Los últimos han sido días agitados en Perú, que atraviesa una gran crisis política y que tiene como protagonistas al gobierno de Martín Vizcarra y a la oposición del Congreso encabezada por el fujimorismo, en el marco de los interrogatorios de la mega Causa Odebrech. Los supuestos casos de corrupción y pago de sobornos han puesto en jaque a la derecha neoliberal del país.
Por Vicky Castiglia / Fue la decisión del Presidente, el pasado lunes, de decretar la disolución constitucional del Congreso lo que encendió la chispa que derivó en el estallido del conflicto institucional que hacía tiempo se venía cocinando. La decisión se basó en una norma que establece que puede hacerlo cuando el Congreso le niega dos veces el voto de confianza al gobierno. Esta cuestión de confianza había sido planteada en torno al proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC), en manos del Congreso, sobre el que Vizcarra sostenía que no era transparente. Es que la oposición neoliberal del Congreso pretendía elegir mediante un polémico proceso a seis nuevos miembros de ese organismo, que es la principal instancia jurídica del país, con el objetivo de dejar sin efecto la prisión preventiva que enfrenta su líder, Keiko Fujimori, hija del ex dictador e investigada por supuesto lavado de activos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, como así también asegurarse los acuerdos judiciales con los arrepentidos de ese caso. La situación, se da en un momento en el que el ex director de la empresa, Jorge Barata, viene develando el nombre de congresistas cuyas campañas fueron financiadas por esa empresa constructora oriunda de Brasil y por la que pesan cargos por sobornos en 12 países, en el marco del reconocido caso Lava Jato.
“El escándalo político se produce cuando la fiscalía peruana se dispone a interrogar nuevamente al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que devele el nombre de los congresistas cuyas campañas también fueron financiadas por la constructora brasileña, razón por la cual tiembla casi toda la derecha en el Congreso. Keiko Fujimori de hecho está presa desde finales de octubre del 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht. Su padre Alberto, cumple condena de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero fue indultado por Kuczynski y el alctual TC lo anuló”, informó el diario Perfil.
Una vez conocida la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso, los legisladores del fujimorismo, que son mayoría, suspendieron al presidente por “incapacidad moral” (ya que no cuentan con los dos tercios totales de los votos para llevar adelante una destitución) y promovieron a la vicepresidenta y economista neoliberal, Mercedes Aráoz. Cabe recordar que el actual Mandatario no fue elegido democráticamente, si no que asumió tras la renuncia de Kuczynski en marzo del 2018. Previo a su asenso, se desempeñaba como primer vicepresidente y Aráoz como vicepresidenta segunda.
Este lunes, los peruanos amanecieron con dos presidentes luego de que Aráoz juramentara como presidenta por la mayoría parlamentaria que se resiste al cierre del Congreso. Un día después, en la noche de del martes, la funcionaria renunció a su presidencia inexistente. “Nunca tuvo algún poder real, fue presidenta solamente en los papeles de la mayoría parlamentaria fujimorista, una presidenta de ficción. Fue un papelón de 24 horas”, explicó el periodista Carlos Noriega en Página12 y agregó: “Aunque algunos, incluidos quienes caminan de la mano con el fujimorismo, pretenden cuestionar el cierre del Congreso por el presidente Vizcarra comparándolo con el golpe de Alberto Fujimori de 1992, lo cierto es que es muy distinto al golpe de estado fujimorista. Esta vez no se cerró el Congreso con los tanques como hizo Fujimori, sino apelando a facultades constitucionales, en el golpe fujimorista se capturaron por asalto todas las instituciones y los medios de comunicación, algo que ahora no ha ocurrido, Fujimori dio un golpe para quedarse en el poder, Vizcarra se irá en menos de dos años y quiso irse antes pero el fujimorismo no le permitió adelantar las elecciones. Pero los herederos de aquel golpe y de esa dictadura, y sus actuales socios, ahora gritan golpe de estado y quieren convertirse en los supuestos héroes de la democracia. Muy burdo”.
Según justificó, con su renuncia Aráoz pretendía que se condujera al adelantamiento de las elecciones generales (presidenciales y legislativas), una propuesta de Vizcarra formalmente rechazada por el Congreso la semana pasada y a la que ella misma se oponía, según un cable de la France Presse, pero en realidad su salida tuvo más que ver con la falta de apoyo a nivel internacional, lo que la derecha esperaba que sucediera al mejor estilo Venezuela con Juan Guaidó y la negativa por parte de la Organización de Estados Americanos (EOA) a involucrarse. De hecho, la OEA dijo este martes que competía al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre «la legalidad y legitimidad» de la disolución del Congreso. Además, tal y como consignó la AFP, consideró «constructivo» que Vizcarra convocara a comicios legislativos para el próximo 26 de enero.
Por lo pronto, el gobierno de Vizcarra alista un nuevo gabinete tras haber descartado la posibilidad de renuncia de éste. Su decisión de disolver constitucionalmente el congreso cuenta con el respaldo de gobernadores, alcaldes y del aparato militar, como así también de la población en general que sea ha venido manifestado a favor de la medida. En el caso de los mercados, la bolsa y el valor del dólar también se mantuvieron estables y, según reportes, todas las actividades se desarrollaban normalmente.
Hasta los comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley. Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial, se informó. Es que con el fracaso de la operación para correr al Presidente, el temor por el avance de las causas de corrupción deja en vilo al fujimorismo. Además, según sondeos publicados durante las últimas semanas, la actuación del Congreso es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía.
