María Eugenia Vidal no tiene ni tendrá un programa político de Seguridad Democrática porque su gobierno se orienta exactamente hacia todo lo contrario. Represión, violencia institucional de las fuerzas de seguridad y hacinamiento en las comisarías y cárceles son algunas de las prácticas que son una constante con Cambiemos y que durante los últimos tres años se han profundizado a niveles alarmantes. Lugares de encierro como la Comisaría Nº 3 de Esteban Echeverría deberían estar fuera de uso o ser reacondicionadas para alojar personas privadas de su libertad, pero sin embargo hoy son el epicentro del “amontonamiento” de presos que promete el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y que en este caso derivó en la muerte de 9 personas que quedaron atrapadas bajo fuego en una habitación de tres metros cuadrados. La provincia de Buenos Aires ya suma unas 331 comisarías inhabilitadas por orden judicial, aunque 117 dependencias de ese total siguen alojando detenidos.
Por Carlos López / La represión hacia la clase trabajadora sólo constituye una arista de las tantas políticas con las que la gobernadora María Eugenia Vidal piensa aplicar mano dura contra la sociedad. La desidia y el olvido completo de los lugares de encierro que juntan miles de personas privadas de la libertad es otra. En la madrugada del pasado 15 de noviembre la provincia de Buenos Aires sufrió la tragedia más grande en una dependencia policial en la historia bonaerense, luego de que nueve personas privadas de su libertad murieran en la Comisaría Nº 3 de Esteban Echeverría. Lo preocupante de esta situación es que el establecimiento había sido clausurado por una orden judicial en la que además la justicia recomendaba que sean trasladados los 27 detenidos que se encontraban en el lugar por el peligro en el que se encontraban.
Pero la superpoblación no es el único problema que tienen las comisarías de la provincia de Buenos Aires, sino que presentan falencias estructurales que impiden el normal funcionamiento de las instituciones que deberían brindar control y seguridad para que no exista ninguna irresponsabilidad entre los presos y los efectivos policiales. De las 477 comisarías que existen en el territorio de Vidal, unas 331 se encuentran inhabilitadas -169 por orden del Ministerio de Justicia y 162 por resoluciones judiciales-, y de ese conjunto de dependencias unas 117 alojan detenidos, a pesar de que la clausura judicial lo impide.
El director del Programa de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, confirmó esta semana pasada que «el propio juez Javier Maffucci Moore había intimado al ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y a María Eugenia Vidal”. La gobernadora no hizo caso a tal denuncia efectuada en marzo y como consecuencia una habitación de tres metros cuadrados se convirtió en una trampa mortal cuando se incendió con 12 personas adentro, dando una muestra del hacinamiento en el que vive la gran mayoría de los detenidos en la provincia bonaerense. En este sentido, los familiares de los presos fallecidos dieron cuenta de un estado de “hacinamiento horroroso” al declarar ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora.
«Las comisarías son una trampa mortal en el 90% de las dependencias de la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 4.042 personas detenidas en comisarías cuando en 2011 había 900. Y sólo hay capacidad para 1.000 personas. Tres de cada cuatro detenidos duermen en el piso o en camas improvisadas», confirmó Pomares. Lo cierto es que la legalidad impide que los detenidos permanezcan de manera constante en una comisaría, pero por la superpoblación que también afecta a las cárceles, los presos terminan quedando de manera permanente en las comisarías porque no hay lugar a dónde llevarlos, lo que determina que el índice de superpoblación sea actualmente de un 246%.
La CPM cumplió un rol fundamental en el esclarecimiento de los hechos en los días posteriores a la masacre porque las versiones oficiales intentaron instalar en los medios de comunicación rápidamente que se había tratado de un motín y un intento de fuga, cuando en realidad se pudo constatar que existió un incendio agravado por la situación de superpoblación que atravesaba la dependencia policial ubicada en la intersección de Restelli y Camino de Cintura, e insólitamente lindera a una estación de bomberos que no reaccionó de la manera esperada ante el incendio esparcido dentro de la Comisaría.
Elías Soto, hermano de Ezequiel, una de las víctimas, confirmó que los testigos pudieron reconocer que los detenidos prendieron fuego una frazada que dio inicio a todo lo ocurrido pero que el fuego se podría haber controlado de no ser porque los efectivos policiales arrojaron encima del mismo unos colchones que incentivaron aún más las llamas. “Cuando ese fuego alcanza a los detenidos es cuando la policía les grita ‘Ahora se van a quemar como las ratas que son’”, detalló Soto en comunicación con el portal Diario Contexto.
Una de las hipótesis más fuertes apunta contra el personal de la Policía Bonaerense porque se sospecha que los efectivos cortaron la luz y el agua en las instalaciones para que los presos no tengan una salida y así murieran quemados. Este es el principal reclamo de los familiares y organizaciones sociales que el pasado 29 de noviembre marcharon hacia la Comisaría para exigir justicia, encuentro en el que remarcaron además que más allá de las muertes en sí la Provincia ya era cómplice antes del hecho de incumplir normas de superpoblación de personas detenidas porque la Comisaría estaba preparada para alojar a 10 personas y tenía 27 al momento de ocurrir el incendio.
El lunes pasado durante el tratamiento del Presupuesto y la Ley Impositiva 2019 en la Legislatura, la gobernadora también logró que sobre el final del día los legisladores aprobaran la emergencia en Seguridad, lo que le dará la posibilidad de reasignar recursos en una cartera que se encuentra con problemas estructurales sin resolución. Sin embargo, el proyecto no será un beneficio para la sociedad ni tampoco mejorará las condiciones de seguridad con las que cuentan las dependencias de detención, sino que funcionará como un instrumento para que los ministros Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari (Justicia) pueden concretar trámites vinculados con el funcionamiento de sus áreas sin necesidad de cumplir con todos los pasos administrativos que dictaminan las reglamentaciones para una compra de recursos.
La respuesta oficial del gobierno de Vidal ante la masacre no existe. El Ministro de Seguridad bonaerense no dio ninguna precisión sobre los posibles avances de la investigación que establezca las responsabilidades materiales y funcionales. Es por ello que los legisladores opositores en la Cámara de Diputados y Senado de la provincia exigieron mediante la presentación de pedidos de informes que el Ministerio de Seguridad “informe sobre los motivos por los cuales teniendo prohibido el alojamiento de detenidos en la Comisaría Nº 3 igualmente se habilitó para tal fin”.
El principal documento fue presentado por la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana-FPV PJ, Florencia Saintout, junto al presidente de la comisión de Derechos Humanos de la legislatura bonaerense, Miguel Funes, y los legisladores Lauro Grande, Facundo Tignanelli, Susana González y Mariana Larroque. “Ha quedado en evidencia anteriormente que no se ha aprendido nada de la masacre ocurrida en la Comisaría Primera de Pergamino, el día 2 de marzo de 2017, que costó la vida de otras siete personas privadas de la libertad, ni que se han adoptado los recaudos suficientes para evitar la reiteración de este tipo de tragedias”, advierte el documento en el que los legisladores también exigen que la provincia responda: “¿Cuántas personas hay detenidas actualmente en cada comisaría y destacamento policial de la provincia? ¿Cuál es la capacidad de alojamiento en cada comisaría y dependencia policial?”.
La masacre de Pergamino sienta un precedente único en la provincia de Buenos Aires, pero ya este año fue superada la cantidad de muertes en circunstancias similares en Esteban Echeverría. Los familiares de los jóvenes fallecidos en la Comisaría Nº 1 de Pergamino sostienen que fueron asesinados por efectivos policiales por intermedio de un incendio, a pesar de que el relato oficial de la Policía Bonaerense fue el mismo que se utilizó en esta última tragedia: Se acusa a los presos de comenzar un intento de motín, luego unos colchones se prendieron fuego rápidamente y nada se pudo hacer para salvarles la vida. Lo que Vidal ni su ministro Ritondo explicaron nunca es cómo siete personas privadas de su libertad pueden morir quemadas en un calabozo sin que la justicia pueda encontrar responsabilidades al respecto, cuando se trata de una dependencia que funcionaba bajo la órbita de una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense.
De la misma manera ahora en Esteban Echeverría, la única verdad que tienen presente los familiares de los detenidos fallecidos es que por más que la provincia trate de ocultar la problemática de las personas privadas de su libertad, los que murieron el mes pasado tenían nombres y apellidos: Walter Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25), Jeremías Rodríguez (20), Eduardo Ocampo (60), Jorge Ramírez (30), Juan Lavarda (60), Elías Soto (20), Juan Fernández (31) y Miguel Ángel Sánchez (31). Ellos fueron los que no pudieron salir de una trampa mortal de la cual el Estado provincial es cómplice por años de desidia, a pesar de las advertencias judiciales que intentaron prever esta situación de negligencia.
Precisamente por la masacre fueron desafectados de manera cautelar cinco policías por la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a partir de un pedido formulado por la CPM que responsabiliza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco, por el accionar que derivó en la muerte de los nueve detenidos. Lo que no se debe olvidar es que esta resolución es una consecuencia de un proceso judicial y los oficiales aún no han sido desplazados de la fuerza.
Vidal intentará complicar la investigación en los próximos meses como ya lo hicieron con la masare de Pergamino ocurrida el año pasado porque a pesar de las responsabilidades personales, su gobierno, el Estado represor que Cambiemos ha constituido en los últimos tres años es responsable de que las comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires cada vez tengan, como ya lo dijo en sus palabras el ministro Ritondo, más “presos amontonados”. Sin seguridad democrática, sin participación ciudadana y sin un proyecto de contención que vuelva a reinsertar a la sociedad a las personas privadas de su libertad, el gobierno tendrá un contexto ideal para perpetuar la represión, la tortura y el gatillo fácil, políticas respaldadas por la gobernadora y por el presidente Mauricio Macri, en un país que cada día aumenta más la brecha de la desigualdad.
