El presupuesto que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, a la Legislatura contempla gastos por $ 929.000 millones, un pedido de endeudamiento de $ 68.000 millones y de emisión de letras por parte del Tesoro del orden de los 8.000 millones de pesos. “Con intendentes peronistas y el massismo como aliados Vidal consigue sanción de leyes claves. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires sancionaron esta madruga los proyectos de Presupuesto General de Gastos y Recursos, Endeudamiento y ley Fiscal Impositiva correspondiente al año 2019”, precisa el sitio Infocielo, de La Plata.
Por Carlos López / “Horas antes del inicio de la sesión para discutir el Presupuesto 2019 en la Provincia, una multitudinaria movilización marchó por las calles de La Plata para repudiar el proyecto que definen como “un presupuesto de ajuste”. Ambas CTA, ATE, junto a los judiciales de AJB, CICOP, los docentes y las organizaciones sociales plegadas en la CTEP, Barrios de Pie y la CCC, se presentaron en los alrededores de la Legislatura, donde un contundente despliegue policial blindó los alrededores del palacio. “Presupuesto redistributivo, salario digno y paritarias libres” fue la consigna con que los gremios estatales convocaron a movilizar durante el mediodía de ayer, para rechazar de manera enfática el proyecto elaborado por María Eugenia Vidal, entre cuyas principales críticas se ubica la destinación de más de 56 mil millones de pesos para los “servicios de deuda pública”, como también el posible traspaso de los subsidios de servicios públicos como transporte y energía eléctrica, de Provincia a los municipios. Así consigna este martes el sitio Contexto, de La Plata.
“Aquí en la Legislatura se ha presentado un proyecto de presupuesto que va a contribuir a más desigualdad y a más pobreza. Se ha presentado un presupuesto que vuelve a golpear la salud, la educación; que vuelve a golpear políticas de niñez, de desarrollo social y de justicia. Que aumento el 100% el pago de los intereses de la inmoral deuda pública. Este es un presupuesto de hambre, que perjudica a los bonaerenses, por eso vinimos hoy a decir que No”, expresó Oscar de Isasi, de ATE, quien dirigió su discurso a “aquellos que vinieron a la carpa del Astillero, se sacaron la foto y salieron en los medios a favor de los trabajadores, y quizás terminen ahora levantando la mano para dar legitimidad al presupuesto de Vidal”. El presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, afirmó: “Este presupuesto está realizado bajo los dictados del Fondo Monetario Internacional. Por eso es indistinguible de lo que pasó a nivel nacional. El proyecto de Vidal tiene como monto principal 77 mil millones de pesos de pago de intereses de una deuda que es usuraria. En Salud, en cambio, como pasó en 2017, han vuelto a bajar la partida”.
El mismo Contexto informa: entre los presentes estuvo también el titular de ATE dentro del Astillero Río Santiago, Francisco Banegas, quien volvió a marchar hacia Legislatura tras la última medida de fuerza de los trabajadores de la empresa naval por la reapertura de discusión salarial. En diálogo con Contexto, Banegas sostuvo: “Hoy venimos a reclamar una vez más por nuestro presupuesto, para que se amplíe; que contemple la estabilidad laboral de los 3.151 compañeros. Pero que también haya una parte del Presupuesto para la parte productiva. Tanto el oficialismo como los opositores han tomado el pedido nuestro, pero esperemos que salga”.
La situación en distintos ministerios es alarmante por los constantes recortes que se llevan adelante en determinadas áreas, como antesala de un próximo año que amenaza con profundizar aún más la pérdida del salario real y la profundización de los despidos tanto a nivel público como privado. La gobernadora María Eugenia Vidal buscará trasladar gastos a los municipios y ya emitió la orden de reducir los equipos de trabajo en los ministerios más importantes, de igual manera que los insumos faltan cada vez más en áreas sensibles como Salud o Educación.
La gobernadora María Eugenia Vidal logró de manera encubierta que en los recintos se apruebe el proyecto para regular el juego online. Cambiemos hasta este año mostraba un discurso de lucha contra el juego, y repentinamente decidió respaldar el sistema de las apuestas online que le daría acceso a todas las familias bonaerenses a un casino online desde una computadora, con el único objetivo de recaudar millones de pesos para la administración provincial pero sin estimar las consecuencias del acceso al juego.
La presidenta del bloque del FPV-PJ en Senadores, María Teresa García, había adelantado que, desde el kirchnerismo en su conjunto, irán a la Justicia contra esta regulación del juego online. “Este proyecto es un copiar y pegar de la legislación de España, pero sin los artículos de regulación, límite a la publicidad o control de la ludopatía”, afirmó la senadora que además cuestionó: “Por qué, si es tan bueno e inofensivo el proyecto no mandan una modificación de la ley del juego por separado para debatir, en todo, junto con el Presupuesto. El proyecto es claramente inconstitucional porque busca eludir el artículo 37 de la Constitución de la Provincia, que dice taxativamente que no se puede regular a los juegos de azar para su explotación privada, ni tampoco respetan el destino de los fondos recaudados. El texto que mandaron es muy deficiente”, apuntó.
Los votos en la Legislatura y la pobreza para los bonaerenses fueron garantizados y la gobernadora María Eugenia Vidal consiguió este lunes el tratamiento del Presupuesto y la Ley Impositiva 2019, lo que demandó varias semanas de debate en las comisiones de ambas Cámaras legislativas sobre una ley de leyes que prevé gastos para el próximo ejercicio por 929 mil millones de pesos y un endeudamiento de 85 mil millones de pesos.
La presidenta del bloque Unidad Ciudadana FPV-PJ en la Cámara de Diputados bonaerense, Florencia Saintout, la pasada semana se reunió con legisladores peronistas de La Plata para analizar el impacto negativo que tendrá sobre la capital bonaerense el presupuesto del ajuste que Vidal busca para el 2019. Entre los ejes analizados se destacó el aumento del transporte público, que ya subió un 566% desde que asumió en la ciudad el intendente macrista Julio Garro.
La diputada repudió que en la ley de leyes del año próximo se contemple “el doble de recursos para cárceles que para hospitales: 631 millones de pesos para refaccionar y ampliar cárceles y 309 millones de pesos para refaccionar y ampliar hospitales”, en una clara muestra del gobierno por perpetuar el encierro por delante de un plan de seguridad democrática que garantice posibilidades de vida para todos los bonaerenses.
De la misma manera, la realidad que atraviesa la Salud es preocupante en la provincia de Buenos Aires porque la gobernadora propone un aumento nominal del 28% para el sector, sin tener en cuenta que el impacto de la devaluación y la inflación tiene una repercusión más profunda en este área porque una gran parte de los insumos que deben adquirir los hospitales se encuentran en dólares. Con un aumento cercano al 100% de la divisa estadounidense durante el último año, el aumento que ofrece el Ejecutivo provincial queda muy por debajo de lo esperado para acceder a insumos como marcapasos, stents, válvulas cardíacas, prótesis, catéteres, guantes, jeringas, guías de suero.
Desde el Ministerio de Infraestructura los trabajadores estatales también denuncian una situación similar y alertan sobre un “desguace” desde la decisión de la administración provincial de trasladar la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y territorial (DPOUT) al Ministerio de Gobierno. Este es el segundo cambio de este tipo dentro del ministerio de Roberto Gigante, ya que antes desarticularon la Dirección de Geodesia y la Subsecretaría Social de Tierras y Vivienda, lo que para los estatales forma parte de un plan de desmantelamiento, algo que viene ocurriendo en distintas carteras provinciales con el objetivo que reducir el gasto, pero que también significará la inestabilidad laboral para cientos de familias que se desempeñan en el sector público. Lo que ocurre es que el gobierno buscará que los planos de obras para el año entrante no sean planificados por técnicos como venía ocurriendo, sino que lo hará directamente la gobernadora en diálogo con los intendentes y la participación privada de las grandes inmobiliarias de la provincia.
“Esto es un plan sistemático de desmantelamiento de la obra pública como la concebimos los profesionales y técnicos que pensamos que la obra pública no se maneja como una empresa privada. El objetivo que tienen es hacer manejos con los municipios en épocas preelectorales sin control de profesionales que le digan a la provincia dónde establecer las obras”, expresó el viernes pasado en comunicación con el portal de diario Contexto, Adriana Pizarro, secretaria general de la Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires (AEMOPBA). Esta situación pone en alerta a los trabajadores del sector que al igual que en otros ministerios rechazaron la oferta salarial de Vidal del 32% para este año más un bono de 7 mil pesos, frente a una inflación que superaría en principio los 45 puntos porcentuales al final de diciembre.
A esta negativa a la oferta salarial se sumaron también los docentes que volverán a parar este lunes en conjunto con todos los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en rechazo a la propuesta salarial que el jueves pasado hizo la administración macrista. Al mantenerse en la misma línea porcentual que la oferta que recibieron los gremios ATE, UPCN y Fegeppba, los maestros acordaron volver a realizar una jornada de lucha y movilización, la número 27 en uno de los años más complejos para el sector por la constante negativa de Vidal de mejorar una oferta salarial que cubra el índice de inflación actual y la falta de respuestas para mejorar las instalaciones educativas en su conjunto. Los gremios docentes también ponen en duda el comienzo del ciclo lectivo 2019, ya que repudiaron que la última propuesta “significa un aumento de 108 pesos al salario básico, un 15% por debajo de la inflación. Gobernadora Vidal, no le mienta más a la sociedad”, expresaron desde los sindicatos docentes al rechazarla.
Con motivo de la reciente Cumbre del G20, la gobernadora estuvo en el encuentro de gala que los mandatarios de otros países tuvieron en el teatro Colón junto a Mauricio Macri y otros funcionarios de Cambiemos, y luego se reunió con la Reina de Holanda, Máxima Zorreguieta. Según relata el diario Clarín en una nota periodística del sábado pasado, ambas “conversaron sobre el impulso al acceso al sistema financiero para personas en situación de vulnerabilidad”. Parece una historia de ciencia ficción pensar que el macrismo tendrá políticas que mejoren la calidad de vida de las personas con mayores vulnerabilidades sociales y económicas. El sistema financiero nunca fue amigo de las grandes mayorías, sino más bien de las grandes inversiones que generen mayores ganancias para unos pocos. Entonces tras el encuentro de Vidal con Zorreguieta, y del que también participaron el secretario general de la gobernación, Fabián Perechodnik y el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, quedan algunas dudas existenciales para pensar hacia el futuro: ¿Le habrán contado a la Reina que la pobreza aumentó escandalosamente en los últimos años de gobierno macrista? ¿Habrán dialogado sobre la profundización del endeudamiento bonaerense y la creciente cantidad de puestos de trabajo perdidos con los que comenzará el 2019 la provincia? Difícilmente Vidal asuma responsabilidades en una provincia que dice mejorar pero que día tras día sumerge en deudas y pobreza.
Para finalizar, parte de los datos que refleja este mismo martes el ya mencionado sitio Infocielo, de La Plata.
Como se sabe, el proyecto de presupuesto 2019 sostiene los mismos lineamientos que se trazaron en la materia desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal y sus prioridades son el impulso de la obra pública, el fortalecimiento de la inversión social y las mejoras en seguridad.
El presupuesto que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, a la Legislatura contempla gastos por $ 929.000 millones, un pedido de endeudamiento de $ 68.000 millones y de emisión de letras por parte del Tesoro del orden de los 8.000 millones de pesos.
La proyección de ingresos por todo concepto es de 889 mil millones y la inversión prevista de 55 mil millones, 35 por ciento más que en 2018.
En 2019 la inversión social va a ser prioridad, según resaltaron voceros oficiales. Las políticas públicas que permiten avanzar con mejoras en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad representan el 67,4% de las erogaciones presupuestadas.
Por tercer año consecutivo se prevé continuar con el superávit corriente que para 2019 será del 0,2% del Producto Bruto Geográfico de la Provincia (PBG). El déficit que se mantiene responde a la inversión en obras.
Esto, se aclara, quiere decir que si no se estuvieron ejecutando las obras de infraestructura no se tendría déficit.
La novedad del presente presupuesto es que este año se contemplan transferencias de subsidios de servicios públicos que el Gobierno Nacional trasladó al Gobierno Provincial.
Así, por aquello, el Presupuesto 2019 prevé transferencia de gastos a la provincia por parte de la nación y, al mismo tiempo, previa una transferencia de la provincia del orden de los $ 12.984 millones a los municipios en distintos conceptos.
Por un lado, se trasladaba a los municipios unos $ 8.000 millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $ 2.450 millones por subsidios al transporte; y $ 2.500 millones para el sostenimiento de la Ceamse, gasto que impactaba íntegramente en las arcas de los municipios del conurbano.
Ningunas de estas transferencias se trasladarán a los municipios finalmente, de forma directa.
El costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018. Los costos adicionales, serán afrontados por los respectivos Municipios.
De la misma forma el pago de compensaciones tarifarias, así como también las referidas al precio diferencial del gasoil, con destino a las empresas prestadoras de transporte público automotor de pasajeros, urbano y suburbano, de tipos provincial y municipal, durante el ejercicio 2019, será asumido por la provincia hasta la suma desembolsada por el gobierno nacional durante el año 2018.
Este punto insumió buena parte de las negociaciones entre los funcionarios provinciales y los intendentes bonaerenses sin distinción de colores políticos.
Esto, que supone desembolsos significativos para las comunas, se profundizaba con restricciones en el renglón de los ingresos de los gobiernos locales a través del establecimiento de un tope a los aumentos del 38% para las tasas municipales. Pero este tope también fue eliminado del proyecto finalmente votado por los senadores primero y los diputados después.
Los municipios, empero, en promedio, entre la coparticipación y otros fondos; tales como Fondo Solidario Provincial, Fondo para Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, Fondo Municipal de Inclusión Social, Fondo de Financiamiento Educativo, entre otros; van a ver incrementados sus transferencias en un 32 % anual. Uno de los que más crece es el de financiamiento educativo que va a aumentar un 49% anual.
El Fondo Educativo que se coparticipa a los municipios y queda con un porcentaje fijo para obras de infraestructura, que en el caso de los municipios del conurbano será del 50 % y para aquellos que conforman el interior provincial el 40 %; el resto de los fondos será de libre disponibilidad de los intendentes para destinarlo a cuestiones educativas y culturales, pero no a obras.
También se pretende controlar el juego online que hasta ahora funcionaba sin regulaciones por parte del Estado, intención que en principio no presenta acuerdos de implementación pero que rápidamente se destrabó a partir de coparticipar lo recaudado, que se estable entre el 1 y 3 % de lo global, a los municipios, es decir un 16,14 % de lo recaudado irá para los 135 municipios de la provincia.
Con todo esto, el déficit de este año será de $40 mil millones, sin las transferencias sería solo de $12 mil millones, y se mantiene en 0,6% del producto, porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017 que fueron de 0,5% y 0,6% respectivamente.
Para el próximo año se prevé, entonces, un endeudamiento en los mercados de crédito de $68.500 millones. Es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13%, en 2017 fue 1,43%, en 2018 fue 1,24%, y en 2019 es 1,06% del producto.
En materia impositiva se disminuyen impuestos distorsivos que perjudican la actividad económica y la generación de empleo, según se estimó en el mensaje de elevación.
Se propone bajar alícuotas de Ingresos Brutos: para la producción primaria la reducción será de 1,5 a 0,75 %; construcción de 3 a 2,5 %; servicios de 5 a 4,5 %; transporte de 3 a 2 %; comunicaciones de 5 a 4 %; servicios inmobiliarios de 6 a 5 %; electricidad, gas y agua de 4 a 3,75 %.
Esta disminución significa una transferencia del sector público al privado productivo de $10 mil millones, según las propias estimaciones oficiales.
Respecto al juego, además del aumento que ya se había efectuado sobre ingresos brutos, ese tributo paso del 12 % al 15%, este año se suma un impuesto del 2 % a “los premios” de máquinas tragamonedas.
Por otra parte, se contempla también la disminución del impuesto sobre ingresos brutos para la venta de automotores nuevos de 2,5 a 2,3 %.
