Aconteció el lunes, en el Hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar. Se trata de una mujer de 30 años, madre de cuatro hijos, por tratar de interrumpir su embarazo. El mismo día que Elizabeth fallecía en San Martín por las complicaciones tras realizarse un aborto clandestino con un perejil. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había anunciado en octubre de 2016 que la provincia se adheriría al protocolo nacional para abortos no punibles, que contempla la legalización de procedimientos quirúrgicos en los casos previstos en el Código Penal. Una semana le bastó para cambiar de opinión y echar para atrás la resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz. A pesar de la discusión que se dio en el Congreso nacional respecto del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la decisión de la gobernadora no cambió. Vidal llegó a decir incluso que se sentiría “aliviada” en caso de que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal no se aprobara.
Por Vicky Castiglia / La colega Agustina Arredondo consigna este viernes en Página 12 que Esteban Sieling, director ejecutivo del Hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar, confirmó la muerte de la mujer de 30 años y aclaró que el caso está “relacionado con un aborto provocado, no espontáneo”. “Provocado por ella misma”.
“Según pudo averiguar Página/12, la paciente ingresó con un diagnóstico de aborto incompleto, por lo que se la trató según el protocolo para estos casos. En un principio la joven evolucionó favorablemente a los antibióticos que le suministraron pero finalmente su cuadro empeoró hasta su muerte. Se trata de la segunda muerte vinculada a un aborto que alcanza estado público desde que la Cámara de Senadores le dio la espalda al reclamo de millones de mujeres e impidió la sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También es el segundo caso en esta semana en territorio bonaerense”, añade Página 12.
En tanto, la diputada provincial de Unidad Ciudadana, Lucía Portos, presentaba el jueves y por cuarta vez un proyecto para que se trate el protocolo de acceso y se adapte a lo exigido por la Corte Suprema en 2012 a través del fallo FAL, pero nuevamente la Cámara Baja provincial se niega a dar el debate. Mientras tanto, la Interrupción Legal del Embarazo en caso de riesgo a la salud de la mujer o por embarazos producto de una violación sigue dependiendo de la voluntad de las y los profesionales de los sistemas de salud locales y provinciales.
“El texto que presentó Portos, que no fue tratado en comisión y, sin dictamen, no contaría con los dos tercios de la Cámara para poder ser discutido, establece la regulación del acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos del artículo 86 del Código Penal y estipula el cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud de la provincia”, dice Página 12.
Por su parte, el sitio Contexto informa: “El Protocolo que hoy rige en la provincia de Buenos Aires fue impulsado por la anterior gestión y tiene medidas restrictivas que se alejan de la normativa nacional. Contiene aspectos que pueden obstaculizar el acceso a la práctica, entre ellos: no contempla un procedimiento en casos de desacuerdos entre el profesional y la mujer respecto de la procedencia del aborto, no estipula sanciones en caso de incumplimiento de los deberes impuestos a los profesionales de la salud, en los casos de niñas y adolescentes establece el consentimiento mediante un representante legal y ordena la intervención de un equipo interdisciplinario, algo con lo que no todos los hospitales cuentan. ‘El Protocolo de Nación es más amplio y más explicativo. Tiene más ventajas y sería interesante su aplicación’, destacó la médica Mara Martínez Monteagudo, integrante de Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS). ‘Sería ideal que el protocolo provincial no tuviera estas restricciones’, y detalló que ‘el Protocolo de nación muestra ser más amplio y genera más recursos’ para los profesionales”.
