Era abusada por su padrastro y tendría entre tres y cuatro meses de embarazo. Está internada en el Hospital de Rawson, San Juan. Movidas de entidades «celestes» para que la menor no acceda al derecho que le asiste.
Días atrás, una nena de 11 años se descompensó mientras jugaba en la escuela Cristóbal Colón, de la localidad de Médano de Oro, en el departamento sanjuanino de Rawson, provincia de San Juan. Cuando la llevaron a la sala de primeros auxilios descubrieron que estaba embarazada. Ella contó que había sido abusada reiteradamente por su padrastro, un hombre de 44 años de apellido Castillo, según consignara Tiempo Argentino.
La madre se negó a hacer la denuncia y resultó detenida. El acusado también fue detenido luego de permanecer varias horas prófugo de la justicia. La hermanita de la víctima, de cinco años, fue entregada a las autoridades de la dirección de Niñez para su protección.
La menor se encuentra internada y mientras se define si se le realizará el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo tal como está estipulado en estos casos, organizaciones “provida” de la provincia comenzaron a difundir comunicados con el ofrecimiento de apoyo para que la nena no accediera al derecho que la asiste, a la vez de otras movidas, como una cadena de oración.
En el Hospital de Rawson, donde está internada la nena, circularon versiones contradictorias sobre el estado de su embarazo. Algunas afirmaban que cursaba entre 19 y 20 semanas. Otras, que era más avanzado y que había alcanzado la semana 21. Y que, por lo tanto, era “peligroso” para la salud de la madre.
Por su parte, el fiscal Daniel Galvani sostuvo que el informe del médico legista habla de unos tres meses de gestación. Cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible, contestó: “No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable”. Cuando se trata de una violación, el aborto a requerimiento de la mujer violada debe llevarse a cabo sin dar intervención a la justicia. En el caso de una menor, debe hacerse lo que dispongan los adultos responsables.
El 27 de febrero pasado, el mismo Tiempo Argentino destacaba. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán obligó a parir a una chica de 11 años violada por la pareja de su abuela, después de dilatar el pedido de interrupción legal del embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia, con argumento de que se procure «salvar las dos vidas», según un comunicado emitido el martes por la noche, horas antes de que se le practicara una cesárea a la nena.
«El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA), notificó esta noche a la directora del Hospital “Eva Perón”, Dra Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en Familia y Sucesiones de la Va Nominación, Dra Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y -según el oficio- “ conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas», fue comunicado que generó malestar entre las personas que defienden los derechos de la chica a la que se la conoce públicamente como «Lucía» para resguardar su identidad.
La nena había sido amenazada de muerte por su violador para que no dijera nada y recién casi cinco meses después se lo pudo contar a su mamá. Aunque en ese momento comenzó a ser víctima además del estado tucumano, cuyo gobierno provincial el año pasado se declaró oficialmente «provida». Si bien «Lucía» manifestó en cuatro oportunidades oficial su voluntad para que se le practicara la ILE (cuando iban 19 semanas de gestación), desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial se dilató al situación para que se le pudiera practicar el aborto, tal como sucedió en un caso similar en Jujuy, donde la beba murió días después de la cirugía.
Por su parte, Abogadas y abogados del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) salió rápidamente a repudiar los acontecimientos. «Esta noche se practicó una cesárea a la niña de 11 años víctima de violación y se encuentra fuera de peligro. La práctica no fue la solicitada. Se seguirá con las medidas necesarias porque Si.Pro.Sa es responsable. Preocupa la presencia de agentes del Ministerio Público fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando datos personales de quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia», tuiteó la agrupación.
Además, la Campaña por el Aborto Legal regional Tucumán realizó a una marcha para el miércoles por la tarde para repudiar el accionar del Ministerio y para pedir las renuncias de Rossana Chahla (ministra) y de Gustavo Vigliocco (secretario ejecutivo).
