La ley número 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue una de las experiencias de movilización social de mayor densidad de todas las que se vivieron durante la década del kirchnerismo en el gobierno, y quizá se encuentre entre las de mayor participación ciudadana en su proceso de gestación, de la historia legislativa de los argentinos. Que los especialistas lo confirmen o desmientan. A diez años de su sanción, tras cuatro de soportar la pesadilla económica, política y cultural que significó la reinstalación de la derecha bestial, de la mano de un lumpen empresario y su pandilla, y al borde de, como todas las encuestas indican, un triunfo en la urnas de la fórmula Alberto Fernández- Cristina, mucho preocupa que se relativice por arriba, en términos debate púbico, aquello que constituyó el núcleo vital de la Ley: la consagración de la Comunicación como un derecho de los pueblos, protegido por el Estado. Lo que será tópico del presente texto.
Por Víctor Ego Ducrot (*) / Lo primero que quiero señalar es que, como en tantos capítulos de la historia de las reivindicaciones y luchas colectivas, la Ley que recordamos se sanciona en Argentina casi como consagración de una antigua aspiración y de tantas iniciativas, como lo fueron por ejemplo, y solo como citas entre otras posibles, la creación de las agencias nacionales de noticias, como Telam, propuesta en 1945 por el secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, y varios años más tardes, en las luces primeras de la pasada década del ’60, el lanzamiento en La Habana de lo que fue la primera de las experiencias portentosas de contra información – por sus objetivos globales -, la agencia Prensa Latina, a iniciativa del periodista argentino Jorge Ricardo Masetti y desde los impulsos y apoyos brindados por la dirección de la Revolución Cubana.
Deberían registrarse aquí otras alternativas referidas a intentos de regulaciones democráticas en TV y radiofonía; y en lo que hace a los antecedentes por la propia Ley, las movilizaciones durante años de comunicadores y académicos, nucleados las más de las veces en foros y demás organizaciones; pero excedería la extensión y sobre todo el objetivo de esta nota.
Sí en cambio resulta insoslayable el recuerdo de la militancia multisectorial en el Tercer Mundo, en procura de los que se acordó en denominar Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación, enunciado en 1973 durante la IV Cumbre de los Movimiento de Países No Alineados (NOAL), en Argelia, que, como recuerda un artículo publicado por el sitio Alainet el 15 de septiembre de 2015, puso en el centro del debate la idea de que el flujo universal de noticias se había convertido en un factor político de primer orden para todos los países subdesarrollados, dependientes. “Así dio comienzo una manifestación importante de la lucha ideológica en el ámbito informativo, prolongada con altas y bajas hasta el presente”, decía esa página digital.
El Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación fue un proyecto internacional de reorganización de los flujos globales de información a través de distintas acciones de gobiernos y de organizaciones sociales.
En 1980 se emite el famoso Informe Mac Bride, que postula un programa de intervenciones públicas en el sentido de la redistribución y democratización de las corrientes de producción y distribución comunicacional a escala mundial.
Al respecto de ese plexo de temas es recomendable la lectura del libro “Vernos con nuestros propios ojos. Apuntes sobre comunicación y democracia (Fundación Editorial El Perro y la Rana, Caracas, 2007) del ya legendario periodista uruguayo, director fundador de Telesur, Aram Aharonian, cuya versión digital se encuentra en la Web de la Cátedra II de Historia del Siglo XX, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Algunos nombres a ser recordados
La militancia en pos del logro de la Ley tuvo epicentro en las oficinas del viejo COMFER, desde la cual su último titular y luego primer presidente de la AFSCA, Gabriel Mariotto, proveniente de la academia especializa, de la política barrial en Lomas de Zamora y de la radiodifusión que muchos llamaron alternativa, se puso al hombre el trabajo colectivo para llevar por todo el país la idea de que una legislación de esa naturaleza era (es) de importancia central para el orden democrático. Pocos o ningún antecedente existe de las realización de foros multisectorial a lo largo y ancho del territorio nacional – unos 200 – para que el compromiso con el proyecto sea masivo, y que éste salga de los escritorios de los asesores y los legisladores y sea tratado en las aulas, en las calles.
En el contexto de aquellos trabajos surgen nombres de compañeros y compañeras que militaron junto a Mariotto en forma decisiva y en distintas etapas: la abogada Graciana Peñafort, en la actualidad uno de los grandes cuadros del pensamiento jurídico del peronismo, del campo popular; su colega Analía Elíades, de la Facultad de Periodismo de la UNLP, entre las que más saben de Derecho a la Comunicación; Gustavo Bulla, académico de la UBA, quien fuera una de las voces más enérgicas a la hora de hacer docencia al respecto, junto a otra especialista de la misma Universidad Pública, Mariana Baranchuk, y a Ernesto Espeche, ex director de la Carrera de Comunicación de la UNCUYO, ex director de Radio Nacional/Mendoza y actual concejal kirchnerista en la capital de esa provincia, entre tantos otros, y siendo consciente de que enunciar nombres siempre encierra la injusticia de los olvidos inmerecidos.
Mariotto luego se desempeñó como vicegobernador de la provincia de Buenos Aire, hasta diciembre de 2015. A aquella experiencia de los foros públicos desarrollada durante la brega por la Ley la replicó en el ámbito provincial con encuentros multitudinarios de vecinos, organizaciones sociales y centros de estudios, para discutir y proponer temas de agenda pública en relación con cada una de las áreas de la gestión estatal. Fueron elogiados por sus compañeros en el gobierno nacional y en el Congreso, incluso con manifestaciones en el sentido de utilizar la metodología a escala nacional, lo cual nunca sucedió.
Cuando los justos reclamos de los docentes, lanzó la idea, nunca antes ni después oída por nuestras comarcas, de darle intervención al Estado en la regulación de los puertos y del comercio exterior de la Provincia, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la educación pública. Intentó impulsar un programa de Soberanía Alimentaria, destinado a la conformación de un sistema de producciones familiares y locales, en conjunción con normas de comercio justo, en previsión de demandas populares insatisfechas. Impulsó el informe senatorial sobre el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, una verdadera primera guía sobre el sistema de complicidades entre los poderes del Estado y el crimen organizado. Procuró intervenir contra el manejo estatal de ese crimen organizado en los principales establecimiento penales.
Seguramente que por errores propios y de algunos de sus colaboradores y asesores, pero también por el vacio que llegó desde los oficialismos, esos proyectos deambularon sin grandes concreciones; y quizá la haya costado cierto ostracismo al militante que mejor había interpretado el momento justo para democratizar la Comunicación.
Consideraciones necesarias
También por limitaciones o insuficiencias de la propia Ley, pero sobre por la incapacidad del poder administrador de resolver en términos políticos el comportamiento faccioso de lapicera fácil para los amparos de la corporación judicial – la misma que prohijó a los Bonadío (s) y a los Stornelli (s), por citar dos nombres de repugnancia emblemática, y que hoy trata de reacomodarse a los tiempos que seguramente se impondrán-, así como también por el accionar embozado de algunos espacios del propio poder administrador, aun presentes aunque camuflados entre apariencias democráticas, nacionales y populares, aquella normativa que debió ser estratégica no logró los efecto que se había propuesto.
No pudo avanzar en la desmonopolización y contra la concentración de la palabra; ni lograr la plasmación de su espíritu distributivo, aquel de los tres tercios de las frecuencias, uno para el sector público, otro para el comercial y el otro para las organizaciones libres del pueblo.
Todo ese abanico de complejidades concurre a explicar, de alguna forma, cómo fue que el lúmpen presidente y a sus secuaces les resultó tan fácil demoler todo en tan poco tiempo, y no sólo en el ámbito de la Comunicación, claro está.
La Ley, hoy
Provocó cierto escozor que el candidato a la presidencia en la fórmula Alberto Fernández – Cristina definiera no hace tanto a la Comunicación como un negocio. Y provocó cierta tranquilidad que voces del mismo espacio, nada menos que la de Graciana Peñafort, haya salido al cruce, respetuoso, pero al cruce al fin, de semejantes declaraciones de quien fuera ungido por la ex presidenta como la figura que lleve a la Rosada al frente Todos, a pesar de sus conocidas diferencias políticas de hasta no hace tanto tiempo; y le recordara – Graciana a Alberto- algo tan claro como la naturaleza ontológica de la Comunicación y la Información: un derecho de los pueblos.
La tradición democrático burguesa indica que, en tiempos electorales, lo evidente y necesario es el debate, la polémica, no sólo entre adversarios sino al interior de los propios espacios. Esa tradición está siendo demolida por las transformaciones económicas, culturales y políticas del capitalismo / imperialismo globalizado como nunca antes en la Historia.
Por razones múltiples e intrincadas, y que exceden a este texto, no se asoman proyectos concretos de órdenes alterativos como los que con diferentes niveles de consolidación emergieron durante el siglo XX. Todo ello nos lleva a ensayar la idea de que, mientras no surja o existan ámbitos como los que acuñaron aquella expresión que se sintetizaba más o menos en “dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada”, el debate abierto, público, sin reconocimientos indebidos a organizaciones que no son tales, siempre será constructivo a futuro.
Es en se contexto que han surgido recientes voces con la idea de que, la Comunicación es tanto derecho como negocio, una falacia de corto alcance, puesto que en el tiempo y el espacio histórico de la más estricta contemporaneidad, la puja justamente es esa, como lograr que lo público en tanto ciudadano y no como consumidor, contenga, regule, las inclemencias que para los contingentes sociales mayoritarios conllevan las impunidades del mercado, tanto en cuanto a la Comunicación como a otras tantas materias que son sustancia de derechos.
En atención a las nuevas instancias que ofrecen los campos de la política, la cultura; al decurso mismo de la construcción de subjetividades e identidades colectivas e individuales, y al vértigo de innovaciones tecnológicas, una nueva Ley, heredera de aquella conquista, debería reconocer la urgencia de adecuaciones al escenario actual. Pero lo indispensable, hasta me atrevo a afirmar, lo inmodificable, pasa por insistir en que el concepto de derecho debe prevalecer, y no conformar la materia de tantas veleidades y tendencias intelectuales hacia retruécanos teóricos.
Por último, la centralidad de Comunicación como derecho, es, seamos contundentes, una necesidad política: la relativización de la idea de derecho ha sido siempre la antesala del dolor colectivo.
(*) Víctor Ego Ducrot es Doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde también tiene a su cargo seminarios de posgrado sobre Intencionalidad Editorial (Un modelo teórico y práctico para la producción y el análisis de contenidos mediáticos); y la cátedra Análisis y Producción Crítica de Narrativas sobre Delito y Violencia, en la maestría Comunicación y Criminología Mediática. Director del sitio AgePeBA.
