Los medios reflejan el poco interés colectivo que tenemos por lo que ocurre en las cárceles de Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Eso, “uno lo ve cotidianamente en las redes sociales, en una declama para que las personas detenidas ‘se pudran’ en ese contexto, con un discurso que va muy alejado de las exigencias de aquellos que reivindicamos el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución Nacional y a los tratados que integran el bloque de constitucionalidad como el único programa posible para pensar la respuesta penal”. Así se expresó el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, al reflexionar sobre los hechos acontecidos en una comisaría de Esteban Echeverría, en el Conurbano bonaerense, el 15 de noviembre pasado.
Por Vicky Castiglia / Varios son los interrogantes que abre la Masacre de Esteban Echeverría más allá del que tendrá lugar en la Justicia en torno a las responsabilidades penales de los efectivos que se encontraban en la comisaría el día en que se desató el incendió y desencadenó la muerte 8 detenidos. ¿A qué se debe el silencio de Vidal y Ritondo? ¿Es el silenciamiento de los grandes medios de comunicación una suerte de blindaje al poder político? ¿Por qué la Provincia desoyó un fallo judicial que alertaba sobre condiciones infrahumanas en comisarías? ¿Por qué se desoyeron los estándares de protección que fija la Constitución Nacional y los tratados internacionales en torno a lo privados de su libertad? Las respuestas, o el corazón de la cuestión, quizás se relacionen con cómo un gobierno entiende y aplica sus políticas de seguridad y derechos humanos.
La Comisaría 3ª de Transradio, en Esteban Echeverría, fue noticia el pasado 15 de noviembre. Un supuesto incendio consecuencia de un supuesto motín, habría sido el desencadenante de una serie de muertes entre los detenidos, a las que se le sumaron más a lo largo de los días. Fueron 8 las víctimas fatales: Walter Barrios, Juan Carlos Fernández, Elías Soto, Miguel Ángel Sánchez, Jeremías, Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo y Juan Lavarda. El caso tuvo poca repercusión mediática y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se llamó al silencio.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificó el hecho como “la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas” y afirmó que fue “el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres”.
A través de una publicación en su página web, el organismo remarcó que “el Estado es responsable del hecho” y apuntó contra el Poder Ejecutivo provincial y la Suprema Corte bonaerense por haber desoído “las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia”, una situación que se comprobó en Pergamino en 2017, cuando siete detenidos murieron en un incendio en la Comisaría 1ª y por el que fueron procesados cinco policías.
En sintonía con los dichos de la CPM sobre la responsabilidad del Estado se refirió el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, en diálogo con AgePeBA. “Toda muerte de una persona que esté bajo custodia del Estado es una muerte que genera una responsabilidad política de los tres poderes. Si una persona ingresa en el sistema con una finalidad específica que es la de recibir un tratamiento orientado a su resocialización y egresa muerta (sea por una situación violenta, traumática o por una desatención a una problemática de salud,) es un fracaso del Estado en su programa resocializador, es en definitiva una responsabilidad del Estado”, explicó y agregó: “después habrá un segundo nivel de análisis que tiene que ver con cada investigación, orientada a definir si hay algún tipo de responsabilidad penal”.
En este sentido, para la Comisión por la Memoria “resulta urgente la necesidad de avanzar en las responsabilidades de los efectivos y autoridades de la Comisaría 3° así como de los funcionarios policiales de la departamental y funcionarios políticos y judiciales, considerando las graves circunstancias y acciones directas en esta masacre y también la ilegalidad del alojamiento de detenidos en esa comisaría por orden judicial”.
El silencio y la responsabilidad de Vidal y Ritondo
Que ni la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ni su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, se hayan pronunciado en torno a la masacre responde quizás a las políticas de seguridad que viene implementando el gobierno de Cambiemos y que giran en torno al punitivismo, el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza. Basta traer a colación las recientes declaraciones del diputado nacional Alfredo Olmedo (“quien abate a un delincuente será condecorado, no enjuiciado”) o de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich (“el que quiere estar armado que ande armado”).
Ahora bien, el caso puso nuevamente en el centro del debate el estado de situación en las comisarías bonaerenses. Cabe recordar que en 2005, en el fallo Verbitsky / CELS sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, la Justicia había solicitado a la Provincia que revirtiera las “condiciones inhumanas” e “indignas” de confinamiento existentes. Si bien en ese momento la responsabilidad le cabía al entonces gobernador Daniel Scioli, el fallo judicial refiere al poder Ejecutivo y es Vidal quien actualmente ostenta el cargo.
En ese fallo, la Corte fijó los estándares de protección de los derechos de los presos que los distintos poderes provinciales deben respetar para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional y con los pactos internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, algo que, evidentemente, no sucedió.
Para Tapia, “hay un retroceso respecto de lo que era una política pública derivada del fallo resuelto por la Corte en 2005. Ese consenso era sobre el no alojamiento de personas privadas de su libertad en dependencias policiales. Por un lado porque las mismas no cuentan con la estructura edilicia adecuada para el alojamiento de personas privadas de su libertad y por otro lado, y desde una perspectiva de seguridad, porque muchas comisarías están ancladas en barrios y no revisten las condiciones mínimas de seguridad para el alojamiento de detenidos”.
Blindaje mediático
Al silencio de las máximas autoridades de la Provincia se le sumó la poca visibilidad que tuvo el caso en los medios de comunicación a nivel nacional y provincial a pesar de tratarse una masacre. ¿Se trató acaso de una suerte de blindaje mediático a Vidal y su gestión?
Al día siguiente del incendio, el diario Clarín publicó una crónica con la versión oficial de los hechos, basada en “fuentes del caso” (imposibles de corroborar) que sugiere un supuesto amotinamiento para poner el foco en los detenidos. “El trágico episodio ocurrió el jueves a la madrugada, luego que dos presos prendieran fuego un colchón. Aunque los familiares de los detenidos aseguraron que se trató de una protesta por las malas condiciones de alojamiento, fuentes del caso señalaron a Clarín que existen filmaciones que muestran que todo comenzó cuando uno de los agentes ingresó a la zona de calabozos y observó a detenidos limar las rejas. Eso habría desencadeno la discusión que terminó con el incendio. El fuego se propagó rápidamente por la celda. Cuando llegaron los bomberos ya era tarde”, dice la nota con un claro posicionamiento editorial.
Sin embargo, desde la CPM alertaron que no se trató de un intento de fuga ni de un motín. “Según los testimonios coincidentes de los sobrevivientes –había 27 detenidos en la esa comisaría- el fuego podría haber sido rápidamente apagado de no haber sido cortado arbitrariamente el suministro de agua hacia los calabozos. ´Ahora se van a quemar como las ratas que son´, escucharon varios sobrevivientes de parte de los efectivos que asistían, impávidos, al horror y en medio de los pedidos desesperados de ayuda”, señaló el organismo.
Consultado sobre la poca repercusión del tema, el Juez Tapia reflexionó: “ciertamente el poco espacio que conlleva este lugar en los medios de comunicación refleja el poco interés colectivo, como comunidad, que tenemos respecto a lo que ocurre al interior de los lugares de encierro en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular”, y agregó: “uno lo ve cotidianamente en las redes sociales, en una declama para que las personas detenidas “se pudran” en ese contexto, en un discurso que va muy alejado de las exigencias de aquellos que reivindicamos el Estado de Derecho el respeto a la Constitución Nacional y a los tratados que integran el bloque de constitucionalidad como el único programa posible para pensar la respuesta penal”.
El Magistrado también apuntó contra comunicadores “que hablan de ´uno menos´ cuando dan notas de la muerte de alguien que pudo haber cometido un delito. “Y digo ´pudo´ porque los detenidos en comisarías, en su totalidad, son presos preventivos, es decir que aún no se sabe si han cometido un delito o no. Y en caso de ser condenados, nunca serían condenados a una pena de muerte, que está prohibida en nuestro andamiaje jurídico. Entonces esa muerte no es solo injustificada, sino que además es ilegal”, especificó.
Desidia estatal
En abril de este año, y luego de una serie de clausuras por parte de la Justicia de calabozos en comisarías «por hacinamiento de detenidos y las pésimas condiciones» edilicias, la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales del Ministerio de Seguridad bonaerense informó que las comisarías están superpobladas en un 276%.
«Las plazas habilitadas para el alojamiento de personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires resulta ser un total de 1003, con una cantidad de detenidos existente de 3773», señaló el informe.
Sin embargo, a pesar de la advertencia, a pesar del antecedente de la masacre de Pergamino, a pesar de la resolución del fallo Verbitsky / CELS, “sigue siendo práctica generalizada la detención de personas en comisarías bonaerenses”, afirmó la CPM. Tapia agregó que la situación de hacinamiento actual de las cárceles conlleva a que haya detenidos en dependencias policiales. “Los penales y el sistema penitenciario bonaerense están colapsados con una superpoblación que está, según los informes de los organismos que las monitorean, en su pico histórico más alto”, refirió.
Sin ir más lejos, la misma comisaría de Transradio tenía ordenada una clausura judicial para alojamiento por sus condiciones y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de los 27 alojados. “Se trata de muertes evitables, son crónicas de muertes anunciadas porque las condiciones de hacinamiento y de ubicación de personas en calabozos no reviste ninguna adecuación a los parámetros que fijan los tratados y las recomendaciones de los organismos de Derechos Humanos sobre la reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de su libertad”, concluyó el juez.
