La gobernadora arma su plan para profundizar el ajuste en la provincia de Buenos Aires, donde cada mes se suman nuevos pobres por la falta de oportunidades laborales y la inflación que no se detiene, provocando la pérdida del salario real. Los intendentes peronistas se encuentran entre las principales resistencias políticas que Cambiemos tiene para afrontar acuerdos con Nación que prevén un nuevo endeudamiento para el próximo año. Mientras que la Justicia convalida el ajuste y los medios hegemónicos ocultan la realidad que viven millones de bonaerenses, miles de trabajadores han sido despedidos en los últimos meses por recortes de personal o cierres de fábricas en distintos municipios. En La Plata, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana-FpV-PJ en la Cámara de Diputados provincial, Florencia Saintout, denuncia una desidia que pone en riesgo a miles de familias por la falta de trabajo y el freno abrupto que sufre la actividad comercial a pocas semanas de finalizar el año.
Por Carlos López / Trabajadores del sector privado, estatales, cooperativistas, jubilados y pensionados sufren con Vidal un ajuste que mata y que como si fuera poco es reprimido con furia con el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, tal como lo evidenció el asesinato del trabajador textil y militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de La Matanza, Rodolfo Orellana, muerto por un disparo en la espalda en medio de una represión de la Policía Bonaerense en una toma de tierras en Ciudad Evita.
Los intendentes peronistas conforman la resistencia política más fuerte que tiene la gobernadora María Eugenia Vidal para aprobar en la Legislatura bonaerense su presupuesto 2019 del ajuste. El martes pasado los ministros Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y de Salud, Andrés Scarsi, se presentaron ante los legisladores y al mismo tiempo los jefes comunales que se oponen a la ley de leyes se reunieron con los legisladores del PJ y de los bloques de Unidad Ciudadana para rechazar la política que quiere aplicar el gobierno provincial de trasladar los subsidios de los servicios y el transporte a las arcas municipales. Es por ello que la última semana de noviembre y la primera de diciembre serán claves para que la oposición haga los pedidos de modificaciones necesarias antes que el proyecto de Vidal llegue al recinto ya sobre la segunda semana del mes que viene.
El jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, advirtió tras la reunión que “a mí no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer, es imposible, y no soy el único, están todos igual”. A su vez, negó que los municipios sean superavitarios en contra de las palabras de la propia gobernadora y denuncio que “el presupuesto bonaerense está avasallando la soberanía de los municipios”. Por su parte, Fernando Gray de Esteban Echeverría remarcó que “nos quiere hacer pagar el costo político de algo que tienen que hacer ellos; no nos corresponde poner los fondos para subsidiar los servicios públicos. Es una barbaridad que la propuesta del gobierno sea fomentar el juego entre familias de la provincia, en momentos de caída del empleo y pérdida del poder adquisitivo del salario”, advirtió.
A pesar del grave endeudamiento público que prevé en lo económico el presupuesto de Vidal para el ejercicio que viene, la gobernadora logró esta semana pasada que la Suprema Corte provincial que integra Eduardo De Lazzari y seis jueces del Tribunal de Casación Penal, resolviera conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Fiscalía de Estado para que el máximo Tribunal de la Nación sea quien deba resolver la negociación paritaria de los judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), o bien la actualización de los salarios por inflación hasta no se alcance un nuevo acuerdo salarial. En un primer dictamen en julio pasado, la mayoría del Tribunal había resuelto el rechazo del recurso, pero insólitamente ahora el juez Daniel Carral se excusó con una licencia para no votar y el juez Ricardo Maidana -ambos con votos anteriores positivos- cambió su voto para sumarse a la aprobación junto a Carlos Natiello, Fernando Mancini y Mario Kohan. Vidal tiene a la justicia de su lado para perpetuar el ajuste más feroz que recibirán los bonaerenses en décadas.
Desde la AJB inmediatamente alertaron que “la decisión de la Suprema Corte completa un proceso por el cual el Poder Judicial garantiza impunidad a un Poder Ejecutivo que decidió mantenerse al margen de la ley, negando sistemáticamente el derecho constitucional a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales”.
El gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires aplica un ajuste que ha provocado el cierre de decenas de fábricas y cientos de comercios que no pudieron continuar pagando los salarios de los trabajadores y las elevadas facturas de los servicios por la crisis. En algunos distritos los trabajadores se aferran a la lucha popular para buscar una salida, tal como ocurre en el acampe que los empleados de la empresa Siam mantienen en Avellaneda. Sin embargo, en la madrugada del pasado sábado fueron sorprendidos por un operativo policial que los reprimió en un contexto en el cual la empresa debe cumplir una conciliación obligatoria a la que se niega, impidiendo el ingreso del personal a la empresa. Vidal mandó a 150 efectivos policiales a pegar y tirar gases lacrimógenos para avanzar con un desalojo violento. “Nos tiraron balas de goma incluso adentro del barrio, gases y palazos hiriendo compañeros y personalidades que nos vinieron a apoyar solidariamente”, denunciaron los trabajadores.
Mismo camino llevan otras negociaciones que se mantienen en la provincia como el caso de la empresa Canteras Cerro Negro de Olavarría, donde el miércoles pasado hubo un paro dentro de la fábrica y la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por una nueva ola de 40 despidos, entre los cuales se encontraban personas con hasta 35 años de antigüedad y en otros casos persona recién incorporado. La empresa que fabrica porcellanato y ladrillo ya había despedido a unos 150 operarios cuando en 2015 fue vendida a Sociedad Comercial del Plata SA. El delegado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría (SOECO), Hugo Ballerque, denunció ante los medios locales que “los despidos fueron al boleo. Tiraron una cantidad de números como si fuese una especie de ruleta rusa. El gobierno nos está mandando a una tumba sin fin, no nos olvidemos de Pepsico, de Cresta Roja, Fanazul, San Lorenzo y toda la gente que se quedó afuera de sus trabajos. Con el despido de un trabajador se muere una familia. Es una tristeza que jamás vi en vida, ver la cara de mis compañeros cuando recibían la noticia. Perder la dignidad laboral es lo último que puede perder una persona”, sintetizó el sindicalista.
Por otra parte, la situación en la capital bonaerense es de las más preocupantes en la provincia, ya que La Plata se ubica como la ciudad con mayor indigencia en todo el territorio que gobierna Vidal. El jueves pasado la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana-FpV-PJ en la Cámara de Diputados provincial, Florencia Saintout, expuso ante los legisladores las complicaciones que atraviesa la ciudad gobernada por el macrista Julio Garro. “Durante estos tres años aumentó de manera vertiginosa la desocupación, hay 76 mil vecinos tienen problemas de empleo, especialmente las mujeres y los jóvenes», denunció la diputada kirchnerista, que además destacó cómo en los barrios periféricos crecieron abruptamente los “espacios del trueque” para hacer frente a la crisis económica que profundiza Cambiemos.
Por haber sido concejala platense y como ex decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Saintout llevó adelante iniciativas que brinden soluciones al pueblo platense y ahora, frente a la desidia de Cambiemos, remarcó que sólo basta con acercarse a la plaza San Martín en el centro de la ciudad para ver como “se suman todos los días mujeres que llevan sus mantas para vender lo que tienen porque han perdido el trabajo”. Según los últimos relevamientos, desde que asumió Cambiemos en la capital provincial han cerrado el 9,4% de locales comerciales, además de la crítica situación que atraviesan los clubes barriales por no poder pagar los servicios o la reducción de la actividad cultural que incentiva la Municipalidad, principalmente con el cierre de la orquesta municipal, un espacio que contaba con más de 50 años de actividad. En cuanto a las políticas aplicadas sobre el cordón frutihorítcola, la diputada recalcó que «hace tres años en ese cordón se discutía el derecho a la propiedad de la tierra y en este tiempo solo pueden intentar ver cómo pagar los alquileres y los servicios».
Los cooperativistas de La Plata cobran salarios promedio de 6 mil pesos, lo que los pone muy por debajo del nivel de la pobreza. Es así como reclaman ante el intendente un bono de fin de año y un nuevo aumento -el último fue tan sólo del 9%- que pueda equiparar la inflación y la pérdida del salario real. Los trabajadores que brindan servicios a la Municipalidad son más de 4.500 que se encuentran realizando tareas de limpieza, barrido, zanjeos y recolección de residuos, entre otras actividades. Garro anunció un paupérrimo aumento del 5% para los trabajadores municipales esta semana, pero no hay precisiones sobre si el incremento alcanzaría a los cooperativistas o no.
La capital de la provincia es el fiel reflejo de una realidad que se extiende por todo el territorio bonaerense, con una pobreza que aumenta a índices preocupantes principalmente en los distritos del Conurbano Bonaerense y sus alrededores. Vidal ajusta con la misma intensidad contra todos los sectores sociales de trabajadores y las grandes mayorías del campo popular. Los jubilados, un espacio que fue utilizado en campaña política como futuros beneficiados por las políticas de Cambiemos, recibirán un aumento de 3.500 pesos como lo remarcó la gobernadora esta semana en línea con la Nación, pero sólo para aquellos que cobren menos de 10 mil pesos. Es decir que el aumento engañoso de la provincia sólo beneficiará al 10% de los jubilados de todo el país y representará el 0,002% del total del acuerdo entre el gobierno y el FMI por 50 mil millones de dólares. La realidad demuestra que hace tres años un jubilado podía comprar el 68% de la canasta básica y en la actualidad con la jubilación mínima y los precios de la canasta básica actualizada, sólo llega a hacer el 35% de la misma compra.
Como si toda esta situación fuera poca cosa, este lunes movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, organismos de Derechos Humanos y agrupaciones estudiantiles se movilizarán para “exigir verdad y justicia por los 2 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad provinciales” esta semana pasada en Buenos Aires y en Córdoba, con marchas en la Capital Federal que serán dirigidas hacia las Casas de ambas provincias en la capital argentina. Rodolfo Orellana, trabajador textil de La Matanza y militante del CTEP, y Marcos Soria, productor en una huerta en el Barrio Angelleli II, del Encuentro de Organizaciones-CTEP de Córdoba Capital, fueron asesinados en dos operativos ilegales de las fuerzas de seguridad. Tanto a nivel nacional como provincial la represión y la violencia institucional de la policía ha sido un recurso del gobierno macrista para amedrentar a trabajadores.
Florencia Saintout exigió ante este escenario y en relación a la muerte de Orellana que “aunque María Eugenia Vidal se resista a reconocerlo, tiene que haber un autor material de los disparos entre los efectivos de la represión. Pero el principal responsable de estas muertes, el autor intelectual, es un gobierno que baja una línea dura”, subrayó desde su cuenta oficial en las redes sociales. Es que la gestión de Vidal se ha caracterizado en los casi tres años de poder por un ajuste económico feroz que provoca pobreza en los barrios más necesitados y que genera una inestabilidad social alarmante, lo que deriva en el accionar con represiones de las fuerzas de seguridad con total violencia sobre los trabajadores y el pueblo bonaerense en general. Con Vidal la pobreza aumenta y los muertos por violencia institucional vuelven a ser tapa de los diarios en un gobierno que pierde consenso social por el abandono y la desidia de una gestión al servicio de los antojos de Macri y del Fondo Monetario Internacional.
