La gobernadora firmó por decreto un aumento del 19% a los docentes, en medio de las paritarias que todavía no habían llegado a un acuerdo entre la administración provincial y los representantes de los gremios. Los docentes responderán con un paro de 48 horas desde este lunes porque consideran que el gobierno de Cambiemos “se niega al diálogo” y “desconoce la paritaria provincial”, lo que castiga a los maestros con salarios que seguirán muy por debajo de la inflación, estimada ya en un índice superior a los 40 puntos porcentuales.
Por Carlos López / Ante esto el gobierno llamó a paritarias para el miércoles y jueves próximo, con la intención de exponer a los gremios y frenar el paro. Por su parte, los trabajadores del Astillero Río Santiago también fueron sorprendidos con una denuncia penal contra dos dirigentes gremiales, acción judicial en la que avanzó Vidal para romper de manera intencionada una negociación que por primera vez en el año estaba destinada a finalizar con una salida próspera para los empleados de la empresa. De esta manera, los trabajadores volvieron a ponerse en alerta, en una situación de crisis que enfrenta la fábrica naval por decisión política del gobierno macrista que pone en riesgo 3.300 puestos de trabajo y sigue sin depositar los fondos acordados para finalizar las fabricaciones activas. Desde la gobernación provincial la estrategia se vuelve a repetir de igual forma que lo fue durante todo este año, con principio de acuerdos que son interrumpidos de manera arbitraria por Vidal, sentenciando así a miles de trabajadores que defienden sus puestos y, principalmente, observan cómo mes a mes el salario pierde batallas contra el mercado financiero, actualmente dueño del rumbo del país.
El hostigamiento de la gobernadora contra los trabajadores continúa siendo una constante en la provincia de Buenos Aires, con medidas unilaterales que perjudican a docentes y trabajadores de otros sectores como la salud, estatales o incluso los operarios del Astillero Río Santiago, enfrentados a las políticas de ajuste y saqueo de Cambiemos desde hace varios meses. Este jueves pasado el Frente de Unidad Bonaerense (FUB) anunció un nuevo paro para este lunes 8 y martes 9 como consecuencia del reciente decreto que María Eugenia Vidal firmó para cerrar la negociación paritaria con los maestros y dar por sentado de manera autoritaria un aumento del 19%, aplicando la misma fórmula con la ejecución de decretos al igual que lo hace el presidente Mauricio Macri cuando debe llegar a una resolución paritaria en la que las ofertas no se acercan en lo más mínimo a la realidad económica y social. El aumento decretado por la gobernadora es insuficiente para una economía argentina que presenta una inflación actual acumulada oficial del 31% pero que en las proyecciones de las consultoras privadas en los próximos meses superará los 40 puntos porcentuales. Durante las dos jornadas de paro se realizarán diversos actos y encuentros de movilizaciones tanto en La Plata como en la Capital Federal.
Los gremios AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba desconocieron el decreto y alertaron que la gobernadora avanzó sin siquiera dar a conocer la situación o emitir un comunicado hacia los docentes. “Es indudable porque esto va en línea con la irresponsable actitud del gobierno que se niega al diálogo, desconociendo el ámbito legal de la Paritaria Provincial. Desde las organizaciones sindicales exigimos que respeten la Ley de Paritaria y que gobiernen para garantizar derechos y no para vulnerarlos”, reclamaron desde el frente de unidad los gremios con mayor representación en la provincia. La excusa del gobierno es que el aumento no significa el cierre de la paritaria, sino que es más bien un “adelanto” en caso que se consiga cerrar una negociación superadora. Es decir que el gobierno pretende que los docentes crean que existe una voluntad por mejorar la oferta rechazada, pero al mismo tiempo no lo hace y cierra el salario mínimo sin acuerdo con los docentes. Es por ello que los gremios insisten de manera conjunta en que “el gobierno intenta convalidar autoritariamente una baja del salario docente con un decretazo”.
Ante esta situación, los gremios marcharán el lunes a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal para repudiar el Decreto N° 1145/18 que Vidal firmó para dar un aumento del 19%. De la misma manera, anticiparon que marcharán el 24 de noviembre en la masiva movilización federal en la que los trabajadores se movilizarán a Plaza de Mayo para repudiar los acuerdos de Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la incrementada crisis que pone en la calle cada vez a más familias. La referente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, explicó que el gobierno provincial no quiere continuar con ningún camino hacia el diálogo, razón por la cual el Congreso Extraordinario de su federación ya votó continuar con un plan de lucha ante la desidia de la gobernadora para no aportar más ofertas superadoras que respalden el castigado salario de los trabajadores. Misma línea continuarán el resto de los gremios que coinciden en la responsabilidad que tiene el gobierno al poner a los docentes ante un escenario sin salida.
Si de incumplimiento se trata, Vidal esta semana pasada pasó por arriba a los trabajadores del Astillero Río Santiago, quienes denunciaron que el gobierno provincial no cumplió el Acta Acuerdo firmada hace dos semanas al realizar una denuncia penal contra los representantes gremiales. La negociación se encontraba avanzando luego de que Vidal atentara contra los puestos de trabajo del Astillero y frenara el envío de recursos para que se puedan continuar los trabajos que la fábrica naval tiene pendientes. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron en un comunicado que “en las primeras horas del 19 de septiembre pasado, el ejecutivo provincial dispuso iniciar una negociación, frente a la crítica situación de desguace que el gobierno viene llevando adelante en el Astillero Río Santiago desde el 7 de mayo de 2018 con la intervención de Daniel Capdevila”, pero esa negociación se vio interrumpida cuando el propio gobierno rompió el pacto al que se comprometió ante la mediación de la Pastoral Social de la Iglesia, representada por el cura Rubén Marchioni, radicando una denuncia penal en contra de los secretarios generales de ATE Provincia, Oscar Colo de Isasi, y de ATE Ensenada, Francisco Banegas.
«Desde mayo a la fecha, los trabajadores hemos sido víctimas de la paralización total de las 6 obras navales en curso. Han parado el alistamiento del buque Eva Perón, al cual le queda un 3% de alistamiento, y que la cartera de (Hernán) Lacunza se niega a invertir unos 100 millones de pesos para concretar su entrega definitiva a la empresa PDVSA de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se detuvieron las obras en las 3 gradas de construcción, en la grada 1 con más del 85% de avance físico, el buque productero «Juana Azurduy» y en las dos gradas restantes las lanchas de instrucción para la Armada Argentina (LICA)”, denunciaron los trabajadores en defensa al ataque que ahora sufrieron los dirigentes gremiales y que pone en riesgo la continuidad del pacto que podía significar una solución a la crisis económica. Es así como Banegas, uno de los denunciados, subrayó que “en el sector de platos, también se detuvo la obra de transformación del Remolcador «RUA Soledad», propiedad de un armador nacional y la remodelación a nuevo del buque patrullero de la flota fluvial ARA King, actualmente detenido en sus últimos trabajos en Dique Flotante, incumpliendo también la fecha de entrega, puesta por el propio Capdevila (presidente del Astillero Río Santiado)”.
El gobierno de Vidal utilizó todo su armado mediático para que durante los últimos cinco meses sean estigmatizados los trabajadores mediante informes periodísticos, tratándolos de «vagos», como así también de» corruptos» a los dirigentes gremiales, buscando consolidar así un consenso en la opinión pública que de rienda suelta al saqueo planificado para la empresa naval que subsiste en mayor parte con fondos estatales provinciales.
Toda la estrategia del gobierno se ejecutó sin cesar ante una marcha masiva de antorchas realizada el 28 de julio, donde los 3.300 trabajadores y familiares marcharon por las calles de Ensenada, visibilizando la problemática. Tampoco fue suficiente la masiva marcha que se movilizó hacia el Ministerio de Economía de La Plata ni la decena de convocatorias que los trabajadores hicieron junto a otros sectores en defensa de sus puestos de trabajo. Todo esto fue tapado por el esfuerzo de periodistas como Jorge Lanata, quien hizo un informe y Capdevila en paralelo una denuncia penal contra secretarios de la organización gremial y algunos coordinadores de la empresa naval. Es que el gobierno reprimió a los trabajadores el pasado 22 de agosto y luego comenzó un plan de hostigamiento para perseguirlos como responsables del ingreso al Ministerio de Economía, razón por la cual fueron notificados con una denuncia penal dos de los gremialistas que encabezaron aquella jornada.
El dirigente Banegas al recibir la denuncia penal le recordó a Vidal que “podrán desconocer una y muchas actas, podrán estirar la angustia y la incertidumbre que nos generan a los 3.300 compañeros la falta de una política de Estado, que apunte al desarrollo del Astillero Río Santiago, como una unidad industrial estratégica para la provincia y el país. Consideren que somos trabajadores con conciencia de clase, y que sabemos bien que, si se reactiva el Astillero más de 200 empresas Pymes de la región capital, resurgen a la par nuestra. Nosotros no evaluamos un déficit. Nosotros pensamos en Soberanía, en un Estado benefactor, que controle mercados y distribuya con equidad. Nosotros estamos convencidos que nuestra lucha es la lucha de una mayoría que silenciosamente adhiere, porque al igual que a nosotros le han mentido sistemáticamente», finalizó. La denuncia penal contra los dos dirigentes fue radicada por el ministro de la cartera económica, Hernán Lacunza, quien contrariamente a esta decisión había adelantado falsamente un posible acuerdo con los trabajadores.
El gobierno de Vidal acciona con total impunidad, ya que imputa a los dirigentes sindicales por ocupar durante una jornada el Ministerio de Economía, desconociendo que la movilización de aquel 18 de septiembre no fue una mera casualidad, sino que ocurrió en respuesta de la represión que el gobierno provincial propició el 21 de agosto pasado contra los trabajadores del Astillero, en medio de las protestas por las faltas de soluciones a la crisis de la empresa naval. La gobernadora desconoce la situación de los trabajadores y los castiga con medidas provocadoras para romper la negociación en busca de una estabilidad. Además, la administración de Vidal ya había ordenado la retención por más de dos meses de los aportes sindicales y al comienzo de este octubre más de treinta empleados no cobraron como castigo –ilegal, por cierto– por formar parte de conducción seccional del sindicado, ya que ocupan cargos en la comisión administrativa y la comisión revisora de cuentas, y otros se desempeñan como vocales de la organización.
Vidal y sus respectivos ministros de Trabajo y Economía, se refieren a los trabajadores como “mafias que no quieren perder sus privilegios”, cuando en realidad ni siquiera están percibiendo el total de los salarios que les corresponden. La única mafia que arrasa con la provincia de Buenos Aires es la que conduce el macrismo, con medidas antipopulares que ponen en riesgo la estabilidad laboral y endeudan a niveles récord a la provincia a partir de los millones de pesos que la administración provincial destinó a la Nación para solventar pagos que el gobierno de Macri no llega a ejecutar en su totalidad para complacer los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonaerenses son presos de un gobierno autoritario y que comenzó pensado para unos pocos pero que hoy ya no favorece a más nadie que las mismas figuras que están al poder. Cambiemos les mintió y les miente a los trabajadores, los engaña con promesas que nunca se cumplen y luego los persigue, siempre protegidos por la complicidad de los medios de comunicación, hoy actores protagonistas del plan de saqueo que pone al país al borde del default.
