El debate por la modificación del Régimen Penal Juvenil se desarrolla en el Congreso a partir de una iniciativa del presidente Mauricio Macri mientras 600.000 niños y adolescentes caen a la pobreza, según un nuevo informa de la UCA. El punitivismo de la alianza Cambiemos como respuesta a una crisis que ellos mismos generaron.
Por Vicky Castiglia / El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil fue enviado este año al Congreso por el gobierno de Mauricio Macri y actualmente se encuentra en la etapa de audiencias públicas. La propuesta, marcada por un fuerte tinte electoralista, buscar bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad y Cambiemos espera poder tratarla en mayo en el recinto. En su discurso de apertura de sesiones de este año, el Presidente dijo que la iniciativa “le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes”. Sin embargo, las muestras de rechazo por parte de diversos sectores del abanico social, no tardaron en llegar.
El debate, se da en un escenario de fuerte crisis económica que da lugar a un creciente aumento de la pobreza a raíz de la gran inflación y su consecuente pérdida del poder adquisitivo para los sectores medios y bajos de la sociedad. Para graficar, sólo en 2018 más de medio millón de jóvenes y niños cayeron en la pobreza según un estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. “Como resultado de la recesión y la suba en los precios de los alimentos, el 11,2 por ciento de los chicos argentinos (esto es, 1 millón 467 mil niños y adolescentes) experimentaron hambre por falta de dinero” advierte el informe y agrega la cifra de niños doblemente pobres (por pertenecer a hogares con ingresos insuficientes y por estar privados de al menos un derecho) aumentó, pasando del 37,1 por ciento en 2017 al 41,2 por ciento en 2018. En términos absolutos, 600 mil niños y adolescentes más en situaciones de pobreza.
Los investigadores de la UCA, indicaron como principal causa de este proceso “el significativo incremento de la pobreza económica entre quienes ya tenían carencias en dimensiones de derechos” y se mostraron críticos en cuanto a la respuesta (o la falta de ella) por parte de macrismo a la población infantil más vulnerada.
Desde el inicio de la gestión de Cambiemos ha primado frente a las problemáticas sociales la lógica represiva y de mano dura, dejando de lado cualquier opción que apunte al desarrollo de políticas integrales que aborden las causas que conllevan, por ejemplo, al aumento del delito. Una de las estas razones, se sabe, está vinculada al aumento de la pobreza, algo que en estos cuatro años se ha incrementado de manera exponencial. Es decir, el macrismo, no sólo no abordó la pobreza, sino que contribuyó en su acrecentamiento y la vinculó –a modo de respuesta- con políticas de seguridad punitivas como respuesta al delito, sobre las que ha construido un discurso de atracción del núcleo duro de sus votantes.
La más reciente de esas propuestas es justamente la baja en la edad de imputabilidad que hoy se debate en audiencias en el Congreso. Allí, organismos públicos de niñez y adolescencia, colegios de magistrados, académicos, docentes; organizaciones sociales, la Iglesia, Unicef y representantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuestionaron, desde distintas perspectivas, pero con similares argumentos, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, según consignó el diario La Nación este lunes.
El proyecto además de fijar el límite punitivo en 15 años para quienes cometan delitos como homicidios, robos violentos y extorsión, entre otros. A los 15 años, la pena máxima que se podría recibir es de 15 años. En los casos de 16 y 17 años, no habría límite de pena aunque se excluiría la prisión perpetua.
“Quienes se oponen a la baja afirman que esta decisión viola el principio de «no regresividad» en materia de derechos humanos -lo que colocaría a la Argentina en una posición de incumplimiento de estándares internacionales-, que la delincuencia juvenil es consecuencia del fracaso del Estado en garantizar salud, educación y una vida digna a niños y adolescentes, que no hay estadísticas que justifiquen la medida y que experiencias en el mundo demuestran que no reduce la inseguridad”, sostuvo La Nación. A lo largo de la jornada de debate el proyecto fue tildado de “incongruente”, “insostenible”, “inútil” y “regresivo”, agregó el diario Tiempo Argentino.
Asimismo, representantes de Unicef advirtieron en la audiencia que el sistema penal juvenil no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes. Recordaron que el 42% de los chicos está bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y un 8,6% vive en hogares que no cubren la canasta básica. Unicef ya había advertido en un comunicado que “la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen casa y/o no acceden al sistema de la salud”.
Hasta la Iglesia Católica apuntó a la ausencia del Estado para garantizar derechos y prevenir el consumo de drogas. En las audiencias, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, remarcó la situación de vulnerabilidad y riesgo social en la que viven miles de jóvenes. Por su parte, Julián José Hollman de 16 años, habló en representación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa y afirmó: “La niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos. Esto deberían estar discutiendo ustedes señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos a la niñez y adolescencia”.
Por otra parte, cabe considerar incluso si efectivamente el número de jóvenes en conflicto con la ley es tan grande como sostiene Cambiemos para plantear la necesidad de la baja en la edad de imputabilidad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo en enero que la incidencia de los menores en el delito es “importante”. Sin embargo, el sitio Chequeado analizó las estadísticas y concluyó que sólo el 3,8% de los menores de 16 años corresponde a esa categoría.
Ni siquiera hay relevamientos actualizados sobre la temática. El último es de 2015 y fue realizado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, y muestra que en la Argentina el número de menores en conflicto con la ley es de 7.200.
En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, se estableció que los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque según explicó a Chequeado la ex asesora general de menores de la Ciudad, Laura Musa, “si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario”. En tanto, los adolescentes de entre 16 y 18 años son juzgados pero no por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos), pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
El actual proyecto contempla la creación de tribunales especializados que se encargarán de llevar adelante los procesos penales y el control de la pena para adolescentes de entre 15 y 18 años. En el artículo tercero del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, se aclara que los menores de 15 también podrán ser imputados aun cuando el delito quedara sólo en el plano de la tentativa “por circunstancias ajenas a su voluntad”. La única posibilidad de quedar exceptuados, en los casos de tentativa, es que “desistieran voluntariamente” de cometer el delito, según Página12. Además, señala que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible”, como debe ser en cada proceso legal, aunque la aplicación como último recurso no ocurre casi nunca en la Argentina.
En febrero pasado, la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), explicó que el proyecto “es un eufemismo propio de una estrategia de campaña electoral” y agregó que el gobierno “no ha tomado ni tomará jamás una sola medida que mejore y contribuya al bienestar del pueblo; insiste con el manodurismo como única propuesta para seducir al núcleo duro de sus votantes”.
“Es de manual recurrir a discursos con objetivos loables para ocultar la necesidad de reprimir y disciplinar ante la naturaleza destructiva y arrasadora de las políticas económicas que administran. El proyecto presentado como “la asignatura pendiente de la democracia” es en verdad más de lo mismo: ponen en marcha el trifásico “compasión (pobrecitos), tutela (me encargo), represión (los encierro)” que adoptan en ocasiones los responsables de profundizar la pobreza y la marginalización social. (…) No les preocupa que sufran desde la mala alimentación hasta el cierre de escuelas, desde la desocupación de sus padres hasta el reclutamiento policial en los barrios, desde la violencia material y simbólica hasta el gaste del discurso de la meritocracia”, explica la CORREPI en un comunicado que concluye: “si 6,5 millones de pibes son enviados diariamente a la pobreza estructural, buscar la solución a muchas de sus consecuencias en una ley que amplíe el rango de “responsabilidad criminal” de algunos de sus protagonistas no parece una solución”.
