Senadores de las comisiones de de Salud, de Asuntos Constitucionales y de Justicia se reunieron para dirimir sobre el dictamen del proyecto de ley de intervención voluntaria del embarazo. Lo que se debatió durante el encuentro fue la posibilidad de votar el próximo 8 de agosto un proyecto alternativo, es decir, con modificaciones. De esa manera, en un escenario muy peleado, la postura a favor del proyecto obtendría al menos tres votos más (de los Senadores de Córdoba) y de esa manera, sería factible la aprobación de la iniciativa, aunque debería volver Diputados.
Por Vicky Castiglia / El texto con modificaciones a la legalización del aborto aprobado por la Cámara de Diputados obtuvo 26 firmas mientras que los senadores que rechazan la iniciativa evitaron presentar un proyecto propio. Según se leyó por secretaría, en cada una de las comisiones las firmas a favor fueron: 9 sobre 17 en la de Salud; 8 sobre 17 en Justicia y 9 sobre 19 en Asuntos Constitucionales.
Durante el plenario, se discutió qué artículo del reglamento corresponde aplicar para contar la cantidad de firmas y conseguir dictamen. Los antilegalización pretendían que se aplique el artículo 105, que establece que la mayoría de las firmas debe conseguirse en cada una de las comisiones mientras que los que están a favor sostenían que debía aplicarse el artículo 180, donde primaría el criterio de contar el total de firmas del conjunto de las comisiones. El texto con cambios a la legalización del aborto que obtuvo media sanción de Diputados fue firmado por 26 senadores, aunque el debate concluyó con una discusión reglamentaria porque quienes se oponen a la iniciativa sostienen que no reunió los avales suficientes para ser considerado dictamen de mayoría. La controversia se dirimirá en el recinto la semana próxima.
“El problema es que hay dos posturas respecto al conteo de votos por las tres comisiones” explicó el secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, y agregó: “El 8 de agosto se tratará la implementación del reglamento”.
Para pasar en limpio: la voluntad de la postura por el no es tratar el proyecto sin modificaciones, tal como se aprobó en Diputados, ya que estiman que tienen los votos necesarios para que el proyecto sea rechazado o, en caso del empate, tendría la palabra final la titular del cuerpo, Gabriela Michetti, que está en contra del proyecto.
En cambio, quienes apuestan por la iniciativa, esperan poder incorporar las modificaciones para sumar los votos de los cordobeses Carlos Alberto Caserio, Ernesto Martínez y Laura Machado, y probablemente el del neuquino Guillermo Pereyra y algún otro legislador. Cabe destacar en esta instancia que el proyecto se aprueba por mayoría simple, por eso el debate está tan ajustado y cada voto cuenta.
De hecho, Machado fue una de las que entendió que efectivamente con las firmas hubo dictamen modificatorio. “Hay despacho con modificaciones generales”, afirmó luego de la reunión.
«Acá hay un solo dictamen puesto en el escenario, el otro sector no tiene dictamen, quieren mantener el debate únicamente sobre la media sanción que vino de Diputados. Aquí hay una manifestación política y del otro lado no hay nada, solo el rechazo», subrayó el senador Miguel Pichetto.
Por su parte, el chaqueño Eduardo Aguilar señaló: «Sería muy bueno que en este tema, con posiciones tan profundas y arraigadas de la sociedad, cada uno de los dos sectores tuvieran su dictamen. Con cuestiones reglamentarias no deberíamos entorpecer un debate de enorme trascendencia para la Argentina».
Por lo pronto, el próximo 8 de agosto la sesión iniciará con el debate por las posturas sobre el dictamen y allí se decidirá qué proyecto se vota: el de Diputados o el que incorpora las modificaciones.
Estas últimas proponen acortar el plazo para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo de la semana 14 a la 12, incorporar la objeción de conciencia institucional –para los centros de salud privados– y destinar una partida presupuestaria específica para las provincias. También pretenden eliminar las sanciones penales para los médicos o autoridades institucionales que se nieguen a practicar abortos (prevista en la media sanción para quienes no estuvieran en el registro de objetores de conciencia) y se incorpora la producción pública de medicamentos como el misoprostol, que la Nación deberá proveer a las provincias, según informó Página12.
Esta semana las negociaciones en la Cámara estarán a la orden del día. Sin embargo, no hay que dejar de lado un factor fundamental: la fuerte presión que afortunadamente ha generado el movimiento de mujeres en la Argentina en pos de avanzar en la conquista de sus derechos frente a las posturas oscurantistas de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica.
