La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) desmiente la versión oficial sobre que la muerte de seis detenidos en la Comisaría de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría, fuera consecuencia de un motín. Fue una “masacre”, y apuntan a que el único responsable, “es el Estado”.
“No hubo motín ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial. Fue un reclamo desesperado de los detenidos por sus condiciones de detención. Los 27 estaban alojados sin colchones, debiendo turnarse para dormir en el piso sobre frazadas. Y prendieron fuego mantas y papeles”, comienza el comunicado emitido por la CPM, según reprodujo el fin de semana el sitio InfoGEI.
El organismo de derechos humanos mediante un comunicado asegura que los detenidos estaban alojados “de manera ilegal en un lugar clausurado judicialmente y donde -según la policía- sólo había cupo para 10 personas”, y que el fuego “se inició como medida de protesta ante una situación insostenible”.
Luego la CPM señala que, al comenzar el fuego los agentes que custodiaban a los detenidos, “cerraron la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos lo apaguen pese a los gritos desesperados de ayuda”. También denuncia que se demoró la asistencia mientras se “burlaban” del pedido de auxilio diciéndoles “ahora se van a quemar como las ratas que son”.
Elías Soto tenía apenas 20 años y Miguel Ángel Sánchez, fallecidos este viernes, estaban detenidos y procesados por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable. Se suman así a las muertes de Jeremías Rodríguez de 19 años, Jorge Ramírez de 30 años, Eduardo Ocampo de 60 y Juan Lavarda de 59 años fallecidos el jueves.
“Estás muertes horrorosas producida bajo la custodia del Estado no son hechos excepcionales ni producto de accidentes o catástrofes. Son un emergente más de la política punitiva legitimada en el sistema político argentino que, mientras pretende interpelar con la promesa de mayor seguridad, lo único que genera es más violencia. El Estado no puede intervenir para resolver los problemas sociales apartándose del estado de derecho y las garantías constitucionales. Y eso es lo que hace sistemáticamente en la aplicación de la política criminal y de lugares de encierro”, sostuvo el organismo provincial.
“Desde la CPM volvemos a repudiar esta nueva masacre y responsabilizamos al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales-, le otorgan más gravedad a lo sucedido”, finaliza diciendo.
El diputado bonaerense Miguel Funes (Unidad Ciudadana-FpV), presidente de la comisión de Derechos Humanos, presentará una solicitud de informes la semana próxima en la Legislatura para que el oficialismo rinda cuentas sobre lo sucedido.
“Esto es responsabilidad del Estado y se explica por el hacinamiento y la sobrepoblación que hay en el sistema de encierro bonaerense”, sostuvieron por su parte desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este sentido, según un informe de la CMP, en la provincia hay 252 inhabilitadas, que representan el 55% del total. De estas, 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Además, se encuentran sobrepobladas en un 246%: con espacio para mil personas, alojan a 3.500. También indicaron que durante la gestión del ministro Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, hubo once jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.
El sitio Contexto consigna este lunes: Los fallecidos ayer son Elías Soto (20) y Miguel Sánchez, quien estaba detenido por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable. Ambos estaban procesados. Habían sido internados en hospitales de la zona junto a ocho presos más. El jueves, día del incendio, habían muerto Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59).
Según la versión policial, el jueves a la madrugada un agente encontró a dos presos que intentaban forzar los barrotes de una reja, tras lo cual alertó a sus superiores. Del operativo participaron diez móviles para evitar la fuga.
