“El otorgamiento de las pulseras es una batalla ganada de las organizaciones que trabajamos en favor de los Derechos Humanos de las personas privadas de la Libertad que, desde hace mucho tiempo peleamos para que las mujeres con hijos cumplan su pena con prisión domiciliaria y puedan así desarrollar su maternidad en condiciones dignas. Que las personas mayores puedan hacerlo también. Que las que padecen una enfermedad crónica sean asistidas en sus domicilios por sus familiares; pero, debo decir que este anuncio es irrisorio. Una vez mas el gobierno quiere tapar el sol con las manos. Ante una superpoblación encerrada que alcanza el 50 por ciento en la provincia de Buenos Aires, lo que involucra a 25.000 personas, unas mil cuatrocientas pulseras o tobilleras es una aguja en un pajar, un número muy reducido como para contrarrestar la superpoblación existente”, afirmó para AgePeBA Azucena Racosta, una de las militantes por los derechos de los privados de su libertad de mayor trayectoria en América Latina y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde ejerce el cargo de secretaria académica de la Maestría Comunicación y Criminología Mediática, dirigida por el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a cargo de Gustavo Ferrari confirmaron a medios nacionales el comienzo de una medida que buscaría que 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse a sus casas con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. Las cárceles provinciales tienen lugar para albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad. Los beneficiados podrían ser mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades, entre otros. Por lo pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304 internos, con otros 455 en proceso de examen. Así informaba este fin de semana el sitio bonaerense de noticias InfoGEI.
Al respecto, Azucena Racosta observó: “La discusión no debe centrarse en estas pulseras sino en la irracional, arbitraria y casi delictiva aplicación de la prisión preventiva. La inflación incontrolable en términos económicos tiene su correlato en la inflación punitiva aplicada desde el descontrol del que goza el aparato judicial, que se ha convertido en brazo armado del gobierno de turno, el que necesita fortalecer el aparato represivo para aplicar sus políticas de ajuste”.
La militante social y académica de la UNLP añadió: “Este encarcelamiento masivo responde a las políticas de exterminio de los gobiernos autoritarios. Es el modo con el que se desembarazan de los díscolos, los demandantes. Es decir, de los excluidos que pujan por su inclusión”.
“Al no tener soluciones para estos problemas apelan a la prisión preventiva, es decir, que se guarda a los pobres por las dudas; para que no molesten se los arroja a la basura. Podríamos decir que un 70 por ciento de quienes están hacinados en las cárceles, no son delincuentes, son necesitados en apuro”, añadió.
“Pongamos entonces el acento en la inhumana y selectiva aplicación de la prisión preventiva para resolver el problema de la superpoblación y no en un puñado de pulseras con las que quieren desviar la discusión en torno al problema troncal”, concluyó Racosta.
