Según un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda el proceso de «recomposición» del precio de los servicios públicos, puesto en marcha desde 2016, «fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución».
“El proceso de recomposición del precio de los servicios públicos, puesto en marcha desde 2016, fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”, señala un informe de la Universidad de Avelleneda (Undav), que destaca que las subas de las tarifas llegarán a acumular más de 3500% desde que el presidente Mauricio Macri asumió el poder.
Del informe se desprende que nuestro país verificó, desde inicios de 2016, incrementos acumulados promedio del 3.624% en energía eléctrica, de 2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red.
En materia de transporte, por su parte, se registran aumentos del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes, para el acumulado trianual.
A la espera de nuevos aumentos, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+181%) o las prepagas (+155%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta fines de 2018, destaca el informe publicado este martes en varios portales de noticias.
Y agrega que estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía, gas, agua y transporte) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de casi 20 puntos porcentuales de mayor incidencia, en los últimos 3 años.
“Esto se transparenta con claridad en el índice de precios al consumidor. Ocurre que el capítulo relativo a gastos de vivienda ya crece 45,2% más que el nivel general del indicador”, señala el estudio.
En tanto, observa que desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6,1%, a una sustantivamente mayor, de 26%. Así, Argentina pasó a la segunda posición en el ranking de ocho países de la región. El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, posiciona al país sólo por detrás de Venezuela (41,5%) en términos del peso de los servicios sobre el salario mínimo, vital y móvil, destaca la Undav.
“Con todo, nuestro país fue el que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años”, remarca.
La Universidad analiza que partiendo de un costo tarifario ínfimo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios del mercado internacional.
En ese sentido, sostiene que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos y que el “ahorro” que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros ingresos, donde se destaca la caída de recaudación producto de menores niveles de actividad económica.
Por último, señala que lejos de haberse agotado en los primeros tres años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento tarifario seguirá su curso durante 2019 mientras que al significativo aumento en servicios del hogar, se agrega la fuerte suba anunciada en transporte público.
“Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2019. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año. Los menores egresos del erario público, no redundarán en una suba en los desembolsos para obras públicas. De hecho, la ley de leyes prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2018, a partir de una baja de 0,2% en relación al PBI”, concluye.
