El debate en torno al rol de las fuerzas de seguridad en el macrismo volvió a quedar esta semana en el ojo de la tormenta luego de que se dieran a conocer las imágenes de una cámara de seguridad en las que se observa cómo un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires asesina a un hombre de una patada. La doctrina Chocobar en su máxima expresión.
Por Vicky Castiglia/ En diciembre de 2017, el policía Luis Chocobar asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc, quien había intentado sustraerle una máquina de fotos a un turista extranjero. El hecho tuvo gran repercusión mediática y marcó el inicio de una nueva doctrina de seguridad en la Argentina, apalancada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y avalada por todo el gobierno de la alianza Cambiemos. Desde aquel entonces, varias políticas públicas de corte represivo se fueron implementando, acompañadas con un fuerte discurso de corte punitivista. El asesinato de un civil por un oficial de la Policía porteña se inscribe en esta línea.
El hecho ocurrió en San Cristóbal. Por ahí pasó un colectivero que denunció que un hombre estaba entorpeciendo el tránsito. Efectivos de la Policía porteña fueron hasta el lugar y encararon al señor, a quien le dieron la voz de alto. Según se puede ver en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, el hombre tiene sus manos en la espalda como acatando la voz de alto. En ese momento uno de los policías le pega una patada en el pecho y el hombre cae al piso y se golpea fuertemente la cabeza con el asfalto. El hombre murió más tarde en el hospital, según informó el diario Página12.
No es la primera muerte en manos de las fuerzas de seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Según datos de 2018 recopilados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 21 horas muere en el país una persona a manos de las fuerzas represivas del Estado, lo que convierte al gobierno en el más represor desde el retorno de la democracia.
La legisladora porteña, Miriam Bregman, en declaraciones televisivas se refirió al caso y afirmó que éste no se trata de un caso de represión aislado. “Cuando la ministra Bullrich dio origen a eso que se ha dado en llamar “Doctrina Chocobar” que es la lógica de disparar primero y preguntar después, lo que hizo fue legalizar el gatillo fácil”, dijo y añadió que en sintonía se inscriben las medidas de incorporación de pistolas taser y el protocolo de uso de armas de fuego.
Las medidas a las que hace referencia la legisladora se dieron a conocer entre diciembre y enero últimos por parte de la cartera de Seguridad. El protocolo de uso de armas de fuerza establece que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas, cuando una persona trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros, o en los que casos que alguien efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma: como cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona, cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves, cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
En cuanto a la incorporación de las taser, habilitadas en el mes de mayo a través del Boletín Oficial, el gobierno sumó unas 300 para que sean utilizadas por la Policía Federal para “abordar situaciones operativas en las que deba hacerse uso de la fuerza evitando emplear armas de fuego, cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en los casos que se requiera inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona que manifieste un peligro inminente de lesionar a terceros o a sí misma; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y cuando deba impedirse la comisión de un delito de acción pública”. El comunicado oficial se caracterizó por su ambigüedad: ¿cuándo es estrictamente necesario?, ¿cómo se manifiesta un peligro inminente? A primera vista, pareciera que hay un amplio margen de acción para los agentes que podrán utilizarlas. Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había advertido que si bien las Taser son presentadas como un “arma menos letal”, “la experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”. “Las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta “no letalidad” habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar.
Las medidas implementadas por el gobierno de Cambiemos fueron además acompañadas por un fuerte discurso punitivo, replicado por los grandes medios de comunicación hegemónicos. Basta recordar las declaraciones de Bullrich “el que quiera andar armado que ande armado”, o las del diputado Alfredo Olmedo “delincuente abatido, policía condecorado”, además del recibimiento por parte del presidente Macri al mismísimo Chocobar.
Según Bregman, “todos esos elementos, son señales políticas. Después no hay que asombrarse por el accionar de los agentes si desde los más altos escalafones que manejan la seguridad del Estado se dan este tipo de señales políticas”, remarcó al tiempo que dio a conocer cifras escalofriantes: unos 280 policías que actuaron durante la dictadura hoy ocupan altos mandos de la Policía de la Ciudad”.
En tanto, este martes, Página12 también dio a conocer el caso de una mujer embarazada oriunda de Haití que fue desalojada por fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad del hotel donde se alojaba y que tenía pago en el marco de un procedimiento ilegal, sin la orden de un juez y sin razón alguna. A la mujer, no sólo en las comisarías no le tomaron la denuncia, sino que tampoco le devolvieron sus pertenencias ni su dinero. El Gobierno de Horacio Rodrìguez Larreta se niega a ayudarla porque considera que se trata de «un conflicto entre particulares». Junto con ella fueron echados cinco jóvenes haitianos que salieron a defenderla.
Para la legisladora de izquierda, “hay una forma de actuar que conduce a que estas consecuencias se puedan producir y siempre es contra los sectores más humildes, contra los que trabajan, contra la protesta social. Hay un claro sesgo en torno al sector social que se ataca y esto tiene que ver con una situación social que saben que va a ser convulsionada, donde cada vez hay más gente viviendo en la calle, cada vez más gente sufre las consecuencias de la pobreza”.
Larreta, desocupación y pobreza
La muerte del civil por parte del oficial difundida en las últimas horas, ocurre en uno de los dos bastiones que el gobierno sabe que estaría logrando conservar tras la fuerte derrota que sufrió en las elecciones primarias, que dieron una primera aproximación de lo que puede llegar a ocurrir en octubre. Rodríguez Larreta logró imponerse al Frente de Todos y el resto de la oposición en un distrito donde el macrismo viejo manteniendo su hegemonía, pero ¿cómo es el estado de situación actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Según datos del último informe del INDEC, el distrito más rico del país, sumó en 2018 113.000 pobres y 83.000 indigentes,. En porcentaje de la población porteña, la cantidad de pobres representó el 21,3 por ciento (654.000 personas) en el cuarto trimestre del año pasado y creció en 3,6 puntos porcentuales respecto de igual período de 2017. Entre los indigentes, a los que ni siquiera les alcanza para adquirir los bienes de la canasta básica, el aumento interanual fue de 2,6 puntos hasta el 6,6 por ciento (204.000) sobre el total de habitantes de la ciudad.
A esta situación se suma la caída de la actividad, que impactó en el nivel de empleo y el pase a la informalidad de puestos registrados, lo que deteriora las condiciones laborales de los trabajadores. La tasa de desocupación oficialmente comunicada para el 1er trimestre de este año es de 10,7% de la población económicamente activa de la Ciudad de Buenos Aires. Es la más elevada desde el tercer trimestre de 2017 y la más alta de los primeros trimestres desde que inició la actual administración en la Ciudad, según un informe del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires. De esta manera, en los primeros tres meses de este año la tasa de desocupación se ubica 2,6 puntos por encima de la registrada en igual período del año anterior. En el Primer trimestre de este año la desocupación alcanza a más de 186.000 personas, mientras que en el primer trimestre del año pasado eran aproximadamente 135.000.
Este escenario de aumento de la pobreza y del desempleo, evidente no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país, ha sido acompañado por una política de abandono de la seguridad democrática, y un aumento del punitivismo y la mano dura a través de la implementación de la Doctrina Chocobar. No sería acertado decir que ese proceso se hizo de manera lineal, de arriba hacia abajo, el grado de incorporación es más complejo y no puede separarse de la institucionalización por parte del Estado de un determinado accionar. Pero ciertamente, el grado de recepción es impactante en tan poco tiempo, fundamentalmente por parte de los sectores subalternos de las fuerzas de seguridad, que son quienes llevan adelante las prácticas más represivas en la vida cotidiana.
