La respuesta a la pregunta es sencilla: Cuando fue anunciada la Doctrina Monroe, el discurso estadounidense se mostró como oposición al colonialismo europeo en el continente, pero la historia demostró que la estrategia era en realidad otra: “América para los Estados Unidos”. La incidencia de la Doctrina Monroe ha sido significativa en toda América Latina y el Caribe a lo largo de la historia, incluso luego de que muchos de los países declaran su independencia. Pero el caso de Puerto Rico es particular: los últimos sucesos, que implican un gran levantamiento popular y la renuncia del gobernador Roselló, ponen de manifiesto el estado de situación de un Estado Asociado que, por su dependencia, debe hacer frente a todas las obligaciones impuestas por Washington, pero en el que sus ciudadanos no gozan de los mismos beneficios. Sin embargo, la independencia no aparece siquiera como atisbo de posibilidad.
Por Vicky Castiglia / El pasado 25 de julio, Ricardo Roselló anunció su renuncia al gobierno de Puerto Rico luego de una serie de protestas contra su gestión y en medio de un escándalo por la filtración de una serie de conversaciones que éste había tenido a través de la red social Telegram con sus colaboradores. Los mensajes, despectivos, misóginos y homofóbicos, referían a funcionarios, personajes públicos y figuras públicas, y causaron un repudio inmediato que derivó en alrededor de 250 mil personas en las calles de San Juan, la capital del país, exigiendo la dimisión del Gobernador luego de más de dos años en el poder.
Las 899 páginas de mensajes develadas por Centro de Periodismo Investigativo fueron la gota que colmó el vaso e hizo estallar una protesta caracterizada en este caso por la presencia del reggaetón y otro tipo de estilos musicales callejeros, dada la influencia que ejercieron diversos artistas y personajes de la cultura en la convocatoria, como Bad Bunny, Ricky Martin y René de Calle 13. El descontento por el contenido de esos mensajes se acumuló al de la pronunciada crisis económica y a las consecuencias del huracán María que azotó el país en 2017 dejando un saldo de miles de muertos, que luego fueron relativizados por Donald Trump.
Puerto Rico es un Estado Asociado Libre de los Estados Unidos, es decir se autogobierna con una soberanía limitada. Es decir, si quisieran declarar su independencia, debería votarla el Congreso de los Estados Unidos, donde son representados por un delegado que no tiene derecho a voto. Además, desde Washington pueden detener cualquier acción tomada por la legislatura en Puerto Rico y mantienen el control sobre asuntos económicos y fiscales. Eso sí: los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Los boricuas están obligados a pagar los impuestos federales de Estados Unidos, los impuestos de importación y exportación, los impuestos de los productos básicos federales y los impuestos sociales de seguridad, entre otros, informó La Nación. Incluso, están incluidos en el servicio militar obligatorio: más de 400.000 sirvieron en las Fuerzas Armadas y participaron en todas las guerras que mantuvo Estados Unidos desde 1898. En cuanto a los “beneficios” que Puerto Rico tiene por ser un Estado Asociado de EE.UU. es que en teoría sus ciudadanos son considerados estadounidenses. Sin embargo, no tienen los mismos derechos civiles. Así mismo, a pesar de que cuentan con el mismo sistema de seguro social, son varios los programas gubernamentales de Estados Unidos en los que no están incluidos.
Según datos publicados en Página12, un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla – de unos 72 mil millones de dólares – está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo. De hecho, en 2015 el país se declaró en bancarrota y anunció que debía reestructurar una deuda que se acercaba a los US$70.000 millones. Francisco Martínez, economista de la Universidad de Puerto Rico, señaló que el 55 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años están por debajo del nivel de pobreza y también el 50 % de los hombres. Un dato adicional corrobora el panorama: Misisipi, el estado más pobre de EE.UU tiene un ingreso anual promedio por hogar de 42.009 dólares mientras que la isla apenas llega a 19.775. Para Trump, su gobierno “ha hecho un gran trabajo” en la isla para sacarla de su crisis económica.
Frente a este escenario, la pregunta gira en torno a por qué no aparece como ni siquiera remota la posibilidad de que Puerto Rico se independice. En principio lo más lógico es porque el Congreso de Estados Unidos no lo aprobaría. Para eso debe tramitarse una ley y los republicanos no están dispuestos a apoyarla, en especial Trump. Además, las grandes corporaciones estadounidenses también tienen motivos para oponerse porque gozan de exenciones impositivas por haberse instalado en la isla y pagan salarios más baratos que en otros estados. Entre ellas se encuentran Mc Donalds, Kentucky, Home Depot, farmacias CVS, entre otras. La gestión de Rosselló Nevares estimuló las ganancias de “multinacionales como Monsanto y promovió la ley de Zonas de Oportunidad que reduce el pago de contribuciones a inversionistas”, reveló el Centro de Periodismo Investigativo. La otra cuestión fundamental por la que la independencia no aparece como opción factible es la ubicación militar estratégica de la isla como enclave para mantener el control sobre el continente.
Otro dato importante que hay que destacar es que se han llevado adelante una serie de plebiscitos en Puerto Rico, en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. SI bien en los primeros cuatro la independencia no fue la opción más votada, en el último triunfó la anexión a Estados Unidos, pero, el dato fundamental es que sólo votaron un 22% de los más de dos millones de ciudadanos. El nivel de descreimiento político es notable.
En este escenario, con una crisis política y económica a la vista, y un proceso independentista que por el momento no se vislumbra como posible, queda en evidencia la penetración no sólo de la Doctrina Monroe, si no de un Estados Unidos cuyas prácticas intervencionistas implican el obtener el mayor beneficio de sus socios a costa de precios altísimos bajo el paraguas del “Estado Libre Asociado”. No es nada nuevo, pero ésta lógica se manifiesta una vez más. El próximo 2 de agosto, Rosselló abandonará el poder y como ya anunció la siguiente en la línea de sucesión al poder, la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, no ocupará su lugar. Los próximos días en Puerto Rico estarán signados por la incertidumbre.
