El uso electoral de la agenda de seguridad no es una estrategia nueva, pero es útil. De cara a las presidenciales de este año, el macrismo apuesta a lo seguro en un contexto regional propicio para avanzar con proyectos de corte punitivista que se suman a otra serie de políticas ya implementadas, como el permiso a la policía para disparar por la espalda. Pero la cuestión va más allá del debate por si esa estrategia permitirá el triunfo de Cambiemos en los comicios de este año. La pregunta gira en torno a la recepción que tienen esas medidas en los diversos sectores de la sociedad.
Por Vicky Castiglia / El gobierno de Mauricio Macri se ha concentrado en la temática seguridad a la hora de proponer proyectos e instalar agenda. Tiene sentido: el 2019 es un año electoral y esa estrategia suele funcionar. Frente a los tarifazos, el desempleo, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el severo endeudamiento con el FMI, el gobierno propone bajar la edad de imputabildad, expulsar a los inmigrantes, utilizar pistolas taser en las fuerzas de seguridad y construir un ejército de civiles.
Son propuestas que se suman a las implementadas a finales de 2018, como el protocolo de uso de armas para las fuerzas de seguridad, que les da vía libre para disparar en caso de delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa. De hecho, a mediados de noviembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había recibido en su despacho a dos policías absueltos por casos de gatillo fácil y había declarado: “Argentina es un país libre, el que quiera andar armado que ande armado”. Se trató de una re confirmación de la “Doctrina Chocobar”, bautizada así en honor al policía Luis Chocobar, quien en 2017 asesinó por la espalda al delincuente Pablo Kukoc y luego fue aclamado por el Presidente y su Ministra.
Ahora el macrismo va por más. El pasado 4 de enero se conoció que el gobierno buscará este año reformar la carrera militar a través de un sistema de reserva integrado por voluntarios civiles, que estarán a disposición para ser convocados ante un conflicto bélico o desastre natural. El objetivo sería “redefinir el rol de las Fuerzas Armadas para extender su participación en temas de seguridad interior”, aunque pareciera ser más el desmantelamiento de la planta profesional de esa cartera. Esta nueva fuerza de reserva, según publicó el diario Clarín, “buscará sumar unos 10.000 efectivos” pero eso sería a costa de reducir el plantel de militares y civiles activos de las tres fuerzas.
En el proyecto trabaja el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien el último noviembre anuló una resolución de la ex ministra, Nilda Garré, en la que había pasado a retiro a 25 militares por no manifestar conductas democráticas (uno de ellos estaba involucrado en una causa por torturas a soldados en la base aval Puerto Belgrano, por ejemplo). La medida de Aguad incluyó hasta una indemnización para los militares.
Otra de las decisiones tomadas en materia de seguridad, es la compra de 300 pistolas Taser para que sean utilizadas en aeropuertos y vagones de trenes. Este tipo de picanas portátiles han sido rechazadas por Naciones Unidas y organismos de Derechos Humanospor considerarlas elementos de tortura. De hecho, un informe del Comité Contra la Tortura de la ONU de 2014 advirtió que son herramientas “mortales”. En ese documento el Comité solicitó a Estados Unidos que “revise las normas que regulan el uso de estos dispositivos para que sean utilizados únicamente en situaciones extremas, cuando hay un serio riesgo, y estableciendo un límite claro para que no se use contra mujeres embarazadas o niños”. A su vez, exigió que se respete el criterio de proporcionalidad en su empleo y rechazó la utilización de las taser en institutos penitenciarios.
En tanto, esta semana, Patricia Bullrich adelantó que este año se buscará endurecer la ley migratoria para expulsar a los extranjeros que cometan algún delito. Incluso, se evalúa la creación de una unidad especial para buscarlos y expulsaros. La Ministra aseguró que “en el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, del 20 por ciento de la personas detenidas”. No obstante, los datos no acompañan sus declaraciones: si bien en el Gobierno aseguran que tienen un listado de mil migrantes a ser expulsados por antecedentes penales o por su ingreso ilegal, los números de expulsiones anuales son mucho menores, incluso con el crecimiento exponencial que hubo en la gestión Macri. En 2015, fueron expulsados cuatro migrantes, en 2016 pasaron a 33; en 2017 a 75, y hasta octubre de 2018, eran 150, según consignó Página12.
Finalmente se ubica la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años. “El proyecto parte de una premisa: buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y hacia la muerte, de ellos y de las víctimas que dejan. Ahora, cada conducta delictiva va a tener una consecuencia. Si un menor roba, no importa su edad, tendrá un régimen especial socio educativo terapéutico y medidas restaurativas. Y, si comete delitos más graves, tendrá consecuencias más graves que pueden significar el encierro en un establecimiento especializado”, justificó Bullrich en declaraciones al diario Clarín.
En la nota, agregó que “la incidencia de menores en el delito es importante”. Nuevamente e trata de un dato de falaz, si se consideran por ejemplo, los datos del Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura nacional, que indican que en 2017 sólo el 3, 17% de los homicidios fueron cometidos por menores. Lo mismo sucede si se contrastan las declaraciones con el informe del Registro de los Procesos del Niño que la Procuración bonaerense elaboró en 2017 y que advierte que sólo el 3,1% de los delitos fueron cometidos por menores en la Provincia. La incidencia de los delitos cometidos por menores es prácticamente marginal al igual que los cometidos por extranjeros.
Al respecto de esta polémica se posicionó UNICEF Argentina y sostuvo que “la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad en el país, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”. Y agregó: “es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina. Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.
Ese mismo organismo había advertido a fines del año pasado que casi la mitad de niños y adolescentes son pobres en la Argentina. La propuesta de la alianza Cambiemos frente a ese escenario sería entonces la estigmatización, la mano dura y la represión, en lugar de generar políticas genuinas para hacer frente a la problemática de la pobreza infantil.
A esta altura, es sabido que las iniciativas de corte punitivista que viene impulsando el gobierno responden a una estrategia electoral. Se dan además en un contexto regional propicio, luego del triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil –quien impulsa políticas similares- y de las medidas antimigratorias que busca aplicar el gobierno del estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el problema no radica en el tipo de maniobra que traza Cambiemos de cara a octubre. El problema es el alto grado de recepción que encuentra el discurso de la mano dura en los distintos estratos de la sociedad.
En una columna publicada en Anatomía del Neoliberalismo, (un especial de Le Monde Diplomatique del pasado Noviembre), el doctor en antropología, Alejandro Grimson, se pregunta si es posible el bolsonarismo en Argentina y hasta dónde podría darse un giro a la derecha. Advierte que “es necesario prestar atención a las transformaciones culturales” y sostiene que “los cambios de gobierno, de orientación, la implementación de medidas o el despliegue de discursos que en otros contextos parecían imposibles dan cuenta de modificaciones que operan en las profundidades de la vida social (…) que se relacionan con procesos más persistentes, de largo alcance”.
Es necesario pensar las propuestas del macrismo por fuera de la lógica electoral, donde la pregunta gira en torno a si Patricia Bullrich será la candidata a vicepresidenta de Mauricio Macri. Tal vez el análisis debe abordarse en un horizonte temporal más amplio que permita responder a la pregunta sobre una eventual chocobarización de la sociedad. ¿Argentina está en camino de abandonar las construcciones políticas e institucionales en torno a los Derechos Humanos que construyeron tras el retorno de la democracia? Y si es así, ¿por qué?
Cada 22 horas, una persona es asesinada por las fuerzas de seguridad de Macri y Bullrich
