El ajuste en la provincia de Buenos Aires será más contundente de lo esperado, luego que se diera a conocer la ley de leyes que la Legislatura bonaerense tratará en comisiones durante esta semana, para que luego la gobernadora María Eugenia Vidal pueda promulgar una vez que sea aprobada en ambas Cámaras legislativas. Es que la administración macrista quiere que la ley salga rápido y sin mayores coberturas mediáticas porque los 135 municipios de la provincia se verán muy perjudicados ya que el proyecto estipula el traspaso de los subsidios del transporte y la energía eléctrica, entre otros servicios, a las arcas municipales, lo que pondrá a muchos municipios ante una crítica situación económica, postergando el crecimiento y principalmente la estabilidad de los puestos de trabajo que gestionan las comunas. La gobernadora presiona para tener un presupuesto 2019 que prevé el abandono de los municipios y sentencia una pauta salarial para los trabajadores muy por debajo de la inflación, con apenas un 22% de aumento para el próximo año. Médicos, docentes, judiciales y trabajadores estatales ya se movilizaron el jueves pasado y continuarán de asamblea permanente en distintos gremios que no ven como una posibilidad la aprobación de un presupuesto que amplía la toma de deuda pública y destruye los salarios de los bonaerenses, ya golpeados por las políticas neoliberales que aplica la Nación y la gobernadora replica en su territorio.
Por Carlos M. López / La gobernadora de la provincia de Buenos Aires carga contra los bonaerenses con la profundización de un ajuste que ya se plasma en el Presupuesto 2019, el cual además de decretar un recorte en partidas para políticas sociales también prevé polémicas medidas como el traspaso a los municipios de la tarifa social energética y una parte de los subsidios al transporte, lo cual provocó un masivo rechazo de los intendentes propios y ajenos al macrismo por las complicaciones que traerá en cada localidad del interior provincial. El Presupuesto y de Ley Impositiva para el próximo año comenzó a tratarse en la Legislatura el jueves pasado y esta semana iniciará una serie de reuniones entre legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo para llegar a las negociaciones que la administración de Vidal necesita para profundizar los recortes. Las comisiones del Senado provincial serán las primeras en recibir al equipo macrista que dará sus explicaciones para propiciar el ajuste más feroz desde que asumió Vidal. En primera instancia, lo hará este martes el ministro de Economía, Hernán Lacunza, seguido por sus pares de Infraestructura, Roberto Gigante, y de Salud, Andrés Scarsi, que irán a la Cámara baja el jueves próximo, mientras que el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, presentará su propuesta ante los legisladores el martes de la próxima semana.
A pesar que hoy comenzarán las negociaciones para buscar el consenso que permita la aprobación de la ley, al menos unos 65 jefes comunales ya se opusieron al intento de Vidal de que los municipios absorban un piso de 10.500 millones sobre un total de 25.000 millones de pesos del recorte que el gobierno nacional impuso sobre la administración de Vidal por el traspaso del transporte y las tarifas eléctricas. Tomando en cuenta el ajuste que prepara la Gobernación, los 135 municipios deberán cubrir unos 14.284 millones de pesos de los que no esperaban hacerse cargo en el próximo ejercicio, suma que se conforma con los 8.000 millones de pesos de los subsidios a la tarifa social eléctrica, 2.524 millones del aporte compensatorio al Ceamse, 2.450 millones de los subsidios al transporte local y 1.300 millones por la eliminación del Fondo Federal Sojero.
Entre las voces de oposición a esta resolución, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher comentó luego de que la ley de leyes ingrese a la Legislatura que “vemos que es un Presupuesto que en vez de solucionar los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, los complejiza. Es centralista y avasalla a los municipios, al punto de dejarlos sin autonomía”. A su vez, el jefe comunal de General Alvarado, Germán Di Cesare, cuestionó que “siempre terminan perjudicando a las comunas que no tienen oportunidad de defenderse”, y explicó que “la tarifa social debe estar a cargo de Nación o Provincia porque ellas cobran impuestos. En caso de la Nación, se vieron beneficiados con los aumentos del 1500% pero además siguen cobrando el 21% de impuestos a las residencias y el 28% a los comercios. Ellos se vieron beneficiados y nos trasladan a nosotros el problema de gente que no tiene recursos por las políticas que fija el gobierno nacional. En el caso del transporte es lo mismo: ellos cobran patentes e ingresos brutos; no deberían trasladar el costo del subsidio a la Provincia y menos perjudicar a los municipios”. Lo mismo sostuvo el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien remarcó que “Macri y Vidal transfieren a los municipios los gastos y se quedan con los recursos. Trasladan el costo de la tarifa eléctrica, al transporte y se quedan con el Fondo Sojero”, afirmó.
El presupuesto de Vidal contempla gastos por 929 mil millones de pesos, un déficit de 40 mil millones y un pedido de endeudamiento por 77 mil millones de pesos, y la emisión de deuda subirá un 100% con respecto al año anterior. Y lo más grave aún es que la ley de leyes prevé una pauta salarial del 22,9% para el próximo año cuando la inflación oficial proyectada es del 35%, cifra que tampoco es real porque este año la proyección de los aumentos de los precios no se cumplió, sino que fue ampliamente superada con un índice inflacionario que al menos será del 40% en diciembre próximo. Con las proyecciones del presupuesto, Vidal prevé una baja salarial para docentes, médicos, judiciales y estatales, lo que esta semana provocó un rechazo absoluto de los gremios cuando el proyecto de ley ingresó a la Legislatura.
El titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi, subrayó que los gremios se opondrán al presupuesto con jornadas de luchas y acampes en la plaza San Martín de La Plata porque el recorte afectará a las áreas que más necesitadas se encuentran en la provincia en materia presupuestaria: “Salud disminuye de 7,3% a 6,7% en su participación con respecto al presupuesto total. Educación sigue bajando, pasa de 30,3% de participación en el total del presupuesto a una participación del 29,2% en este último ejercicio presupuestario. Desarrollo Social se mantiene en el bajísimo 3% de participación del total del presupuesto. Y Justicia sigue bajando, lo mismo que Infraestructura”, enumeró el dirigente gremial.
Es así como las multisectoriales también se oponen al presupuesto del ajuste que intenta aprobar Vidal porque afectará fuertemente a los trabajadores de los sindicatos y de organizaciones sociales de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) que vienen sufriendo los embates de la economía y las políticas de recorte de María Eugenia Vidal, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, algo que se pudo comprobar durante octubre pasado con miles de trabajadores que perdieron sus puestos en empresas pequeñas y medianas de distritos como Tres Arroyos, Chivilcoy, Junín, Mar del Plata, San Pedro, San Nicolás, Tandil, Zárate y Avellaneda.
Ante esta situación generalizada de rechazo a las intenciones de Vidal de profundizar el ajuste, la administración de la gobernadora tuvo que rearmar filas para reforzar la muralla mediática que conforma su gabinete con millones de pesos destinados a la pauta oficial en los medios hegemónicos, la cual aumentó en 100 millones durante este año a pesar de que la voz oficial de la gobernadora ante el pedido de aumentos salariales siempre fue que no hay fondos suficientes. Para continuar con esta protección mediática Vidal decidió ubicar al cuestionado ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, al frente del equipo de Comunicación que la provincia organiza para defender la gestión frente a los medios de cara al próximo año electoral. Pero no estará solo, lo acompañarán también los ministros Santiago López Medrano de Desarrollo Social, Gustavo Ferrari, de Justicia y Federico Suárez de Asuntos Públicos, además del vicegobernador Daniel Salvador y el secretario general provincial, Fabián Perechodnik.
Vidal endeuda a la Provincia y ahora espera profundizar la toma de deuda para responder a los pedidos de Mauricio Macri en Nación a costa de los salarios de los bonaerenses, con ajustes que dejarán a la provincia de Buenos Aires ante una quiebra fiscal y con una clara intención de capitalizar fondos en regiones estratégicas para las próximas elecciones por conveniencia, ya que en particular en La Plata por ser gobernada por Cambiemos, la capital bonaerense recibirá mayores aportes que lo que percibió en el último presupuesto provincial, mientras que una localidad con necesidades urgentes como La Matanza percibirá al menos un 30% menos de fondos en 2019. A su vez, a las modificaciones que obligan a los distritos a hacerse cargo de gastos que cubría hasta ahora la provincia también se le suma la nueva estructura que el presupuesto estipula para el Fondo Educativo -que en un 83,5% es absorbido por la provincia y un 16,5% es direccionado a los municipios-, el cual tendrá un aumento de los recursos en general pero con una cláusula que prohíbe a los municipios del Conurbano Bonaerense a utilizar ese dinero en otra actividad que no se refiera a las mejores de infraestructura escolar, mientras que los del interior deberán usar para ese fin el 70% del total recibido en concepto del fondo.
A medida que el proyecto de Vidal avance en las Cámaras legislativas la tensión aumentará porque la oposición espera un debate que ponga en evidencia el brutal endeudamiento con el que Cambiemos pretende empobrecer a la provincia. Desde el bloque de Unidad Ciudadana FPV-JP en Diputados denunciaron que la gobernadora intentará utilizar los fondos de la ANSES para cubrir gastos del próximo año. Tal como lo adelantó la referente y conductora del bloque kirchnerista, Florencia Saintout, la ley de leyes en su Artículo 33 determina que “adicionalmente a lo previsto en el Artículo 31, autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse con la Administración Nacional de la Seguridad Social a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino”. Endeudamiento y Vidal ya son sinónimos en una provincia que en lugar de prever cómo será distribuida la inversión año tras año se continúa apoyando sobre la metodología macrista de tomar deuda a costa de pagos futuros que el Estado no puede garantizar pero sí adopta en nombre del pueblo bonaerense.
De manera similar será lo que se estipula en el presupuesto para el impuesto al juego. Para el 2019 el Poder Ejecutivo espera que se apruebe la suba del 2% para crear un «fondo social», pero lo que no contó Vidal y que se confirma en la ley de leyes es que la provincia tendrá un impuesto al juego pero sobre los premios que ganen las personas que jueguen, con lo cual no será aplicado a las máquinas tragamonedas ni a los casinos que las administran. La intromisión en el juego y principalmente en la administración del juego online será la más fuerte desde que comenzó la gestión del macrismo en la provincia de Buenos Aires, ya que los impuestos previstos sobre el juego alcanzarán un 15% sobre las empresas que presten esos servicios en concepto de la suma del Canon y el impuesto de Ingresos Brutos, y que según analiza el Ministerio de Hacienda, significará una suma de 2.200 millones de pesos. La intención de la gobernadora es que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos lleve adelante el registro de las compañías que ofrezcan cualquier juego de azar online, obligando a las mismas a radicarse en La Plata para tributar a las cuentas bonaerenses.
Vidal sólo piensa en recaudar porque sabe que tendrá que afrontar las actualizaciones de los pagos de la deuda pública, la cual no ha parado de subir desde su asunción. Ninguna de las recaudaciones que busca concentrar en la provincia serán destinadas a las carteras más necesitadas como Educación y Salud, y tampoco serán dirigidos con fines de políticas públicas sociales o democráticas. La gestión de Vidal en la provincia no tiene otro fin más que utilizar a la provincia con mayor actividad del país para que sea un mero soporte a la Nación y garantice un respaldo al saqueo que el macrismo realiza a nivel nacional con impactos negativos en la economía, los puestos de trabajo y la diaria de millones de argentinos. Hasta los sectores rurales se oponen al tratamiento del presupuesto de Vidal porque consideran desmedido el incremento del 38% que la provincia fijará para el Impuesto Inmobiliario Rural, sumado a la disminución de Ingreso Brutos para la actividad primaria, que pasaría del 1,5% al 0,75%. Con esto ya son multitudinarios los sectores que exigen una revisión sobre la ley de leyes que ahora dependerá de la responsabilidad de los y las legisladoras para convalidar el mayor saqueo de la provincia o de lo contrario buscar una alternativa que no postergue a las grandes mayorías por cuarto año consecutivo.
