A pocos días del anuncio del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, varias han sido las repercusiones, tanto a nivel internacional como hacia el interior de la Argentina. Las declaraciones de Globocopatel, la incertidumbre planteada por los gremios y empresarios y el anuncio de Francia de que no está listo para ratificar el acuerdo, son sólo ejemplos de ello. En tanto al macrismo, que planteó esta novedad como un triunfo en clave electoral, se le suma un nuevo problema: la renuncia temporal de la titular del FMI, Christine Lagarde.
Por Vicky Castiglia / En el marco de un escenario complejo, el pasado 28 de junio, el Mecosur y la Unión Europea cerraron un acuerdo comercial. La complejidad está dada por una constante amenaza de profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la decisión del primero del seguir apostando al proteccionismo y la avanzada del segundo en su política expansionista conocida como la Ruta de la Seda. A este escenario se le suman también otros elementos que no son menores, como la inminente salida del Reino Unido de Gran Bretaña de la UE que puede ser leída en clave de abandono del multilateralismo, y, en el plano económico la tan en boga idea de la necesidad de “reescribir las normas del comercio” a través de una reforma de la OMC. Es necesario considerar todos esos factores al momento de analizar por qué después de más de 20 años se establecieron las condiciones para avanzar en un acuerdo.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue planteado como “uno de los más importantes en la historia a nivel mundial” por el gobierno argentino (que se disputó el protagonismo con gobierno de Brasil). Según la web oficial del Mercosur, éste “implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios” y “es un hito para la inserción internacional de la Argentina ya que aumenta las exportaciones de las economías regionales, consolida la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, promueve la llegada de inversiones, acelera el proceso de transferencia tecnológica y aumenta la competitividad de la economía, todo lo cual generará un incremento del Producto Bruto Nacional y el aumento del empleo de calidad”. ¿La realidad será tan color de rosa? Claro que no.
En primer lugar, el incentivo de Brasil y Argentina -las dos mayores economías del Mercosur- de cerrar este acuerdo responden a tientes más políticos internos que de comercio multilateral, lo que podría ser un error estratégico. En el caso argentino, es sabido que la política exterior, planteada como “la inserción al mundo” ha sido uno de los caballitos de batalla del gobierno de Mauricio Macri. El acuerdo funciona como una suerte de novedad disruptiva hacia el interior de un país que enfrenta una severa crisis económica y cuyas elecciones presidenciales tendrán lugar en los próximos meses. Cambiemos hace una fuerte apelación discursiva a una supuesta gran noticia fruto de su trabajo, priorizando este aspecto por sobre las consecuencias que tendrá para el país este hecho. Es que ese espacio político se ha sentido fortalecido a través del respaldo político que líderes internacionales le han manifestado, como es el caso de Donald Trump o de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, quien ha avalado un préstamo al gobierno argentino que concentra el 61% de los créditos actuales de ese organismo, según estimaciones del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Un potencial problema se plantea en este sentido. La socia internacional del macrismo acaba de anunciar su licencia temporal del cargo en busca de su nombramiento al frente de nada menos que el Banco Central Europeo, algo que caso de concretarse la podría del otro lado de la mesa de negociación.
En segundo lugar, el impacto que pueda llegar a tener el acuerdo en el sistema productivo de los países latinoamericanos aún está por verse. Un cierto grado de previsibilidad está dado por el comunicado de prensa emitido por la Unión Europea y replicado por el diario Tiempo Argentino, que asegura que “se eliminará la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones de la UE al Mercosur, lo que hará que las empresas de la UE sean más competitivas al ahorrarles 4.000 millones de euros en impuestos al año”. El texto agrega que “en lo que respecta a los sectores industriales de la UE, esto ayudará a impulsar las exportaciones de sus productos que hasta ahora han estado enfrentando aranceles altos y en ocasiones prohibitivos. Estos incluyen automóviles (arancel del 35%), partes de automóviles (14-18%), maquinaria (14-20%), productos químicos (hasta 18%), productos farmacéuticos (hasta 14%), ropa y calzado (35%) o tejidos de punto (26%)”. Nada de esto fue dicho con tanta exactitud en los comunicados oficiales argentinos y brasileños. Un eje de tensión que se abre con la eliminación arancelaria tiene que ver, en términos generales, con que al día de hoy buena parte del comercio intrarregional del Mercosur se produce hacia el interior del bloque. Según un informe de la CEPAL de diciembre de 2018, casi un 60% del total de las exportaciones y cerca de dos tercios de las importaciones que realiza el bloque hacia y desde la región ocurren dentro del propio bloque subregional.
Frente a esta incertidumbre, el empresario agropecuario argentino, Gustavo Grobocopatel, dijo: “Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan” y agregó: “Si la industria láctea argentina no produce quesos de calidad y a menor costo que los europeos, sí, va a sufrir, pero también es un gran desafío para el sector mejorar la calidad”, ejemplificó uno de los tres mayores productores de trigo y soja del país, con negocios que trascienden las fronteras argentinas. Lo mismo había dicho, en otras palabras, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien aseguró que había empresas que cierran pero también otras que nacen, lo que daría una creación neta. Las provocadoras frases de Grobocopatel, publicadas en Página12, levantaron polvareda entre pequeños y medianos industriales que podrían desaparecer ante una eventual apertura sin arancel para productos europeos.
Los empresarios argentinos están preocupados, pero no invalidan una relación comercial con la Unión Europea y la prefieren a un acuerdo de similares características con Asia, según informó La Nación. En tanto, los gremios le reclamaron al gobierno nacional más información y una mayor participación en la puesta en marcha del acuerdo. Hay algunos puntos que anticipan un conflicto por parte de estos últimos, como los coletazos que podría tener en la industria automotriz. «Se espera un desplazamiento de las terminales a Brasil y una entrada de importaciones europeas del sector automotriz, lo que afectará directamente al sector de autopartes. Este es el punto por el cual muchos sugieren que estamos frente a un industricidio», señala el documento elaborado por la secretaría de relaciones internacionales de la CGT. Además, en el documento se pide a los actores evitar una «desocupación masiva» de pueblos donde un sector industrial sea movilizador de toda la economía.
El TLC Mercosur – UE “podría modificar radicalmente la estructura productiva, laboral y distributiva de los países del Cono Sur”, alertaba previo a la suscripción el Centro Economía Política Argentina (CEPA). En el caso específico de nuestro país sostenía además que “se apunta a consolidar una especialización productiva en donde Argentina se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad alguna de diversificar sus exportaciones”. En sintonía, una nota publicada por la Agencia Nodal en febrero de este año explicaba: “tomando como punto de partida las relaciones comerciales entre ambos bloques, queda claro que constituyen un claro ejemplo de división internacional del trabajo y de las relaciones centro periferia. Es decir, mientras que los países del Mercosur exportan mayoritariamente productos primarios como carne, etanol, productos agrícola, la Unión Europea inunda los mercados del Mercosur con bienes de equipo y productos manufacturados de mayor valor agregado. De hecho, según los datos publicados por la Comisión Europea en el año 2016, las tres principales categorías de productos que el Mercosur exporta a la UE alimenticios y animales vivos, materiales crudos no comestibles, excepto combustibles y artículos manufacturados. Hay un claro predominio de las categorías de bienes con poco o ningún valor agregado, reproduciendo el rol periférico de las economías del Mercosur como proveedoras de materias primas o productos de bajo valor agregado de las economías del centro de la Economía-Mundo capitalista. En el otro lado, si se tienen en cuenta las importaciones que realiza el Mercosur desde la Unión Europea, la hipótesis se confirma, reproduciéndose el patrón pero a la inversa. La demanda del Mercosur es principalmente en categorías de bienes con un elevado grado de industrialización, y por tanto, con altos niveles de valor agregado (maquinaria y equipo de transporte, productos químicos y productos conexos, y artículos manufacturados, en ese orden). En consecuencia, desde el año 2012 la balanza comercial entre ambos bloques es deficitaria, con una tónica general de deterioro de los términos de intercambio para las economías especializadas en la exportación de productos primarios. Ese déficit de supone también un endeudamiento de las economías del Mercosur respecto a la Unión Europea, por lo que una progresiva liberalización de las actuales medidas que protegen a las economías del Mercosur de la entrada masiva de productos europeos, conllevaría a un agravamiento de la situación, aumentando el endeudamiento externo y la dependencia económica externa.
Por lo pronto resta tiempo para que el tratado pueda llegar a ponerse en marcha. Una vez culminada la etapa técnica, el mismo tiene que ser ratificado por la Comisión y el Parlamento Europeo y por los legislativos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para entrar en vigor; un proceso que puede llevar dos años o más, según se informó. Francia, por su parte, abrió el paraguas y dijo que el tema de la ratificación no se plantea por el momento. «¿Los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo, tienen hoy el texto? No. ¿Lo evaluaron? No. ¿Han podido trabajar juntos para ver cómo funcionaría? No», afirmó la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Amélie de Montchalin. Es que los agricultores europeos denuncian que el acuerdo amenazaría su actividad. Varios salieron la noche del martes a protestar en Francia contra este pacto que crea, según ellos, «enormes distorsiones de competencia», reportó la agencia AFP.
