El año comenzó de la única manera posible con Cambiemos al poder. ABSA reclama un aumento del 38% para marzo, la electricidad subirá un 50% y los otros servicios esperan varios aumentos escalonados para el resto del año. Los intendentes que conforman el Partido Justicialista le reclaman a la gobernadora más trabajo y menos especulación en relación al desdoblamiento de las elecciones en la provincia. La tarifa social fue trasladada a los municipios poniendo en jaque las cuentas de varias localidades del interior que ya sufren con pérdida de puestos laborales y caída del comercio. Es por ello que el peronismo irá por la unidad electoral que permita una candidatura que salga del territorio y pueda consolidar una figura cercana al campo popular, lo opuesto a un gobierno provincial que busca perpetuarse en el poder para profundizar una política para pocos.
Por Carlos M. López / Ante una realidad compleja en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal se mantiene en silencio y centrándose en el desdoblamiento de las elecciones de este año como principal problemática actual. En consecuencia, los intendentes que componen el Partido Justicialista bonaerense se reunieron el sábado pasado en Villa Gesell para debatir sobre los principales problemas que enfrentan los pueblos de sus municipios, golpeados fuertemente por el aumento de los servicios, la caída del empleo -principalmente en el sector industrial- y la reducción de las ventas que afecta a las recaudaciones de Pymes y pequeños y medianos comerciantes.
“Le pedimos a la gobernadora que deje de mirar su candidatura y trabaje por el bien de los bonaerenses”, afirmó al terminar el encuentro el titular del Partido Justicialista y jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En un documento de balance que realizaron en conjunto, los intendentes advirtieron que “la recesión y la inflación golpean fuertemente sobre la producción local y el comercio generando una caída real de los salarios de los trabajadores, el cierre de fábricas y de pequeñas empresas aumentan la desocupación junto al desplome de la construcción en las ciudades chicas y medianas”.
La crítica a la gobernadora nace principalmente por la falta de respuesta que existe desde la administración de Cambiemos a los pedidos de los intendentes para rever soluciones en conjunto ante los embates de la crisis económica, precisamente porque fue la gestión macrista la que llevó al escenario actual a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. “La educación, la salud, el empleo están en crisis y la única respuesta que da el gobierno a estos problemas es una comisión para analizar cómo desdoblar las elecciones y despilfarrar así 3.200 millones de pesos”, denunció Gray.
La situación en el interior se ha profundizado considerablemente en los últimos meses, con una caída real de los salarios de los trabajadores, cierre de fábricas y pequeñas empresas que además provoca un aumento constante de la desocupación y una baja de la construcción, uno de los rubros que más afectado se ve con la falta de inversiones.
Los vecinos bonaerenses les transmiten a sus intendentes la preocupación por no poder pagar los servicios, pero Vidal tiene en carpeta para las próximas semanas la autorización para que las distribuidoras de energía EDELAP, EDEA, EDES, EDEN y las 200 cooperativas que funcionan en el interior de la provincia de Buenos Aires, puedan aumentar en febrero hasta el 50% el costo del servicio para los ciudadanos. Esto agrava la situación de miles de familias que, según el último estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, destinan un 26% del salario mínimo se al pago de servicios públicos, dado que dentro del territorio bonaerense un servicio como la electricidad llegó a experimentar aumentos de un 2.300% en los últimos tres años de gobierno macrista.
También la semana pasada en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) encabezó junto a autoridades del Ministerio de Infraestructura bonaerense, la Audiencia Pública en la que legisladores, concejales y usuarios debatieron sobre un posible incremento del 38% en las tarifas del agua potable y cloacas para 79 localidades. En La Plata se vive una situación particular donde barrios como Altos de San Lorenzo, Tolosa, San Carlos y Villa Elvira vienen experimentando cortes en el servicio y ahora deberán pagar un aumento injusto avalado por la gobernadora y su ministro de Infraestructura, Roberto Gigante. El titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, denunció que lo que realizó la empresa fue “un nuevo simulacro de audiencia pública para justificar un aumento del 38% en una empresa que deja mucho que desear: da poca agua, y donde la da no se sabe si esa agua es buena ni si se la puede tomar”.
Así como ocurre con este servicio que aumentó un 364% desde que asumió Vidal, lo mismo se traslada al boleto del transporte, el que desde este año será subsidiado por las Municipalidades de cada distrito por orden de la Gobernación. La gravedad de la situación de los bonaerenses provocó la organización colectiva que surge en distintos municipios que habitualmente se mantienen al margen de los reclamos nacionales y ahora se juntan en movimientos intersindicales para acercar a los intendentes el descontento social.
La situación que atraviesan los municipios se entiende con informes alarmantes como el recientemente publicado por el Centro de Economía Política (CEPA) con las variaciones de precios acumuladas entre 2015 y 2018 remarcando entre otros indicadores las siguientes subas: la inflación llegó en tres años al 160%, la tarifa del gas aumentó un 3.008%, la electricidad un 2.136%, las tarifas de los servicios sanitarios hicieron lo propio con un 515% de aumento y los combustibles subieron 197%. A contracara de esto, el salario promedio en el sector privado se redujo en un 22%, el salario mínimo vital y móvil perdió un 24% en relación a las subas y la jubilación mínima cayó un 19%.
Los municipios tendrán que lidiar en este año electoral con gastos que no esperaban. Por la transferencia de obligaciones que la Provincia encaró en el cierre del 2018 cumpliendo las órdenes de la Nación, los intendentes tendrán que cubrir la tarifa social que habitualmente se absorbía a nivel provincial. Además, la situación económica puertas adentro de los municipios se complejiza por la quita del Fondo Sojero y por la imposibilidad de subir en la misma proporción sus contribuciones. Es por ello que ya comenzaron las movilizaciones y marchas en las calles como fue la última marcha de antorchas del jueves pasado para reclamar contra los tarifazos porque los bonaerenses esperan un 2019 con más pérdida del salario real, nuevas subas de la inflación y más despidos en los sectores público y privado.
El deseo de desdoblar las elecciones de Vidal no hace más que humillar a una imagen destronada del presidente Mauricio Macri, convertido hoy en un peso para cualquier decisión electoral. Sin embargo, la gestión de la gobernadora tampoco arroja buenos indicadores y es por ello que su equipo de comunicaciones espera hacer una campaña exitosa desde los medios de comunicación para aprovechar que Vidal es una de las figuras políticas con mayor pauta publicitaria -que sale del bolsillo de los bonaerenses- en medios de comunicación que se hacen llamar “independientes”, pero funcionan como oficialistas.
Vidal quiere la reelección y por ello el pasado 30 de diciembre mediante el Decreto 1966/18 incorporó personal cercano como planta permanente del Estado, con remuneraciones que en algunos casos resultan ser superiores a los 150.000 pesos mensuales. Como lo ha demostrado durante toda su gestión, la gobernadora tiene fondos para lo que quiere, así como también toma deuda internacional para contentar los pedidos nacionales. Sea cual sea su política económica, en más de tres años de gobierno nunca ha beneficiado a los millones de bonaerenses que este año seguirán pagando su crisis.
