Y se movilizan contra su política de ajuste y desempleo. Los docentes marcharán el lunes y martes en dos jornadas de paro contra la falta de propuestas superadoras en las paritarias y la falta de acción del gobierno de María Eugenia Vidal para resolver los problemas edilicios que ponen en riesgo el normal funcionamiento de las escuelas y la vida de profesionales y alumnos. Por su parte, los trabajadores del Astillero Río Santiago continúan con la lucha para frenar el vaciamiento de la empresa que pretende la gobernadora y que comenzó con el desfinanciamiento de recursos para terminar los proyectos activos. A su vez, la Justicia avaló en contra de los trabajadores la quita de salarios por una suma correspondiente al plus por productividad, en una evidente muestra de complicidad con el poder político. Las cooperativas bonaerenses también se resisten ante el incumplimiento provincial de acuerdos para garantizar puestos de trabajo que la ciudadanía necesita y que son negados por los ministros de Vidal con la excusa de la faltante de fondos. Y, como si esta realidad no fuera suficiente castigo, este lunes comenzará a regir el aumento de un 24% en la tarifa eléctrica para todos los distritos bonaerenses que no pertenecen al Conurbano, área que a pesar de no afrontar este nuevo aumento se encuentra en estado de alerta por tener la desocupación más alta con un 12,4% de la población, seguida por el Gran La Plata con 9,5% de la población sin trabajo. El saqueo macrista moviliza a millones de bonaerenses contra la gestión de Vidal que lo único que ha traído es una expansión de la pobreza en distintos niveles sociales.
Por Carlos López / Los docentes continuarán esta semana próxima con el plan de lucha contra la negación del gobierno de María Eugenia Vidal de brindar soluciones a la crisis educativa que afronta la provincia de Buenos Aires con una paritaria en pausa y problemas edilicios y de mantenimiento que impiden la ejecución normal de las clases en cientos de escuelas. Es por esto que el lunes al mediodía comenzará un paro por 36 horas para marchar junto al movimiento de trabajadores que encolumnados con la CGT se movilizarán el martes 25 a nivel nacional contra el saqueo del gobierno de Mauricio Macri. Antes, el lunes Suteba, UDOCBA y FEB harán una marcha propia a Plaza de Mayo bajo la consigna “Paremos el hambre”, junto a los docentes de la CTERA y los gremios pertenecientes a las dos CTA.
La lucha docente comprende como principal objetivo que el gobierno de Vidal mejore de manera urgente la propuesta salarial del 19%, en un país que la inflación de agosto llegó al 3,9% -ya acumula 24,3% en los primeros 8 meses del año- y que tomando las proyecciones anuales se estima que superará en diciembre el 40%. También rechazan los recortes en el Incentivo Docente y piden que se destine una mayor partida para educación de cara al presupuesto 2019, frente a los ajustes que planea el gobierno nacional, y de los cuales el provincial es el principal socio del ajuste que lleva Macri, para cumplir con la reducción del déficit que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de los préstamos que ayudan a esconder la crisis macrista.
En Moreno, distrito donde el último 2 de agosto murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez tras una explosión por falta de mantenimiento provincial en la escuela N° 49, los docentes este viernes pasado denunciaron que continúan recibiendo llamadas telefónicas y mensajes mafiosos con pintadas, además de interrogatorios que han recibido algunos alumnos en las puertas de las escuelas por parte de personas desconocidas que intentaban conseguir información sobre los profesionales. Uno de los llamados amenazantes indicaba que “van a explotar todos” en tono de hostigamiento en relación a lo que ya ocurrió en una escuela de esa localidad bonaerense. Docentes de las escuelas 47, 64 y 61 de Moreno tienen que afrontar sus jornadas laborales con miedo por los llamados permanentes que reciben, luego de encarar la lucha contra el gobierno de Vidal para exigir que se regularice la compleja situación edilicia en las instituciones escolares.
Similar es la lucha que proyectan los trabajadores del Astillero Río Santiago, quienes ante la falta de diálogo con Vidal no vieron más alternativa que comenzar a tomar medidas de fuerza para visibilizar el intento de la provincia de privatizar a la empresa en su totalidad y dejar en la calle a cientos de empleados. Los trabajadores la semana pasada ingresaron al Ministerio de Economía tras un martes de protestas por la cancelación del gobierno de una reunión que ya estaba pautada con el ministro Hernán Lacunza. Finalmente, la protesta terminó con el compromiso del gobierno de dar respuestas en las próximas semanas, es decir que Vidal simplemente se niega a colaborar para ganar tiempo y dejar a los trabajadores a la deriva del reclamo el mayor tiempo que sea posible.
En este sentido, el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, denunció que “el gobierno tiene que cumplir con lo que prometió: comprar los insumos y concretar la reunión que no hicieron. Queremos que nos dejen de ningunear y hagan una reunión con gente que realmente pueda tomar la decisión política de salir de esta situación de conflicto”.
La empresa se encontraba tomada días atrás, luego de la brutal represión que Vidal propició contra los operarios del ARS, acción de los trabajadores que generó como consecuencia que se levante la toma sólo después de la firma de un acta mediada por un fiscal y junto al presidente del ARS, Daniel Capdevila, en la que se acordó la compra de insumos para la culminación y reparación de los trabajos pendientes y la confirmación de una reunión que tendría lugar el lunes, donde participarían los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo). El acuerdo ya fue incumplido en ambos puntos por la provincia, en lo que respecta a una clara directiva de Vidal de frenar los acuerdos ya tratados con la excusa de la crisis económica y la supuesta falta de fondos que afronta su gestión, de la cual son responsables.
El ministro de Economía bonaerense es quien lleva adelante la idea de reducir personal del Astillero y desplazar a los empleados a la obra pública, pero los trabajadores advierten que ya realizan trabajos de ese tipo como fueron las turbinas para Yacyretá, el techo del Estadio Único de La Plata y varias estructuras para puentes. A su vez, aseguran que la gestión de Vidal para mover de sus puestos hacia el Estado a los trabajadores “confirma la ignorancia total que tienen sobre el astillero. Es una muestra más de que no tienen ni idea lo que es la industria naval y el potencial de la planta”, explicaron.
Es que el gobierno de Vidal primero intentó despedir a un grupo de empleados y dejar a la empresa en una situación crítica, pero como consecuencia de una lucha incansable de las agrupaciones y trabajadores unidos, ahora propone darles un trabajo en la realización de obras públicas a un sector que no seguiría operando en el ARS. Lo que no comprende Vidal es que los trabajadores no sólo defienden sus puestos de trabajo, sino que además quieren que la empresa siga funcionando al máximo de su capacidad, por ser la más destacada en el país en materia de construcción naval.
La propia situación de desfinanciamiento de fondos que impulsa la gobernadora generó, entre otras cosas, que a nivel operativo sea casi un hecho que la Provincia deberá pagarle por incumplimiento de contrato 200 mil dólares por día al gobierno de Venezuela, si es que el Astillero logra finalizar el pedido de construcción de un barco para el 20 de noviembre, acción parada por la falta de fondos. El pedido completo del país que conduce Nicolás Maduro se conforma de dos barcos, el primero con un avance del 97% para su finalización y el segundo ya construido en un 83%.
“Esta nueva propuesta de Vidal nos recuerda a la de Duhalde que en el ‘93 decía que el Astillero tenía que dedicarse a construir casas… Es de una ignorancia brutal. Va a terminar su mandato y Vidal no va a entender a qué se dedica el Astillero. Acá se fabricaron íntegramente 12 de las 16 turbinas de Yacyreta, una de las obras públicas de mayor envergadura de los últimos tiempos”, fue la explicación que entregó al diario PáginaI12, José Montes, delegado del Astillero. El referente también denunció esta semana que aprovechando esta situación el gobierno prevé comprar cuatro patrullas (tres nuevas y una usada) a un astillero francés por 350 millones de dólares, cuando en el ARS la producción tendría un costo de 240 millones, más de cien millones menos. “Se van cerca de 7 mil millones de dólares porque no hay flota mercante de bandera propia y todos los envíos se hace con grandes monopolios extranjeros. Las nuevas patrullas las quieren encargar por compra directa a un astillero que está sancionado por pagar coimas y sobornos y es socio de Odebrecht”, sostuvo Montes.
Lo que sí se percató de tener a favor Vidal es a la Justicia para buscar un freno a la lucha de los trabajadores. El viernes pasado se confirmó que el juez Francisco Terrier a cargo del juzgado contencioso administrativo N° 3 de La Plata, rechazó el reintegro a los descuentos que se habían efectuado hacia los trabajadores del Astillero que cobraban un plus por productividad, medida que tomó el gobierno bonaerense con la quita del plus por productividad que perciben los empleados del ARS. El juez que decretó la medida es insólitamente el que reemplaza al destituido Luis Arias, letrado que fue removido por decisión política luego de oponerse a las políticas del gobierno macrista.
Vidal es juez y parte en esta causa porque la justificación de su gobierno para quitar salarios -ahora también avalada por la justicia aliada a Cambiemos- es la supuesta falta de construcción finalizada de barcos en los últimos diez años, problemática que los trabajadores reconocen y otorgan a la falta de envíos de insumos desde la Provincia para terminar sus trabajos. Es decir que la gobernadora castigó a los trabajadores con quitas salariales por una crisis productiva que su propio gobierno generó en el Astillero.
De igual manera que los sectores mencionados, las organizaciones del campo popular son de las más afectadas por las medidas políticas del gobierno provincial. El Frente de Organizaciones Populares (FOP) mantiene desde abril un reclamo para que la gobernadora destine trabajo a las cooperativas coordinadas por el sector, pero siempre han tenido respuestas negativas. Es así como el jueves pasado marcharon hacia la sede bonaerense del Ministerio de Desarrollo Social pero luego de no lograr ningún avance, sólo pudieron coordinar una reunión para la próxima semana con el objetivo de confirmar la puesta en marcha de obras de limpieza de arroyos e infraestructura edilicia, actividades que habían sido prometidos por la gestión de Vidal para que se mantengan activos puestos de trabajo que hoy están perdidos luego de que nunca llegara una respuesta concreta prometida por el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el director de Saneamiento No Estructural Comunitario de esa misma cartera, Francisco Corbalán.
El referente a nivel nacional del FOP, Silvio Galarza, comentó en una entrevista con Diario Contexto que desde la administración de Vidal “nos dicen que no hay presupuesto, que ya está ‘todo dado por este año’. Pero aun así hay compañeros que siguen sin trabajo, y logramos dar la discusión para generar mano de obra de plan de viviendas y limpieza de arroyos. Esto forma parte de un plan nacional de lucha que impulsamos desde hace rato debido a la situación crítica que vivimos en todos los barrios que están siendo afectados por la crisis económica”, detalló. Desde la agrupación esperan que se llegue a una solución porque en lo que va del año se han entregado responsabilidades entre la provincia y el municipio de La Plata que conduce el macrista Julio Garro, pero siempre sin dar una respuesta que brinde oportunidades de trabajo para la gente.
A todas estas problemáticas se le suma desde este lunes la habilitación que la gobernadora aseguró para que las distribuidoras eléctricas EDEN, EDES, EDEA y EDELAP (que prestan el servicio en toda la provincia menos en el Conurbano Bonaerense) puedan hacer efectivo el aumento promedio del 24% sobre la tarifa actual. El incremento que ya estaba anunciado para esta fecha es producto de la suba del costo mayorista de la energía a la que se llegó por la quita del subsidio (con un incremento del 36,1%) y el aumento en la retribución que cobran los concesionarios como valor de distribución (16%). Debido a que este aumento se suma al similar ocurrido en febrero pasado, en lo que va del 2018 la tarifa eléctrica sufrió un ajuste del 53,8% y se estima que sólo se corresponde con el 50% del aumento que tenía estimado hacer el gobierno, lo que afectará aún más a futuro a la economía de las familias bonaerenses cuando se vuelva a decretar otro aumento que rondará el 30% en febrero del próximo año.
La crisis económica en la provincia de Buenos Aires pone en riesgo los puestos de trabajo, de la misma manera que ocurre a nivel nacional con las políticas de ajuste que Mauricio Macri decreta para solventar el acuerdo con el FMI. En Junín esta semana se concretó el cierre de la histórica fábrica de fideos Don Antonio, la cual tenía más de 100 años de actividad en el mercado, pero debió cerrar sus puertas por el incontrolable aumento de las tarifas en los servicios, las materias primas y los impuestos, en base a una política de no acompañamiento con el desarrollo industrial por parte del gobierno.
La industria textil es otro de los sectores que se ve altamente afectada en la actualidad, ya que de los más de 80 mil puestos formales que la industria perdió entre diciembre de 2015 y junio de 2018, aproximadamente unos 13 mil corresponden al área textil-indumentaria y que con la sumatoria del empleo informal eleva la cifra del sector textil a 30 mil puestos. A nivel general, la Unión Industrial confirmó esta semana unos 25 mil despidos en lo que va del año, afectado principalmente por la baja de la producción en las fábricas, producto de un aumento de al menos un 8% de las importaciones.
En un país donde la industria cae cada mes y los puestos de trabajo no están garantizados, es difícil imaginar crecimiento alguno de la economía en lo que resta de la gestión macrista. Por ello es imperioso que exista una alternativa de conducción opositora que pueda hacer frente a la derecha en las próximas elecciones, respondiendo a las necesidades más urgentes de los trabajadores y los sectores del campo popular, afectados gravemente por la merma del comercio, la crisis económica y los acuerdos con el FMI.
En la provincia de Buenos Aires la renovación alternativa a Cambiemos también es necesaria, y hoy es encarada principalmente por el espacio que conduce en la Cámara de Diputados de la provincia la presidenta del bloque Unidad Ciudadana – FpV – PJ, Florencia Saintout, quien desde que comenzó el gobierno de Vidal viene luchando junto a docentes y trabajadores en general para torcer el brazo del autoritarismo del macrismo que pretende vaciar una provincia cada día más hundida en una millonaria deuda pública y un aumento sostenido del desempleo y la pobreza que afectará a las actuales y futuras generaciones.
