones matinales de seguridad, donde detrás de cada problema, el diagnóstico militar es que las autoridades civiles se equivocaron o fueron omisas.
El presidente conoce esa tesis y por eso el empeño en seguir sosteniendo a Alfonso Durazo, un civil, en la secretaria de Seguridad. No se trata de Durazo, sino de que los militares no reclamen ubicar a un general en esa dependencia estratégica. Desde el desastre de Sinaloa ya hubo dos propuestas muy discretas en Palacio Nacional y una de ellas llegó con el aval de una importante sede diplomática. A los dos días de ese movimiento el presidente dijo públicamente que en México no habría un «golpe militar».
Esa narrativa que viene con la carga de expresar que los uniformados no son infalibles se hizo presente en la audiencia a puertas cerradas que Durazo tuvo con un grupo de senadores hace dos semanas, donde por cierto reiteró que no renunciaba.
Ese encuentro dejó en el aire un dato curioso: en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto ya había sido girada a México la orden de captura contra figuras clave del cartel de Sinaloa. La orden llevaba firma de un juez del distrito de Columbia en EU. Según se dijo en esa reunión restringida, desde la Sedena llegó la recomendación de no actuar.
El Gobierno de Morena reaccionó de inmediato con la crisis boliviana. El canciller Marcelo Ebrard habló de golpe de estado y horas antes AMLO había dicho que Evo Morales «fue valiente» al preservar al pueblo ante una escalada de violencia. Los dos mensajes en realidad tienen a sus destinatarios fronteras adentro: el Gobierno se muestra duro ante cualquier interrupción al orden legal en la región y al valorar a Morales en realidad AMLO se reivindica así mismo por su decisión de liberar a Ovidio Guzmán y evitar que Culiacán estallara.
El golpe en Bolivia y el intento de asesinato contra Evo Morales interpela a toda la región, que está en peligro.
