Se cumplen seis meses de la masacre ocurrida en la cárcel de Esteban Echeverría, que dejó un saldo de diez muertos y, sin embargo, el número de personas detenidas en lugares no habilitados para alojar personas sigue creciendo. El silencio de la gobernadora María Eugenia Vidal se mantiene y, según un reciente informe de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) se mantiene también la negativa a desarrollar acciones tendientes a revertir las graves violaciones de derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo bonaerense, así como la desobediencia constante de las órdenes de los jueces.
Por Vicky Castiglia / El pasado 15 de noviembre ardió en llamas el sector de calabozos de La Comisaría 3ª de Transradio, en Esteban Echeverría, donde se encontraban alojadas unas 26 personas. A pesar de que el número de muertes fue creciendo con el correr de los días, poca fue la repercusión mediática y grande fue el silencio por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
“Lo ocurrido en Esteban Echeverría no fue un accidente inesperado: fue una masacre de la que el Estado es su máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas. No es producto de la fatalidad o la casualidad sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento. Las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords cada mes: en noviembre de 2018 llegó a casi 50.000”, señaló este miércoles la CPM al presentar un nuevo trabajo sobre el estado de situación.
“Las comisarías no son lugares adecuados ni habilitados para alojar personas. Pese a esto, la situación se ha consolidado: en el momento en que ocurrieron estos hechos, en el mes de noviembre de 2018, eran 4.052 las personas detenidas, con un cupo informado oficialmente de 1.021 camastros (lo que equivale a una superpoblaciòn del 297%). La combinación de hacinamiento crítico, condiciones inhumanas de detención y falta de medidas de prevención de siniestros pone en grave riesgo la vida y la integridad de todas las personas detenidas en dependencias policiales. Esto es conocido por las máximas autoridades provinciales que desobedecen diariamente 116 órdenes de clausura de comisarías dispuestas por los jueces o en resoluciones del propio Ministerio de Seguridad”, agrega el organismo.
En este sentido, hay que tener en cuenta también el antecedente del fallo Verbitsky / CELS (2005) sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Allí la Justicia había solicitado a la Provincia que revirtiera las “condiciones inhumanas” e “indignas” de confinamiento existentes y que fije los estándares de protección de los derechos de los presos que los distintos poderes provinciales deben respetar para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional y con los pactos internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, algo que, evidentemente, no se ha hecho.
Asimismo, el Estado nacional y el provincial habían sido advertidos en los múltiples informes de los organismos internacionales de derechos humanos que evaluaron a la provincia de Buenos Aires, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura de ONU y el relator sobre tortura de ONU. “Todos ellos habían hecho señalamientos muy claros reclamando al Estado que se reviertan las condiciones de detención. Todos fueron desoídos y no se tomó ninguna medida para remediar la situación y evitar lo que ocurrió y continúa ocurriendo”, alertó la CPM.
En una entrevista exclusiva con AgePeBA, el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, había explicado a fines del año pasado que “toda muerte de una persona que esté bajo custodia del Estado es una muerte que genera una responsabilidad política de los tres poderes. Si una persona ingresa en el sistema con una finalidad específica que es la de recibir un tratamiento orientado a su resocialización y egresa muerta (sea por una situación violenta, traumática o por una desatención a una problemática de salud,) es un fracaso del Estado en su programa resocializador, es en definitiva una responsabilidad del Estado”.
Entre 2012 y 2018, la CPM relevó 119 muertes bajo custodia del Estado en comisarías, de las cuales 65 ocurrieron bajo la gestión del ministro Cristian Ritondo en la cartera de Seguridad (2016-2018), incluyendo las 7 de Pergamino (ocurridas en 2017 en la Comisaría Primera de esa localidad bonaerense y desencadenas también por un incendio, en el marco de la desidia estatal en torno a situaciones de encierro) y las 10 de Esteban Echeverría. Entre las razones, se ubican “la profundización del deterioro, el abandono y la falta de atención por parte de las instituciones del Estado”, insistió la Comisión Provincial por la Memoria y agregó: “frente a estos hechos de conocimiento público e institucional, la única respuesta es el silencio y la inacción de los actores judiciales, incluida la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y con un ministro de seguridad que públicamente promueve el hacinamiento como política de seguridad”.
En febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo lugar a un planteo del CELS, la CPM y la Defensoría de Casación frente al incremento exponencial en la cantidad de detenidos, la comprobación de un riesgo inminente para la vida. La medida fue extendida a otras 15 comisarías del conurbano bonaerense y se solicitó al Estado argentino adoptar medidas para preservar la vida y la integridad tomando en consideración grupos particularmente vulnerables como mujeres y personas mayores y reducir las estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento, debiendo para ello revisar si la situación de las personas privadas de la libertad se adecua a los estándares aplicables de prisión preventiva, hacer efectivas las clausuras judiciales ya dispuestas y establecer planes de emergencia. Sin embargo, el Estado provincial no ha dispuesto medidas efectivas para el cumplimiento de esta resolución, y subsisten las condiciones de posibilidad para que masacres como las de Pergamino y Esteban Echeverría sigan ocurriendo.
En paralelo al crecimiento de población detenida en comisarías, durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal por primera vez colapsaron también las alcaidías departamentales: primero entre junio 2016 y febrero 2017, y nuevamente desde mayo 2018 en adelante, alcanzando en noviembre un 49% de sobrepoblación y en marzo de 2019 el mayor nivel registrado en su breve historia: 54%, siempre según el informe de la CPM. En este sentido, es necesario tener en cuenta esta situación, ya que el desalojo de las comisarías no debe implicar mayores índices de sobrepoblación y hacinamiento en alcaidías y cárceles, que desde hace más de una década superan todos los estándares de alojamiento de personas conforme a principios y normativas establecidas por los sistemas internacionales de promoción y protección de derechos humanos. Para la Comisión por la Memoria, “esta aparente contradicción desnuda el problema originario: el Poder Judicial mantiene un comportamiento contradictorio que consiste en prohibir el ingreso de personas a lugares de detención y simultáneamente ordenar la prisión preventiva como regla, enviando a esas personas a los lugares prohibidos”.
Por lo pronto, más allá de los retrocesos en las condiciones de detención durante la gestión de Vida, la mayor masacre perpetrada en una comisaría de la provincia de Buenos Aires sigue impune. Han pasado seis meses y las familias de Jeremías Rodríguez (19), Elías Soto (20), Walter Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25), Jorge Ramírez (30), Miguel Angel Sánchez (31), Juan Carlos Fernández (31), Juan Lavarda (59), Eduardo Ocampo (60) y Fernando Martín Argüello (33) siguen esperando justicia.
