La gobernadora de Cambiemos ha provocado la mayor cantidad de crisis que los bonaerenses recibieron en las últimas décadas. En particular el año que pasó se colmó de represiones contra los trabajadores y los sectores sociales del campo popular que protestan por una provincia más justa para las grandes mayorías. Los maestros pasaron todo un año esperando un salario justo que jamás llegaría, acompañados por estatales y trabajadores de sectores como la Justicia, los privados y las Pymes y fábricas que se enfrentan cada mes a los despidos masivos. En materia de seguridad, una nueva tragedia en una Comisaría de Esteban Echeverría provocó la muerte de 10 personas privadas de su libertad, muestra del hacinamiento que invade a los centros de detención del Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene como objetivo “amontonar presos” por orden del ministro Cristian Ritondo. Ya en diciembre pasado, el aumento de los servicios y el transporte junto al traslado de los subsidios a los municipios y la aprobación del Presupuesto del ajuste 2019, fueron las últimas muestras de que mientras que María Eugenia Vidal dirija a la provincia, nada bueno será para el pueblo.
Por Carlos López / El 2018 quedará en la historia de la provincia de Buenos Aires impregnado de violencia institucional aplicada contra los sectores sociales que mantuvieron luchas contra la crisis económica que el propio gobierno de María Eugenia Vidal generó, en la misma línea que el nacional de Mauricio Macri. La Policía Bonaerense fue el brazo ejecutor que encabezó una serie de represiones contra trabajadores, agrupaciones políticas y colectivos del campo popular en general. El mal llamado “Plan de seguridad” de Cambiemos se constituye de un aumento de efectivos policiales en las calles para perseguir y atacar a los grupos que conforman las luchas sociales opositoras al gobierno.
Los números de la gestión de este año para Vidal no son nada positivos, ni para su entorno ni para los millones de bonaerenses que deben afrontar la dura situación que presenta la economía. Según el último informe emitido por la Consultora Analogías en noviembre último, en la provincia los indicadores demuestran que se acentúa la retracción del empleo, un incremento consecuente de la desocupación y una constante caída en la producción, en las ventas, el consumo y la recaudación. La industria manufacturera cayó 6,4% en un año, con rubros como la venta de motos y autos con una marcada reducción del 40% y 45% respectivamente.
Sumado a esto, el consumo del gobierno sufrió un incremento real del 27% en relación al pago de intereses de la creciente deuda pública. Y la devaluación histórica que sufrió este año el dólar complicó aún más a las cuentas del gobierno provincial porque no sólo afecta a la actual gestión, sino que además dejará una problemática para las próximas décadas, ya que con un tipo de cambio elevado el pago de intereses se incrementa cada vez más, aumentando así el peso del pasivo bonaerense.
Es por ello que la gestión financiera de Vidal es criticada como una de las peores: En 2015 el endeudamiento público representaba el 6% del PBG (Producto Bruto Geográfico) y estaba nominado en un 58% en moneda extranjera (5.419 millones de dólares) y un 42% en pesos (equivalentes a 3.943 millones de dólares), totalizando unos 9.362 millones de dólares. Hacia el 2017 ese total de deuda provincial alcanzó los 13.649 millones de dólares, pasando al 7% del PBG, con el agravado de que la deuda en moneda extranjera se elevó al 75% del total. Ya este año, hacia el primer trimestre (última actualización oficial publicada), la deuda provincial cerró en 10.523 millones de dólares colocados en moneda extranjera y de 206.593 millones de pesos. Es decir que la deuda aumentó en un 63% en términos reales en relación a lo que representa del PBG y llegó a su pico más alto con un 86% valorizado en moneda extranjera.
El viernes pasado, Vidal no pudo terminar el año sin antes adjudicar una nueva licitación de Letras del Tesoro, emitiendo poco más de 3.200 millones de pesos de esos instrumentos, de los cuales 1.700 millones fueron a 63 días, con una tasa de interés del 45%, y 1.300 millones a 98 días, con una tasa de interés del 47%. Esta metodología que se mantuvo durante los tres años de gestión de Vidal será profundizada el año que viene según lo detalla la ley del Presupuesto provincial, con una emisión por 8.500 millones de pesos en Letras del Tesoro, sumadas a los 68.500 millones que el gobierno pedirá en los mercados y los 10.000 millones más que provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Ningún programa económico que destruya la producción industrial y sea sustentado de manera exclusiva sobre la emisión de deuda a los mercados internacionales puede resistir sin un accionar represivo. Es así como Cambiemos logra que en la provincia de Buenos Aires el ajuste se profundice cada vez más. Una de las represiones más graves de este año derivó en el asesinato del trabajador textil y militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de La Matanza, Rodolfo Orellana -de 36 años-, quien murió de un disparo en la espalda en medio de un ataque de la Policía Bonaerense en una toma de tierras en Ciudad Evita el 22 de noviembre. Orellana murió en las primeras horas ese jueves de un balazo que ingresó por su omóplato izquierdo y salió por las fosas nasales, por lo que se presume que al momento del impacto estaba de espaldas y agachado cuando fue atacado por las fuerzas policiales.
Los terrenos donde se encontraba junto a otras personas se ubica en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Ricchieri y son propiedad del gobierno nacional, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los vecinos fueron engañados por compras que no eran legales en un negociado con una mujer llamada María Isabel Carballo, razón por la cual los vecinos fueron añadidos luego al Registro de Barrios Populares con la condición de que las familias no avanzaran sobre la denominada zona C del predio, pudiendo ubicar libremente las A y B. Además, en 2014 el lugar había sido declarado sitio arqueológico municipal dado que hay allí vestigios de un cementerio querandí, por lo que desde el Colectivo Tres Ombúes, integrando por vecinos y estudiosos de los pueblos originarios, se hizo hincapié en el resguardo de la zona.
El conflicto que terminó con la muerte de Orellana comenzó cuando un hombre llamado Rolando Pardo, de nacionalidad boliviana, loteó y llegó a vender terrenos del sector C a unas 150 familias, esgrimiendo tener derechos similares a los de Carballo. Por esta razón, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Tres Ombúes venían denunciando desde hace unos meses una avanzada de este grupo, y el juzgado contencioso administrativo federal de San Martín determinó que el lugar debía tener una custodia permanente, que primero estuvo a cargo de la Policía Federal y luego pasó a manos de la Bonaerense. Tras varios avances de los vecinos y la respuesta violenta de la policía, finalmente el Ministerio de Seguridad bonaerense autorizó la instalación de más efectivos, finalizando el control con una salvaje represión el día que murió el militante.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago también supieron lo que es la represión al mando de la Bonaerense, cuando el 21 de agosto la policía atacó con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes que se encontraban frente a la Gobernación, en protesta al ajuste que la provincia intentó llevar adelante en la empresa. El conflicto iniciado a comienzos de este año fue de los más significativos que tuvo que enfrentar la gobernadora porque los empleados de la fábrica naval se mantuvieron unidos en una misma línea de acción para evitar que el Estado provincial vacíe la empresa y despida de manera arbitraria a trabajadores en su mayoría con muchos años de experiencia dentro de la fábrica. Sin embargo, el ataque policial del 22 de agosto para Vidal no fue suficiente, ya que días después declaró que lo ocurrido en La Plata “evidentemente, no fue una represión tan brutal”.
Situación similar sufrieron los trabajadores de la empresa Siam de Avellaneda, quienes fueron reprimidos en varias oportunidades durante el año, siendo la última el 22 de noviembre. Unos 150 efectivos de la Bonaerense rodearon a los trabajadores y vecinos en el acampe que los obreros mantenían para reclamar que la patronal cumpla con la conciliación obligatoria en medio del conflicto por despidos. El desalojo fue violento y efectuado por la madrugada, para aprovechar que los empleados no se encontraban despiertos en su mayoría como para iniciar algún tipo de respuesta a los embates de la fuerza policial.
Si para quienes tienen un trabajo estable la seguridad social no está garantizada porque muchos pierden sus puestos cada mañana, menos serán las oportunidades que tendrán las personas privadas de la libertad, a quienes el gobierno de Vidal amontona en las cárceles y comisarías como si se tratara de una carga que en realidad prefieren eliminar. En materia de seguridad, en centros de detención Vidal expone como un éxito que exista la preocupante cifra de 42.000 personas privadas de su libertad en instalaciones controladas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), las cuales se encuentran en condiciones de hacinamiento y sin posibilidades de mejorar ningún tipo de conducta.
El hacinamiento y las pésimas condiciones en las que habitan los presos este año produjo una nueva tragedia histórica para la provincia de Buenos Aires. El 15 de noviembre en la Comisaría Nº 3 de Esteban Echeverría, seccional ubicada en Camino de Cintura 6080, los detenidos que se encontraban allí quedaron atrapados en un incendio que según la fuente policial fue iniciado en un intento de motín, desmentido esto por testigos que aseguraron que los policías arrojaron colchones a las celdas para incentivar el fuego. A la fecha, ya son 10 las personas que murieron producto de aquel incendio, ya que 7 detenidos murieron en el momento y otros 3 fueron falleciendo con el paso de las semanas, después de no poder soportar heridas graves. Por la incompetencia de los policías y las condiciones de hacinamiento que invaden a todas las cárceles y comisarías bonaerenses, en este caso murieron: Juan Carlos Fernández (31), Walter Gabriel «Choco» Barrios (21), Miguel Ángel Sánchez (31), Elías Soto (20), Aaron Rodríguez (20), Eduardo Rogelio Ocampo (59), Jorge Luis Ramírez (30), Juan Bautista Lavarda (59), Carlos Ariel Corvera (25) y Fernando Martín Argüello (33), el último detenido que falleció el pasado 12 de diciembre luego de estar internado.
Para Vidal es la segunda tragedia de este calibre, ya que en marzo del 2017 había ocurrido algo similar en la Comisaría Nº 1 de Pergamino, asesinados por efectivos policiales por intermedio de un incendio, a pesar de que las explicaciones oficiales siempre se justifican con un intento de motín que salió mal. La gobernadora, y menos su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo -autor de la frase “Mejor amontonados que sueltos”, por no decir mejor muertos que amontonados-, nunca pudieron explicar de quién fue la responsabilidad de que 7 personas privadas de su libertad murieron encerradas en un calabozo, donde además estaba sobrepasada la cantidad de personas que podían convivir al mismo tiempo. Es que el gobierno provincial no tiene ni le interesa generar un plan de seguridad que sea democrático y permita la reinserción de las personas detenidas.
Así es como se funde un círculo vicioso de pobreza desde el poder. Porque como ocurrió con el Astillero Río Santiago, la industria naval más importante del país que para Macri y Vidal es una carga que quieren eliminar, o con otras empresas como Siam o Cresta Roja, de la misma manera ocurre en la provincia de Buenos Aires con decenas de empresas que empiezan a recortar el personal por los aumentos en los servicios y la reducción de las ventas, generando nuevas familias en las calles y sin una oportunidad de progresar. Este año se logró un récord se Pymes y fábricas cerradas o que desplazaron a una gran cantidad de empleados porque no pueden pagar los salarios o porque quieren cuidar sus ganancias con menores costos. Gracias a Vidal este es un escenario que se repitió una y otra vez en localidades del Conurbano Bonaerense y en otros del interior bonaerense como Tres Arroyos, Olavarría, Junín, Chivilcoy, Bragado, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Luján y Pilar, entre otras involucradas.
Pero todo esto no es un escenario pasajero que remarca una realidad económica compleja, sino que es consecuencia de un plan macrista para empobrecer a las grandes mayorías a costas de cumplir con acuerdos internacionales -principalmente los comandados por el Fondo Monetario Internacional- y luego responder con represiones y ataques policiales contra las mismas personas que reclaman el derecho a un trabajo digno que garantice una mejor calidad de vida. Vidal sólo sabe prometer más policías en las calles y más construcción de cárceles para amontonar detenidos que de escuelas para formar a las generaciones del futuro.
La deuda pública aumenta a niveles históricos, los aumentos de los servicios y el transporte siguen a paso firme y los subsidios de estos servicios son trasladados a los municipios para dejar de lado responsabilidades que le corresponden a la provincia. Los maestros siguen reclamando con paros y movilizaciones que sea reconocido un salario justo ante la pérdida real contra la inflación, a lo igual que los estatales, judiciales y empleados del sector privado a los que se les hace cada mes más difícil afrontar los gastos. El sistema de Salud sufre también tanto como el educativo, con hospitales con falta de insumos y recursos humanos para afrontar las atenciones.
Cuando el Estado se convierte en mera ausencia producto de la desidia de la gobernadora, los bonaerenses son los únicos que tendrán hambre e inseguridad social y económica, lo que en 2019 se profundizará aún más según las partidas que se estipulan en el Presupuesto aprobado este fin de año por la Legislatura. Vidal cuenta con la protección de los medios de comunicación hegemónicos a los que desvía su millonaria pauta publicitaria para perpetuar en silencio un saqueo histórico sobre la provincia de Buenos Aires. El año que viene volverá a ser un año complejo en materia social y económica, simplemente porque gobierna Vidal, sinónimo de macrismo: el gobierno más ajustador, abusador de poder y represivo que los bonaerenses pueden tener.
