Por Carlos M. López / La gobernadora se ha convertido en una figura experta en evadir responsabilidades. Enfocada de lleno en su candidatura y el posible desdoblamiento de las próximas elecciones, deja de lado a miles de familias bonaerenses que no encuentran salida a la crítica situación socio-económica que atraviesa la provincia como producto de la crisis que el propio macrismo desencadenó a nivel nacional y que se ha esparcido por diferentes provincias. Las empresas se aferran a esto como si se tratara de una simple escenario de mercado cuando en realidad debe ser identificado como un sinónimo de las políticas de Cambiemos. El freno del consumo que volvió a retraerse considerablemente en el último trimestre de 2018 y los nuevos tarifazos en los servicios que habilitó el gobierno han puesto a muchas fábricas y Pymes ante el final de sus actividades, lo que está dejando en la calle a miles de trabajadores que resisten en sus puestos de trabajo. Así como muchas empresas han despedido personal de manera indiscriminada durante todo el año pasado, otras lo continúan haciendo en este comienzo de año y en otros casos más graves hasta presentan pedidos de quiebras, dejando a la deriva a grupos de personas que se levantan temprano para ir a trabajar y son notificados al llegar a sus puestos de trabajo que ya no cuentan con uno. En algunos casos, la avanzada es aún peor porque las patronales aprovecharon los periodos vacacionales de los empleados para enviar telegramas de manera sorpresiva, sin previo aviso. Esta situación significa el vaciamiento silencioso que el gobierno de Vidal permite en muchas localidades bonaerenses con un Estado ausente y una justicia simplista en tiempos de mayor pobreza y menos oportunidades. Para la gobernadora, exculparse a sí misma ya es un práctica cotidiana.
La situación económica y social de las localidades bonaerenses empeora cada vez más con las políticas que aplica el gobierno de María Eugenia Vidal, quien se encuentra más concentrada en su campaña política hacia las próximas elecciones que en solucionar muchas de las problemáticas a las que Cambiemos no le dio solución en más de tres años de gestión e incluso a las que profundizó, como ocurre con el aumento de los despidos masivos en el sector público y privado, el aumento de la canasta básica y el consecuente aumento de la pobreza. Entre el poder estatal que comanda el macrismo y los empresarios -principalmente los que encabezan unidades de negocio de multinacionales- existe un acuerdo tácito para dejar en la calle a nuevas familias todas las semanas. El cierre de fábricas que se realizó durante todo el año pasado empieza a profundizarse en las primeras semanas del año, con prácticas ilegales que van contra los derechos de los trabajadores y en ocasiones en complicidad de los gremios y funcionarios estatales.
Como ocurrió de manera sistemática durante todo el 2018 y continúa ocurriendo en el comienzo de este año, nuevas empresas se suman a las que dejan a trabajadores en la calle. Esto es lo que ocurre con los empleados de la textil Sport Tech en San Martín, los cuales no reciben sus pagos de salarios desde diciembre, con el aguinaldo y el bono de fin de año incluido, lo que adelanta un posible vaciamiento de la firma luego del pedido de quiebra presentado por la patronal en diciembre pasado, situación que activó el estado de paro y asamblea permanente de los trabajadores. Unos 26 trabajadores que permanecen en las instalaciones de la fábrica se negaron a reconocer el pedido de quiebra y lograron detener el desalojo y los cortes de los servicios de luz y agua que ya estaban programados. La resistencia en los puestos de trabajo esta semana logró la primera noticia positiva para el grupo de trabajadores cesanteados porque la empresa Nike, que terceriza parte de su producción nacional en la fábrica junto a otras marcas como Adidas o Puma, se comprometió a pagar una parte de la deuda de los salarios.
El secretario general del Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV), Fernando Castillo, confirmó que la deuda a cada empleado alcanza los 40 mil pesos en promedio y explicó que esa suma representa los aguinaldos y retroactivos de abril, mayo y junio, el sueldo de diciembre, el aguinaldo de fin de año, las vacaciones del año pasado y finalmente el bono que determinó el gobierno nacional para privados a fines del año pasado. Estos despidos no sólo significan un problema para los cesanteados, sino también para sus familias e incluso en algunos casos fueron despedidos hombres y mujeres que trabajaban en la fábrica de manera conjunta, lo que directamente convierte a todos los miembros de la familia con ingresos en desempleados.
El sindicalista explicó además que “estamos pidiendo la continuidad de nuestra fuente de trabajo ante una inminente estafa laboral y vaciamiento de la fábrica. Este empresario tenía dos plantas, la central en San Martín y una pequeña en el partido de Luján, y allá comenzó con el despido sistemático de trabajadores hasta llegar a una plantilla de 60 trabajadores, quienes el 28 de diciembre fueron a trabajar y se encontraron con un cartel que decía que la empresa cerró por quiebra”. Asimismo, explicó que “el argumento es que no se puede trabajar más y que la crisis no es ajena. Decayó el rubro a nivel general y el trabajo, pero al ser marcas de primera línea, tenemos pedidos y sistemáticamente los rechazan. Nosotros lo sabemos porque tenemos acceso a los informes de la fábrica”, subrayó.
La aceitera Cofco de Valentín Alsina tuvo un desenlace similar cuando la semana pasada despidió a 195 trabajadores tras la decisión dirigencial de “comprar el cereal sin industrializar para procesarlo en el exterior”. La gremial del sector solicitará una audiencia con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, ya que el conflicto que fue supervisado por el gobierno bonaerense eludió un paso obligatorio llamado procedimiento preventivo de crisis, que según la norma debe ser solicitado por todo empleador antes de practicar cesantías masivas. Tal como viene ocurriendo en todos los casos, Vidal no se hace responsable de esto y no sólo que dictó la conciliación obligatoria, sino que además no obliga a la empresa a dar explicaciones por la cantidad de despidos en conjunto o reponer los puestos de trabajo.
Lo llamativo de este caso es que la empresa que pertenece a la asiática China National Cereals de la Oils and Foodstuffs Corporation, que fue la compradora de Nidera en marzo de 2017, alega estar en crisis pero sus trabajadores aseguran que las ganancias la vienen ubicando como un competidora directa de Cargill, lo que evidencia que la decisión se trata más precisamente por una posición de mercado que de una medida extrema por falta de ganancias para el pago de salarios. Los aceiteros emitieron un comunicado para visualizar la situación a nivel nacional antes de movilizarse al ministerio de Trabajo, en el que detallaron que “Cofco no muestra ningún balance que exprese la supuesta ‘crisis’. Por el contrario, lo único que demuestra cerrando su única planta de envasado y refinamiento para el consumo doméstico en el país, es que su único interés es comprar el cereal sin industrializar para procesarlo en el exterior”.
En San Nicolás, la autopartista Motomel hizo lo propio con más de 180 operarios que se mantienen en estado de alerta esperando la confirmación de los despidos que ya fueron anunciados. Este grupo de personas se suma a otras decenas que fueron despedidos por la firma durante el año pasado. El responsable del área de prensa de la UOM San Nicolás, Fabián Gigli, explicó ante los medios de comunicación que el martes “tuvimos una reunión con el director de la empresa, Mario Meller, donde nos informó que la medida se tomó a raíz de la caída de ventas que hubo en estos últimos días. Todo esto como consecuencia de la crisis cambiaria, la devaluación del dólar, ha habido una retracción en las ventas. Con lo cual la empresa no podía seguir produciendo al ritmo que lo venía haciendo. Esto trajo como consecuencia la no renovación de alrededor de 100 contratos”, afirmó.
A su vez, la marca de motos Zanella también sigue el mismo camino con los puestos de la planta que posee en Mar del Plata, a partir de la caída de las ventas y el aumento de los costos. Por estas horas todo el personal de la plata se encuentra suspendido y el camino más cercano dado el contexto es el cierre de la fábrica. Es así como los trabajadores de la zona costera se verán perjudicados y no fueron asistidos por la provincia en ningún momento para buscar una alternativa de negociación con la firma que también posee plantas de producción en Caseros, Cruz del Eje (Córdoba) y San Luis. El secretario administrativo de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Mar del Plata, Hugo Bravo, comentó en comunicación con el diario Página/12 que “desde mediados del año pasado que venimos con problemas en Zanella. A ellos los complicó mucho la devaluación y le bajaron mucho las ventas. Apuntábamos a que desde octubre, con las mejores temperaturas, cuando la gente se mueve más en moto, aumentan un poco las ventas, pero no fue así. El laburante es el que compra motos, pero hoy no sobra nada, la prioridad es pagar las boletas. Es comer, pagar las cuentas y rogar que no te cierren la fuente laboral”, analizó el dirigente.
Lo que remarca Bravo tiene sentido y se corresponde a una clara política económica del gobierno que desde hace más de tres años busca frenar el consumo como única salida a la suba de la inflación, lo que igualmente pese a esto no detuvo el crecimiento en ningún momento, sino que se convirtió el año pasado en una de las más alta en 27 años, alcanzado el 47,6% anual. Según los datos de la división motos de la guía oficial de precios de Acara, en diciembre último se patentaron 26.262 motos y en el acumulado del año se vendieron 572.693 unidades cero kilómetro. Estos datos confirman que el sector experimentó una caída interanual del 54,2% y una baja del 16,8% en la venta de cero kilómetros con respecto al 2017. Y si bien Zanella se ubica en el país como la segunda marca más vendida del año pasado con 100 mil motos y por detrás de Honda, esto no alcanzó para no provocar el casi cierre de la planta marplatense por la caída de un 20,2% para la marca con respecto al 2017. Ya el año pasado la empresa había acordado con el gremio del sector una suspención del personal con reducción de los haberes al 65% del salario bruto como medida extrema para no encaminarse al cierre. Sin embargo, la cantidad de operarios bajo de 47 a 37 y ahora directamente todos fueron suspendidos, anticipando el cierre que todos querían evitar pero que la desidia del Estado provincial hizo posible.
En Munro, partido de Vicente López, los trabajadores de Pilkington (NSG Group) realizaron el jueves pasado una asamblea luego de diez despidos que la empresa autopartista decidió de manera arbitraria con avisos sin causa y precisamente en el momento que los cesanteados se encontraban de vacaciones, lo que coincidió con un parate de la producción en la firma. Este caso se agrava aún más en relación a los anteriores porque los operarios denunciaron que la mayoría de los despedidos son personas que en su momento han presentado listas para elección de delegados. Sin embargo, los trabajadores se encuentran sin salida alguna porque además de denunciar a la patronal, aseguran que desde el Sindicato de Obreros de la industria del vidrio (SOIVA) y la Comisión Interna la Celeste no ofrecieron ningún acercamiento para comprender la situación que atraviesan, ni siquiera cuando organizaron una asamblea a metros de las puertas de la empresa.
Tras no recibir ninguna respuesta desde la parte gremial, los trabajadores se organizaron el pasado viernes con una movilización al ministerio de Trabajo y un corte del tránsito en avenida Callao y Mitre de la Capital Federal. El reclamo se centra en que 14 de los empleados fueron cesanteados de manera repentina cuando se encontraban en su receso vacacional. Uno de los afectados, Esteban Salvatierra, explicó que “los telegramas llegaron en medio del periodo de vacaciones, fue totalmente sorpresivo”, en una empresa que acapara el 76% del mercado original y de reposición de parabrisas, lunetas y vidrios laterales. La mayoría de los empleados que fueron notificados son delegados dentro de la empresa y temen que la lista de cesanteados podría expandirse a unos 70 casos en las próximas semanas. Por esta razón y tal como lo confirmó Salvatierra “quedaremos en asamblea permanente con cese de actividades y un acampe en la puerta de la fábrica”.
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, precisamente esta semana salió al cruce de la gobernadora por la situación que influye a su municipio, pero que se expande a toda la provincia. En este sentido, cuestionó que “ya no podemos esperar nada de la gobernadora en cuanto a soluciones para los matanceros”. La jefa municipal criticó el desconocimiento que mostró ante los medios Vidal con respecto a los datos socioeconómicos del distrito al afirmar en su participación en un programa de América TV en donde afirmó que “ha sido olvidado por años, tiene problemas de infraestructura muy grande, tiene problemas de cloacas, todavía tiene calles de tierra”. Es por ello que Magario, quien también preside la Federación Argentina de Municipios, aseguró que “entre 2003 y 2015 se logró llevar la red de cloacas al 70% de la población matancera” y remarcó que luego “no se logró un mayor alcance porque se paralizaron las obras del Plan Cloacas + Trabajo” y la detención en el 2016 de la “obra de la Planta de Tratamiento Cloacal que llevaría la red cloacal a toda La Matanza. Eso fue por decisión del presidente y la gobernadora jamás defendió esa obra, como era su obligación para con los matanceros”.
En la misma línea, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana FPV-PJ de la Cámara de Diputados bonaerense, Florencia Saintout, denunció que pese a que los medios no lo dan a conocer en la ciudad de La Plata, donde también supo ser concejala, el cierre de comercios aumentó un 40% en dos meses, razón por la cual se preguntó desde su cuenta oficial de redes sociales: “¿Cambiemos no piensa poner un freno a las eléctricas para que den un servicio con precios justos en lugar de seguir aumentando sus bolsillos?”. Esta semana en la capital bonaerense un reconocido restaurante de la zona céntrica recibió una factura de luz por 190 mil pesos, con una suba de 30 mil pesos con respecto al mes pasado. Esto se suma a otros casos que fueron notificados ante la cámara platense de Comercio y que evidencia el abuso de los aumentos, los cuales desde la empresa prestadora del servicio Edelap justifican por el uso de “artefactos de mayor consumo”.
La gestión de Macri ya se cobró aproximadamente unos 108 mil puestos de trabajo en la industria, con sectores totalmente vaciados por la falta de producción o los despidos que las empresas organizan de manera masiva para finalmente cerrar fábricas. Esto no sólo afecta a Pymes que se ven afectadas con el aumento de las tarifas de los servicios, sino que además muchas multinacionales deciden irse del país para producir en otros lugares. La provincia de Buenos Aires por su extensión y densidad de población es una de las más afectadas con esta realidad, ya que allí se ubican los más grandes polos industriales que han reducido considerablemente los niveles de producción. Lo mismo ocurre para los comercios más pequeños que tienen que ajustar sus costos porque no llegan a pagar los servicios. Vidal es directamente responsable del hambre y la falta de trabajo que abruma a la provincia; es responsable de mirar para otro lado cuando miles de bonaerenses piden respuestas para levantar una provincia que se sigue endeudando cada vez más y que en lugar de generar valor agregado destruye la industria y deja en la calle a los trabajadores que la componen.
