2019, año electoral. Frente al fracaso de las políticas económicas, lo más probable es que parte de la agenda del oficialismo esté enfocada en un pilar que el duranbarbismo sabe que le resulta funcional: “la seguridad”.
Por Vicky Castiglia / La creación de un régimen penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad, se espera que sea tratada en el Congreso este año a partir de un proyecto que presentó el macrismo. De hecho, en su discurso de inauguración del período legislativo, el presidente Mauricio Macri ya había hecho referencia al tema. Según el mandatario, “el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes” y busca “darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad”. La polémica norma que espera aprobar Cambiemos se aplicaría a adolescentes de 15 años que cometiesen algún delito, con una pena máxima de 15 años de prisión o más y también a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, consignó el portal El Parlamentario.
La insistencia en la baja en la edad de imputabilidad se da en un escenario que el gobierno ha venido construyendo a lo largo de su gestión, y que incluye una fuerte apelación a los discursos manoduristas, la profundización de la Doctrina Chocobar y un fuerte aumento en los casos de represión, gatillo fácil y mano dura.
Sin ir más lejos, en un informe recientemente presentado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se confirmó que el Estado asesina cada 21 horas a una persona. Cifra escalofriante si las hay, es la más alta desde el regreso de la democracia. El Informe Represivo Anual, que se presenta cada año, dio a conocer su última actualización el pasado viernes en Plaza de Mayo. Precisó que desde 1983 se dieron 6564 casos de personas asesinadas por las fuerzas de Seguridad o fallecidos en contextos de encierro y que de ese total, 1003 se dieron desde que Cambiemos llegó al poder, lo que representa un 20 por ciento y equivalente a un caso cada 21 horas.
“En el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra 5.462 que teníamos registrados hace un año. Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019”, advierte el trabajo.
En este sentido, en una entrevista que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich brindó al diario Clarín esta semana, hizo referencia a la implementación de sus políticas de seguridad y no sólo las comparó con las de la derecha reaccionaria y militarizada de Brasil -que llegó al poder de la mano de Jair Bolsonaro-, sino que se ufanó de habérseles adelantado. “Nosotros comenzamos nuestra política de seguridad tres años antes que Bolsonaro”, dijo y agregó que el paradigma que caracteriza su gestión es el de “proteger a la víctima, proteger a la sociedad y no dejar que la sociedad sea extorsionada por un sistema delincuencial que la tiene encerrada”.
Bajo este discurso de Bullrich es que se ampara el aparato represivo estatal para dar vía libre a la violencia contra los ciudadanos. En el informe de Correpi se afirma, por ejemplo, que la mayoría de las muertes (49%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, y que le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país (36%), con una gran incidencia de muertes en cárceles y comisarías. Además, sostiene que más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio, lo que pone de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (46,8%) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3%). A este escenario se suma que casi la totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.
“Indudablemente la decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar al máximo la intercepción de personas para identificar y requisar, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil “resistencia a la autoridad”, ha incrementado la circulación de personas en comisarías, y por eso la cantidad total de muertes con intervención de las policías en general resulta bastante superior a los casos estrictamente de gatillo fácil en la vía pública, que aumentaron también, pero en menor proporción”, especifica el trabajo de la Coordinadora.
Asimismo, sostiene que “las recurrentes y ampliadas campañas de `ley y orden`, al amparo del discurso oficial de la `inseguridad`, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos tres años se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema”.
A la vez, la Correpi subraya que se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por los medios hegemónicos”. En este sentido, cabe recordar algunos guiños del gobierno, como la reunión del presidente Macri con el policía Luis Chocobar (acusado de asesinar por la espalda a un joven en La Boca que intentó robarle una cámara de fotos a un turista), o la reunión de Bullrich con policías absueltos por gatillo fácil, en referencia a Carla Céspedes, a quien la justicia absolvió en primera instancia tras haber matado a una ladrón desarmado y por la espalda en 2016, y Arsenio Narvay, un gendarme que quedó en libertad luego de pasar un año y tres meses en la cárcel, tras dispararle a uno de los dos ladrones que intentaron robarle en 2017. También el año pasado, la Ministra declaró ante los medios de comunicación que “el que quiera andar armado que ande armado” y el diputado Alfredo Olmedo propuso la consigna “delincuente abatido, policía condecorado.
Pero la frutilla del postre del 2018, no hay que olvidar, fue la Resolución 956/2018 que habilitó a miembros de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a fusilar por la espalda. Vía libre a la represión y el gatillo fácil.
En relación con el objetivo del macrismo de bajar la edad de imputabilidad, es necesario poner atención en los datos que arroja el trabajo de Correpi: el 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. Dado que hay un 14,3% del total sin datos suficientes, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años. “El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Los rangos de edad con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 42,1% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y llega a casi el 70% si se suman los menores de 15 y los de 25 a 35 años”, refiere.
El acelerado aumento de la represión estatal, queda claro, viene siendo implementado por la alianza Cambiemos desde el inicio de su gestión. Ahora, frente a la desmadre económica, buscará durante la campaña electoral y bajo el discurso de “protección a los ciudadanos frente a la inseguridad”, profundizar sus propuestas de mano dura apelando a la creación de un enemigo común: el pibe pobre, de barrios marginales. Una vez más, la derecha punitivista, buscará criminalizar la pobreza para justificar la violencia, la represión y el gatillo fácil, para ganar elecciones.
