Lo hicieron en su libro “Recolonización o Independencia: América Latina en el Siglo XXI” (Norma; Buenos Aires; 2004). Lo escribieron y publicaron en un contexto en el cual América Latina comenzaba a transitar las experiencias de Néstor Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela y Lula en Brasil, procesos a los caracterizaba el trabajo de ambos periodistas argentinos como objetivamente democráticos y confrontativos con el modelo hegemónico diseñado para la región desde el sistema de poder corporativo, militar, político y cultural de Estados Unidos. El objetivo del Imperio, sostenían los autores en ese libro de particular vigencia en sus análisis, consistía y consiste en plasmar una etapa de dominación recolonizadora, con un programa neoliberal de nueva generación – desde su asunción a la Rosada Mauricio Macri es el encargado de gerenciar en una primera etapa esa estrategia -, apelando a programas de transferencias de recursos a las sectores de poder de la economía concentrada, entrega del Estado a gerentes y CEOs de la corporaciones privadas, reendeudamiento y vaciamiento financiero, y remodelación de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad en orden a tres nuevas categorías teóricas: Guerra de Baja Intensidad, la que requiere de cuerpos militares de rápido desplazamiento; “nuevos desafíos o nuevas amenazas” (la lucha contra el “terrorismo” y el narcotráfico como aparato de justificaciones para la ocupación interna y la represión de cara a la conflictividad social) y “Estados fallidos”, hipótesis que supone la imposibilidad de que los países soberanos de la región (y del mundo: Ej. Siria) sean capac es de atender y resolver sus propios conflictos y requieran de “asistencia” exterior (de Estados centrales, ONU y FMI, entre otros). Catorce años después, la restauración derechista en Argentina corona sus objetivos con la reforma del decreto 727 de 2006, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Defensa, que reglamentaba la ley de Defensa y limitó el accionar militar a las agresiones estatales externas.
Stella Calloni es poeta, narradora y se encuentra entre las periodistas más destacadas de América Latina; es corresponsal de La Jornada, de México y premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Víctor Ego Ducrot, periodista y escritor, es doctor en Comunicación por la UNLP y profesor de ese mismo centro de altos estudios. Ambos especialistas colaboraron en otras obras, como “La invasión a Irak”, con prólogo de Adolfo Pérez Esquivel (Desde la Gente; Buenos Aires; 2003).
La medida anunciada ayer por Macri contempla la modificación del decreto 727 de 2006, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Defensa, que reglamentó la ley de Defensa y limitó el accionar militar a las agresiones estatales externas. “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina”, establece el primer artículo del decreto firmado ayer por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que viene a reemplazar aquél. Es decir, le saca la obligatoriedad de que la agresión sea “estatal”, lo que le da vía libre frente al terrorismo internacional, del que siempre se menciona a la zona de la Triple Frontera como su supuesto centro de operaciones en la región. Así comenta este martes el diario Página 12.
Entre las primeras dirigentes políticas que salieron a condenaran la decisión gubernamental se encuentra la titular del bloque de diputados y diputadas kirchneristas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la ex concejal de La Plata y ex decana de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, quien desde su cuenta en Twitter hizo suyo lo afirmado en el sitio DiputadosBsAS: “El ajuste que pide el FMI y los poderes concentrados mundiales sólo cierra con represión, sacando a los militares a las calles. Cambiemos acaba de dar el primer paso para garantizarlo, a costa de la sangre y el sufrimiento del Pueblo argentino”, cuestionó”.
Mientras organizaban alguna suerte de movilización callejera, las organizaciones de Derechos Humanos condenaban la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) consideró que el anuncio de Macri “es la conjugación del gobierno que ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado de la última dictadura militar y ha pretendido favorecer la libertad de genocidas, mientras legitima el accionar represivo que se descarga sobre los sectores en lucha y las barriadas populares, con la doctrina Chocobar y las reformas del Código Penal y Procesal Penal”.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman señaló que la situación se puede analizar “desde diferentes aristas, la jurídica, la contextual y la internacional” y que la clave de esta última “está en el alineamiento internacional incondicional que propone Macri con Estados Unidos”. “Tiene planes muy concretos para invadir Venezuela, a través de la cuarta tropa y del Comando Sur. Macri quiere preparar a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese conflicto futuro”, evaluó.
En tanto, remarcó que los cambios en la intervención de las fuerzas armadas apuntan a “devolverles el orgullo, el rol de salvadoras de la Patria, esa deuda que él cree que el Estado tiene con los militares pero que no será posible salvar”. “Hay un límite –insistió– que es el terrorismo de Estado, un límite que no se puede perforar, la sociedad tiene memoria.”
“Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior”, aportó el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de una comunicación oficial en la que concluyó que el “nuevo paradigma” que crean los cambios anunciados por Macri ayer a la mañana “construye enemigos internos y aumenta la violencia”. “Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, advirtió. Paula Litvachky, una de sus directoras, amplió las definiciones y abrió interrogantes en algunos puntos. “Hay que ver si se concreta esto en cambios normativos. Hay suspenso sobre si se va a modificar el decreto que reglamenta la ley de Defensa o si están pensando hacer otra cosa”, advirtió en diálogo con Futurock, antes de asegurar que la poca claridad que existe respecto de los cambios y las nuevas funciones de las fuerzas armadas implica “jugar con fuego”. “Hoy las Fuerzas Sociales tienen prohibido hacer patrullajes, detener personas, iniciar investigaciones judiciales o criminales. Entonces, no quedaría claro qué pasaría con cualquier problema en un patrullaje de frontera, por ejemplo. Es un gris y es jugar con fuego”, sostuvo.
“Entre los considerandos del decreto de Macri se argumenta que ‘este tipo de agresiones no sólo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la defensa nacional puede y debe contribuir a preservar’. Lo que sostienen los organismos de derechos humanos que más trabajan sobre estos temas como el CELS es que detrás de los paradigmas de las ‘nuevas amenazas’ que promueve Estados Unidos, se impulsa la separación entre defensa y seguridad que tan celosamente se mantuvo en las últimas décadas en el país y habilita la posibilidad de una mayor represión de la protesta social y el uso de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior”, consigna Página 12.
“Mauricio Macri define con dos decretos la reforma de las FFAA que contempla una fuerza de despliegue rápido de 10.000 uniformados”, anunciaba el lunes el diario Infobae; y añadía declaraciones de Oscar Aguad, el ministro de Defensa: «La reconversión de las Fuerzas Armadas tiene que ver con el nuevo redespliegue de las fuerzas en el territorio, reconvertir las nuevas hipótesis de conflicto que ya no existen y empezar a trabajar sobre las nuevas amenazas que no están vinculadas con otros países, sino con el concepto más moderno de ataques que es la instalación de bandas de narcotráfico en el territorio o con el terrorismo internacional, siempre y cuando afecten la defensa (…). Aguad explicó que el traslado de efectivos a la frontera norte que comenzará el 1 de agosto con unos 500 uniformados para llegar a 3.000 no será para reemplazar gendarmes, sino que «tiene un sentido de apoyo logístico con un efecto disuasivo para que las bandas de narcos no se puedan instalar en la Argentina», dijo.
El mismo diario señalaba que el plan gubernamental supone tres etapas: “Primera etapa. Se contempla allí una reorganización del Estado Mayor Conjunto a pleno. El despliegue, la reorganización y el complemento de ‘estructuras innecesarias’. Es decir, se prevé en esta primera etapa la eliminación de determinadas estructuras internas en el conjunto de las Fuerzas Armadas, aunque no se dieron detalles aún de cuáles serán las que van a desaparecer. A la vez, en esta primera etapa se hará la ‘reestructuración del Ejército del Aire’. Esta es una experiencia similar a la que realizó España, donde todas las aeronaves responden al Estado Mayor Conjunto, y el uso de estas será transversal. Es decir, en lugar de pilotos navales o del Ejército habrá pilotos para todas las fuerzas y para el despliegue de aeronaves en todo el país. También está previsto el desarrollo de un ambicioso programa de ciberdefensa para evitar ataques cibernéticos de grupos terroristas o la intercepción de las Fuerzas por parte de hackers profesionales. Está pensada en esta primera etapa también el reordanamiento de la distribución de capacidades logísticas. Esto significa que los cuarteles se podrán concentrar con mayor capacidad en menos lugares. Así se prevé el cierre de cuarteles. ‘El modelo de despliegue de estructuras militares actuales se amoldaba a la ya anacrónica doctrina de seguridad nacional. Ahora hay que pensar en una capacidad logística de protección de las fronteras y la coordinación logística con las fuerzas de seguridad, dijo una fuente de la Casa Rosada. Así, van a desaparecer la concentración de cuarteles militares en zonas urbanas para reforzar las fronteras. Segunda etapa. Para este momento del plan de reestructuración militar se prevé la optimización de la organización de las Fuerzas Armadas y el comienzo del ‘redespliegue’. Es que la movilización de los cuarteles va a llevar su tiempo y se establecerá una prioridad para cada objetivo. Así, se comentó que habrá que reformular todas las unidades de la zona de fronteras, sobre todo en el norte del país. Es que hay batallones que están con una capacidad logística muy limitada y habrá que reconvertirlos.También se prevé en este momento la actualización de los planes de carrera militar para adaptarlos a los tiempos que se viven en el mundo. La tercera etapa: Será el momento de la finalización de capacidades propias de las Fuerzas Armadas. Así, en este plan se contempla la posibilidad que piensa Macri para que se pueda generar conocimiento y tecnología propia desde las FFAA. Se menciona la posibilidad de darle fortaleza a una industria militar propia que podría tener un componente de colaboración o financiamiento externo.
Por su parte, el diario La Nación señala este martes: “El Gobierno oficializó hoy estos cambios en el Boletín Oficial , en el decreto 683/2018 de Defensa Nacional, donde establece: ‘Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas’. En línea con el objetivo de combatir los ataques terroristas , enfatiza: ‘Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la Organización de las Naciones UnidaS (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional’. A continuación establece que el Instrumento Militar de la Defensa Nacional está conformado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y que este organismo, que tiene como ‘principal misión asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa, deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas Fuerzas’. El instrumento Militar tendrá como misión ‘alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar’. Y agrega: ‘El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las Fuerzas de Seguridad’ (…). En este decreto, se explica que las Fuerzas Armadas deben enfrentar las agresiones de origen externo las cuales ‘no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar’. Aclara, también, que esta medida ‘no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior’. Y destaca el hecho de que ni Gendarmería ni la Prefectura Naval dependen orgánica y funcionalmente del Ministerio de Defensa”.
