Por Carlos M. López / La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se niega a reconocer el esfuerzo que los docentes vienen realizando para trabajar en condiciones que atentan contra los trabajadores y los alumnos y además, se opone a reconocer una actualización del salario que les brinde una mejor calidad de vida frente a las complicaciones que impone la economía macrista, la cual sufre constantemente incrementos sobre los precios del consumidor final. Esto fue lo que demostró este fin de semana la gobernadora al encabezar un encuentro de mesas educativas en Ensenada junto a docentes, directivos y padres. Las próximas semanas serán claves para que los gremios reciban una oferta salarial mejorada que tenga en cuenta la pérdida del poder adquisitivo con la mega devaluación macrista del año pasado. Lo que no niega Vidal es el aumento de los servicios, ya que las compañía eléctricas fueron habilitadas a un nuevo ajuste que será traspasado a los usuarios, a pesar de que en muchas localidades el servicio es ineficiente. El aumento será para “recuperar” los gastos que generó la caída del peso con respecto al dólar en los últimos meses del año pasado. Insólitamente el gobierno provincial le niega a los docentes la misma lógica de compensación que le acepta a las empresas eléctricas, fuertemente monopolizadas en el territorio bonaerense. Lógica macrista al servicio del Fondo Monetario Internacional.
Cambiemos utiliza los espacios oficiales de debate para cargar contra la dirigencia gremial que viene haciendo frente a las duras paritarias docentes. Junto al ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro; el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador; el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y el senador Esteban Bullrich, la gobernadora bonaerense aplicó su cuota de demagogia al afirmar que «si de verdad los representamos a los chicos, ellos deben ser nuestro foco, tienen que ser nuestra prioridad. No puede haber interés partidario ni personal que esté por encima de ellos», afirmó en Ensenada. Lo que resulta sorprendente es que si Vidal pensara realmente en los chicos ya debería haber dado respuestas sobre los pedidos de los docentes de reparar cientos de escuelas que no se encuentran en condiciones y se han convertido en instalaciones riesgosas para grandes y chicos por problemas como posibles derrumbes, pérdidas de gas, inundaciones de agua o peligros de electricidad por inconvenientes en las conexiones que se mantienen fuera de estado. La gobernadora insólitamente pidió “respeto” y “mantener los valores” para enfrentar las reuniones paritarias, cuando en realidad lo único que ha hecho su gobierno es encerrar a los docentes en un camino sin salida.
La paritaria docente en la provincia de Buenos Aires arrancó de la peor manera porque nuevamente el gobierno de Vidal fue a la carga con una propuesta muy por debajo de las pretensiones de los gremios docentes nucleados en el Frente Gremial Docente Bonaerense. El gobierno ofrece un mecanismo de ajuste “automático” del salario en función de la inflación, lo que fue aceptado en primer término, pero desde el ministerio de Educación se niegan a reconocer una compensación por la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, un reclamo que los docentes habían anticipado que llevarían a la mesa de negociación porque Vidal pretende que los trabajadores hagan de cuenta que no existió la mega devaluación y simplemente se piense en un ajuste a partir de este año, cuando en realidad la crisis económica con picos inflacionarios comenzó mucho antes.
Tras la primera reunión del miércoles pasado, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petroccini, afirmó que los gremios “dejamos claramente planteado que tiene que haber un recupero de la pérdida salarial de 2018, con ese 32% que impusieron contra el 47,6% que dio la inflación”. En respuesta a la falta de predisposición del gobierno macrista para cerrar la negociación, diputados y senadores kirchneristas de la provincia elaboraron al día siguiente un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Especial para el seguimiento de la paritaria docente. De esta manera, la comisión compuesta por cuatro senadores y ocho diputados buscará mediar mejores vías de resolución que las aplicadas por el gobierno sin éxito y “realizar un control directo y permanente sobre las reuniones, medidas y resoluciones que se desarrollen en el marco de la negociación”.
Un estudio comparativo del Centro de Estudios de la Educación Argentina en base a las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que los salarios docentes argentinos se ubican en el puesto 34 de 37 países analizados para esta muestra. Según el análisis que realizan los especialistas en el informe, “de los 33 países que se encuentran mejor posicionados que la Argentina, los primeros cinco triplican los valores salariales anuales de nuestros docentes, en tanto que los siguientes quince países duplican los valores argentinos”. Es que el informe también estima que “las naciones que avanzaron rápidamente en la calidad de su educación lo hicieron mejorando la preparación de los nuevos docentes, lo que desde ya también exige que la profesión docente sea plenamente reconocida con mejores niveles salariales”. Esta relación entre preparación, capacitación y expectativas salariales satisfechas es precisamente lo que Cambiemos no quiere que ocurra en el país.
La desidia en Educación no sólo afecta al nivel inicial y escolar, sino que además organizaciones sociales y referentes se movilizaron el viernes pasado en el centro de La Plata para reclamar que la gobernadora no elimine el programa que afecta a más de setenta Centros de Formación Profesional en la provincia. Los profesionales no entienden por qué el gobierno insiste en cerrar un programa que no presenta irregularidades y temen que se deba meramente a una decisión política de reducir costos. Es que justamente esta misma semana un grupo de docentes impulsaron una clase pública frente al Ministerio de Educación para reclamar más presupuesto para las becas Progresar, ya que según la Resolución 7/2019, publicada el 1° de febrero en el Boletín Oficial, los valores de las becas se mantienen iguales desde febrero del año pasado, con un piso de 1.250 pesos y un tope de 4.900 pesos para aquellos que estén por finalizar carreras consideradas “estratégicas”.
Asimismo, el viernes también se movilizaron los estudiantes que se ven afectados por el incumplimiento de Vidal de la Ley provincial N° 14.735 que establece el Boleto Educativo Gratuito y Universal en territorio bonaerense. La norma estipula un total de 45 viajes mensuales a universitarios y 50 a secundarios, que reciben cada mes una carga en la tarjeta SUBE. Hoy esa acreditación quedó congelada y con los aumentos de los transportes ahora los estudiantes sólo llegan a pasar aproximadamente un 40% de los pasajes. Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) reclaman que la carga en la SUBE es de tan solo 528 pesos con un boleto de colectivo que va desde 17,70 hasta los 22,20 pesos según el tramo, franja que desde marzo aumentará a 19,20 y 24,20 pesos.
La situación inflacionaria avalada por el gobierno afecta a todos los bonaerenses por igual. Esta semana pasada la gobernadora le dio un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos al autorizar a las empresas eléctricas a cobrar una compensación a los usuarios, lo que generará un tarifazo que podría establecerse entre un 36% y un 55%. Esta decisión se debe a la última devaluación de la moneda local, lo que generó presiones de las empresas para que los ciudadanos cubran la diferencia que necesitan los privados para mantener las mismas ganancias en dólares. La postura de Vidal no sólo es nula en escuchar a los vecinos que no pueden pagar sus facturas, sino que además sigue siendo de conformidad con los grupos que se enriquecen a costas del pueblo de la misma manera que ocurrió durante toda la gestión de Cambiemos.
La resolución publicada el último miércoles por el Directorio del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires resuelve «autorizar a los distribuidores provinciales EDELAP, EDEN, EDES, y EDEA y a los distribuidores municipales agentes del MEM y no agentes del MEM a incluir en sus facturas el concepto Incremento de Costo Tarifarios (ICT), a partir de la emisión de la facturación correspondiente al mes de febrero de 2019, de acuerdo a los valores aprobados, hasta recuperar las diferencias resultantes del costo propio de distribución y del costo mayorista de compra de energía». El Estado debería proteger a la sociedad de medidas como éstas, pero en a diferencia de esto el ICT fue creado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como mecanismo para que las distribuidoras puedan recuperar las diferencias por costos mayoristas y de distribución.
La presidenta del bloque Unidad Ciudadana FPV-PJ en la Cámara de Diputados bonaerense, Florencia Saintout, apuntó contra Vidal como la principal “responsable” de la compleja situación económica que atraviesan los bonaerenses y desde su cuenta oficial de redes sociales afirmó que la aprobación para las energéticas es “vergonzosa”, ya que “a partir de este mes los usuarios vamos a subsidiar a las energéticas. Aumenta todo y ellos se enriquecen”. Sumado a esto, recordó que el tarifazo del transporte provocó que se necesiten “casi 800 pesos al mes en gastos de colectivo para ir y volver de trabajar”, en ciudades como La Plata donde los colectivos no conectan a todos los puntos por los distintos recorridos, obligando a los pasajeros a trasladarse en más de una línea de colectivo para ir de un punto a otro, razones por las que le pidió a la audiencia como referenta del kirchnerismo en la provincia que este año “frenemos el tarifazo en las urnas”.
Por su parte, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rápidamente afirmó que la nueva medida autoritaria de Cambiemos con las energéticas “es otra muestra más de que el gobierno le da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudica a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen. Este recargo -continuó- hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las Pymes, beneficiarios de Tarifa Social y las entidades de bien público”, completó.
